Se dispara el uso de minas antipersonas ante el desdén de las autoridades

MORELIA, Mich. (Proceso).– Prohibidas su uso en conflictos bélicos del mundo, por ser consideradas armas de lesa humanidad, la minas terrestres antipersonal se convirtieron en los últimos tres años en uno de los principales instrumentos de guerra de los cárteles en la región Tierra Caliente, aunque su manejo ya se extendió a otras zonas de Michoacán.

Durante ese periodo la denotación de estos artefactos ha matado y lesionado a decenas de civiles –sobre todo campesinos en el desarrollo de sus labores agrícolas–, así como a policías y elementos de las Fuerzas Armadas que realizaban patrullajes de vigilancia; no obstante, el uso de estos artefactos de guerra ha sido minimizado por las autoridades.

De acuerdo con informes del Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán (OSHRA), las primeras víctimas civiles de minas antipersonal que se tienen registradas son un campesino que murió y su hijo que resultó herido de gravedad tras pisar un artefacto en un área rural del municipio de Aguililla, el 12 de febrero de 2022.

Dos semanas antes un vehículo militar pasó sobre una mina en las inmediaciones de la localidad El Casangüe, en el municipio de Tepalcatepec, lo que causó una explosión con un saldo de cinco soldados heridos.

A principios de marzo de 2024 tres jornaleros murieron y dos más resultaron heridos como consecuencia del estallido de una mina que se encontraba en una brecha que detonó cuando las víctimas transitaban en una camioneta para llegar a su lugar de trabajo en las cercanías del poblado de Las Cruces, municipio de Tumbiscatío.

El Comité Internacional de la Cruz Roja advierte que “las minas antipersonal dejan un perdurable legado de muertes, heridas y sufrimientos. Pisar una mina muchas veces significa que una o más personas –por lo general, niños– sufrirán heridas o la muerte, y que las consecuencias afectarán por siempre tanto a las víctimas como a sus familiares”.

Asimismo “la contaminación causada por las minas impide el uso de amplias porciones de tierra, lo que afecta la producción de alimentos y destruye los medios de vida. El impacto de las minas en las comunidades suele prolongarse durante décadas”.

Frente a lo anterior, la comunidad internacional aprobó en 1997 la Convención sobre la prohibición de las minas antipersonal, suscrita por el Estado mexicano en diciembre de ese mismo año, que prohíbe el uso, la producción, el almacenamiento y la transferencia de esas armas y requiere que se adopten medidas para prevenir y atender sus efectos de largo plazo.

Uso expandido

En el caso de Michoacán desde 2022 a la fecha han ocurrido diversos incidentes con este tipo de explosivos, que han ocasionado al menos diez militares muertos y 29 heridos, cuatro civiles fallecidos y tres lesionados, así como cuatro policías comunitarios heridos.

Seis de los soldados murieron en el sexenio anterior, de acuerdo con lo que dio a conocer en una conferencia matutina el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Ricardo Trevilla Trejo, cifra a la que se suman los cuatro elementos caídos en los eventos explosivos de Buenavista y Cotija a mediados de diciembre último.

De acuerdo con el OSHRA, la colocación de minas terrestres se inició en Michoacán en el contexto de la disputa por el territorio de parte de diversos grupos del crimen organizado y es un armamento utilizado actualmente por varios de los actores involucrados en esta pugna.

Y aunque esta práctica se inició en Tierra Caliente, ya se expandió hacia otros municipios del estado, entre ellos Coahuayana, en la región Costa, y Cotija de la Paz, en los límites con Jalisco.

Respecto de la mina que explotó recientemente en Cotija, donde murieron dos soldados, el general Ricardo Trevilla consideró que en ese caso específico el explosivo pudo haber sido colocado por un grupo local de Michoacán “para que no ingresara el Cártel Jalisco Nueva Generación”.

A juicio del Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán, existe en las autoridades resistencia a reconocer la gravedad de la situación en lo relativo a las minas terrestres, con una actitud generalizada de minimizar el fenómeno.

