Norma Andrade lleva a la Corte Interamericana el caso del feminicidio de su hija en Ciudad Juárez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de 24 años del asesinato de su hija Lilia Alejandra García Andrade, la defensora y activista Norma Andrade dará un paso más en el cumplimiento de la promesa que le hizo tras ser encontrada sin vida “en un montón de basura frente a la fábrica en la que trabajaba”, el 21 de febrero de 2001, en Ciudad Juárez, Chihuahua. 

El próximo 26 de marzo, Norma, quien fundó la organización “Nuestras hijas de regreso a casa”, rendirá su testimonio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Co IDH), en San José, Costa Rica, para dar cuenta de las negligencias, fabricación del culpable de la muerte de Lilia Alejandra, así como el maltrato, las amenazas y atentados contra su vida, durante los años de búsqueda de verdad y justicia.  

“Espero cumplir la promesa que le hice a Alejandra y a sus hijos, que no voy a descansar hasta que sus agresores estén en la cárcel”, dijo al reconocer que más tarde se daría cuenta de que no era un agresor sino varios, y que su hija no era la única víctima de feminicidio con un mismo patrón de actuación criminal.  

“Esa promesa que le hice a mi hija cuando estaba tendida, no es nada más a Alejandra, sino a todas esas niñas que ni quiera sabemos muchas de ellas quiénes son, hay un informe que habla de que hay 49 víctimas de estos años (1995 a 2005) sin identificar, estoy consciente de que después de la sentencia iniciará otra lucha, pero ahora es un logro de 24 años de lucha”, puntualizó la defensora.  

El caso por el que México vuelve a colocarse en el banquillo de los acusados está relacionado con la desaparición y posterior hallazgo sin vida de Lilia Alejandra, “en un contexto de violencia contra la mujer en Ciudad Juárez”, se lee en la breve descripción que hizo la Co IDH en su portal, en el que se detalla que la joven de 17 años y madre de dos niños, desapareció el 14 de febrero de 2001 y siete días después localizada sin vida, determinándose que su muerte “correspondió a una muerte violenta por estrangulamiento manual con características de homicidio posterior a un ataque sexual”.   

Acompañada de sus abogados, David Peña Rodríguez y Karla Michel Ramírez Salas, Andrade destacó que fue durante el gobierno del actual senador por Morena, Javier Corral Jurado, que se “confeccionó” la responsabilidad del feminicidio de la muerte de su hija contra una persona “de la que no sé si tenga responsabilidad en el caso de otras niñas, pero no en el de Alejandra”, actualmente sentenciado a 109 años de prisión. 

Reconocida por denunciar las desapariciones y feminicidios en Ciudad Juárez, Norma Andrade apuntó que su expectativa es que “se castigue a los funcionarios que hacen mal las investigaciones y han permitido que maten a nuestras hijas y que estas muertes sigan ocurriendo a nuestras hijas, o que al menos la Corte lo reconozca que los funcionarios hicieron mal su trabajo, como he venido denunciando”.  

Andrade, quien sufrió dos atentados en 2011 y 2012, en Ciudad Juárez y Ciudad de México, sobreviviente de heridas causadas por cinco disparos de arma de fuego y por un arma punzocortante en el cuello, refiere que precisamente la falta de confianza en las autoridades la perdió cuando se le presentó como responsable del secuestro, violación y feminicidio de su hija, a una persona que científicamente, por su muestra de ADN, no concuerda con el perfil genético ya identificado previamente.  

En el documento de la Co IDH mencionado, se explicó que después de que se localizó el cuerpo de Lilia Alejandra “se siguieron diversas líneas de investigación, las cuales se concentraron en exámenes del cuerpo sin vida y el perfil genético el semen encontrado en casos similares”, hasta que en 2010 “la Fiscalía General del Estado encontró una coincidencia entre el agresor de Lilia Alejandra y el perfil de agresor de cuatro mujeres más”, y que estaría relacionado con “un familiar masculino de un agente del Ministerio Público”. 

En 2017, la fiscalía estatal “solicitó al FBI información sobre uno de los integrantes de la familia de dicho agente, lo cual fue destinado por las autoridades dado que no reunía los requisitos legales mínimos”, y en 2018 el Estado mexicano “alegó estar analizando el expediente de Lilia Alejandra desde una óptica renovada, tomando en cuenta los homicidios de Ciudad Juárez en las diferentes épocas”.  

Como parte de su lucha, que le ha llevado a ser desplazada de manera forzosa, Norma Andrade explicó que entre las expectativas que ha tenido al llevar el caso a la Co IDH es que “se sancione a los funcionarios responsables de mantener el caso en la impunidad; que se atienda a los niños huérfanos por los feminicidios, que no sabemos cuántos hay en el país; que se ayude a las abuelas, que somos las que nos quedamos con la responsabilidad de los hijos de nuestras hijas asesinadas, y a los que se les ha negado el acceso a sus derechos a la salud y la educación, simplemente porque no tenemos un papel que nos acredite como tutoras”.  

Karla Michel Ramírez Salas y David Peña Rodríguez, destacaron que se espera que la Co IDH declare responsable al Estado mexicano por la desaparición y feminicidio de Lilia Alejandra, y en materia de políticas públicas que se haga una revisión del incumplimiento de una anterior sentencia relacionada con los feminicidios en Ciudad Juárez, conocida Campo Algodonero, dado a conocer por el tribunal regional el 10 de diciembre de 2009.  

Los abogados, integrantes del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social,  recordaron que a partir de la sentencia, el Estado mexicano aprobó leyes, creó instituciones y protocolos de actuación frente a las desapariciones de mujeres y feminicidios, pero a más de 15 años de la sentencia, la problemática no ha sido detenida por la persistencia de la corrupción en las fiscalías, la incapacidad de su funcionarios, así como por la falta de independencia de los servicios médicos forenses, esto último ordenado en otra sentencia de la Co IDH, relacionada con el asesinato de la defensora Digna Ochoa, publicada en noviembre de 2021. 

Ramírez Salas explicó que México debe una explicación de cómo es posible que, con todas las reformas legales, protocolos e instituciones creadas para detener la violencia contra las mujeres, “haya ahora más feminicidios que cuando se emitió la sentencia, periodo en el que ocurrían al día seis muertes de mujeres en promedio y ahora hablamos de once muertes violentas”.  

Peña Rodríguez apuntó que se espera un pronunciamiento de la Co IDH relacionado con el del deber del Estado mexicano de garantizar la integridad de las madres buscadoras y defensoras, porque “son altamente vulnerables, lo hemos visto en el caso de Norma, quien en la búsqueda de justicia para su hija, se convirtió en activista, en buscadora y defensora, acompañando a otras mujeres que como ella han sufrido por las desapariciones de sus hijas y los feminicidios”,  

En la conferencia de prensa se convocó a la sociedad a sumarse a la campaña #EnLosZapatosDeNorma, y solidarizarse con la defensora Norma Andrade quien rendirá su testimonio ante siete integrantes de la Co IDH.  

La campaña consiste en tomar una imagen a zapatos rojos, y subir la imagen a redes sociales y arrobar a la Co IDH.  

Con información de proceso.com.mx