
A diez meses del hallazgo de 386 cuerpos y cuatro esqueletos disociados en el Crematorio Plenitud, el colectivo Justicia para Nuestros Deudos alzó nuevamente la voz para denunciar la falta de avances en el caso y la persistente impunidad.
A través de un pronunciamiento dirigido a autoridades estatales y locales, entre ellas la gobernadora Maru Campos Galván, la Fiscalía General de la Zona Norte y diversas dependencias de salud y atención a víctimas, el colectivo señaló que más de 1,500 familias continúan esperando respuestas, mientras enfrentan el dolor y la incertidumbre sobre el destino de sus seres queridos.
Las familias acusaron que al menos ocho funerarias vinculadas al caso continúan operando con normalidad, pese a los señalamientos por el manejo irregular de cuerpos. Entre ellas mencionaron a Latinoamericana, Luz Divina, Protecto Deco, Milagros, Camino al Cielo, Del Carmen, Monte de los Olivos y Paraíso, esta última ahora bajo otro nombre.
Asimismo, denunciaron que las investigaciones no han avanzado de manera clara y que existen denuncias por presunta corrupción interpuestas desde agosto y diciembre de 2024 que no han sido resueltas. También señalaron omisiones por parte de autoridades sanitarias y del Registro Civil, particularmente en la expedición de documentos que, aseguran, no corresponden con las cenizas entregadas.
El colectivo cuestionó el actuar de instancias como COESPRIS, la Secretaría de Salud y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, al considerar que no han brindado un acompañamiento adecuado ni han garantizado la reparación del daño.
En su posicionamiento, las familias utilizaron la metáfora de “ser un bache” para describir su exigencia: una interrupción que obligue a las autoridades a detenerse y atender el problema, ante lo que califican como un silencio institucional.
Finalmente, reiteraron su demanda de justicia, verdad y sanción a los responsables, al advertir que el caso del Crematorio Plenitud se mantiene como una herida abierta en Ciudad Juárez.