“Al parecer esto tiene que ver con la intención fallida de proyectar una imagen de gobernabilidad que no existe; pero, al no reconocer la gravedad de los eventos que estamos viviendo, no se toman las medidas en la dimensión adecuada”, advierte el organismo.

Así también, abunda, “parece que concentran sus esfuerzos en los centros de población más numerosos: las cabeceras municipales, los asentamientos urbanos, y están dejando a su suerte a las comunidades rurales por considerárseles poco importantes”.

Al respecto, Proceso buscó conocer la posición del gobierno estatal, pero hasta el cierre de este texto no hubo respuesta.

Alerta y prevención

El OSHRA ubica las minas terrestres entre las armas más letales del crimen organizado, que de manera indiscriminada pueden afectar tanto a grupos rivales, a elementos de las corporaciones de seguridad y a la población civil.

“En el derecho humanitario internacional están clasificadas como armas de lesa humanidad; están prohibidas, precisamente, porque tienen la característica de que es imposible garantizar la desactivación completa de estos instrumentos y después de décadas, incluso, pueden ocurrir explosiones de artefactos que hayan quedado ahí sepultados u olvidados”.

Además, añade la organización, “afectan las actividades productivas porque,0 por ejemplo, en el caso del sureste de Apatzingán hay cultivos plataneros que dejaron de ser trabajados por el riesgo de que existieran minas explosivas; hay un impacto en la economía de la población y esto forma parte de la disputa territorial que también causa el desplazamiento forzado”.

Sobre este último fenómeno, cita el caso de más de 70 personas de la región de Paredes del Ahogado, municipio de Buenavista, que todavía hasta noviembre último permanecían refugiadas en el curato de la iglesia de Pareo, Tancítaro, por el temor de retornar a sus comunidades ante la amenaza de minas, y “lamentablemente con la muerte de dos soldados en diciembre se confirmaron sus temores”.

Otra zona minada se encuentra identificada entre las comunidades La Zalatera y Acatlán, en el municipio de Apatzingán, “en una franja de terreno donde hubo un desplazamiento forzado a mediados del año pasado, aunque es un menor número de personas, pero no tenemos confirmación efectiva de que hayan retornado a sus comunidades después de la amenaza de campo minado”.

El Observatorio de Seguridad Humana alerta sobre la potencia de los artefactos explosivos utilizados porque “siempre dice la autoridad que son de fabricación artesanal, pero si vemos el efecto que tienen, nos damos cuenta de que no sólo son antipersonas, sino también antivehículos; esto nos hace pensar que, como en otros apartados de esta carrera armamentista, hay grupos del crimen organizado especializados en la manufactura de estos instrumentos”.

Con el propósito de orientar a la población civil, el OSHRA elaboró dos infografías que denominó ‘Pasos seguros’, con recomendaciones sobre medidas preventivas ante los riesgos de minas terrestres y artefactos lanzados por drones, acciones basadas en materiales de la Cruz Roja de Colombia, país que en su momento enfrentó situaciones similares.

Lamentablemente –expone el Observatorio– no tendríamos por qué estarnos preocupando por desarrollar habilidades para prevenir este tipo de situaciones, pero la realidad nos rebasa y es así mientras el gobierno no neutralice por completo esto.

Uno de los casos más recientes del uso de minas antipersonal en Michoacán es el ocurrido el domingo último, cuando dos personas que viajaban en una camioneta blindada murieron calcinadas como consecuencia del estallido del artefacto en Apatzingán.

De acuerdo con reportes extraoficiales, en el lugar los elementos de las corporaciones de seguridad encontraron una camioneta tipo Suburban carbonizada, con los restos de dos personas en su interior, mientras que en los alrededores fueron hallados fragmentos de un artefacto explosivo.

En el vehículo siniestrado fueron localizadas también cuatro armas largas, varios cargadores y cartuchos.

Con información de proceso.com.mx