Condenan Diputados PAN uso de la violencia como presión política en el Congreso

- Señalaron que las diferencias políticas deben resolverse por la vía institucional y no mediante presión al Pleno.

Derivado de los hechos ocurridos durante la sesión celebrada en Ciudad Juárez, diputadas y diputados del Partido Acción Nacional condenaron el uso de la violencia como mecanismo de presión política dentro del Congreso del Estado y señalaron que ninguna diferencia política debe trasladarse al recinto legislativo mediante acciones que alteren el desarrollo de los trabajos parlamentarios.

Alfredo Chávez Madrid, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, sostuvo que el fondo del tema no es el derecho a la manifestación, sino la decisión de llevar la presión al interior del recinto legislativo. Señaló que la diputada Jael Argüelles, quien encabezaba a las organizaciones que ingresaron al Congreso, optó por una ruta que, desde su perspectiva, convirtió la presión política en un acto de violencia contra el desarrollo institucional de la sesión, pese a contar con tribuna, voto e iniciativa para impulsar sus planteamientos.

Chávez afirmó que cuando se utiliza la violencia para ejercer presión política se afecta el funcionamiento normal del Poder Legislativo y se sustituye el intercambio de ideas por acciones que alteran el desarrollo de una sesión. En ese sentido expresó: “Manifestarse es un derecho, presionar una sesión desde el recinto es otra cosa”.

Las y los legisladores panistas llamaron a preservar el Congreso como un espacio abierto al debate y señalaron que ninguna causa política debe imponerse mediante presión dentro del recinto. Agregaron que quienes convocaron y encabezaron la movilización deben responder públicamente por sus decisiones y privilegiar siempre la vía institucional.

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Entregado por el caso Rocha Moya dejó grabaciones contra AMLO

El empresario y exsubsecretario de Turismo, Simón Levy, anunció que compartirá una serie de documentos y audios de prueba que presuntamente involucran al expresidente Andrés Manuel López Obrador y al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado de narcotráfico por el gobierno de EU.

De acuerdo a Simón Levy, la información le fue entregada por el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa como una medida de respaldo ante posibles represalias en contra de su integridad o la de su familia.

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