El Congreso de Puebla aprobó la llamada Ley de Ciberseguridad, con la cual se realizan una serie de modificaciones al Código Penal del Estado para sancionar delitos como usurpación de identidad, espionaje digital, fraude electrónico, hacking, grooming y ciberasedio.
La iniciativa, que fue propuesta en noviembre de 2024 por José Luis García Parra, entonces diputado y actual coordinador de Gabinete del gobernador, fue aprobada por Morena y sus aliados con 35 votos a favor, cinco en contra y una abstención.
Por su parte, partidos de oposición como Movimiento Ciudadano (MC), el PRI y el PAN criticaron la aprobación en fast track de la iniciativa, y acusaron que puede ser perjudicial para víctimas que quieran denunciar a través de redes sociales o ser usada para censurar a activistas o críticos del gobierno.
La Ley de Ciberseguridad castiga con hasta ocho años de prisión la usurpación de la identidad; el ciberacoso con fines sexuales contra menores con hasta cinco años, y el espionaje digital con uno a cuatro años.
El punto más controversial fue el del propuesto artículo 480, el cual señala que “comete el delito de Cibersasedio quien a través de la utilización de medios digitales de informática o TICS (tecnologías de la información y las comunicaciones) insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona, con la insistencia suficiente para causarle un menoscabo importante en su salud”.
Por este delito, las penas pueden ser de 11 meses a tres años de prisión y si la víctima es menor de edad la sanción aumentará desde una tercera parte de la pena mínima hasta dos terceras partes de la máxima.
Delfina Pozos Vergara, la única diputada del PRI, señaló que el delito de ciberasedio es ambiguo ya que no se especifica cómo se identificará la evidencia digital, no se garantizan los derechos procesales, además de solo hay 16 agentes en la Policía Cibernética.
“¿Qué mensaje le estamos dando a la ciudadanía? Lo que respecta al contenido, siento que es una ley riesgosa, amenaza a la crítica porque le da la posibilidad a una Ley Censura”, señaló en su intervención Susana Riestra, legisladora del PAN.
En tanto la diputada Graciela Palomares, de Morena, dijo que las sanciones servirán para “poner mano dura” a los insultos en redes, de los cuales dijo ser víctima todos los días “en menoscabo” de su trabajo.
Por último, Laura Artemisa García, también de Morena y presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, fue la última en defender la iniciativa y fue, literalmente, respaldada por los diputados de su partido y aliados.
La organización Artículo 19 rechazó la Ley de Ciberseguridad en Puebla al considerar que los delitos que incorpora “incumplen principios de derechos humanos y libertad de expresión, violentan el principio de taxatividad en materia penal, y en su elaboración no han incorporado el expertise técnico de especialistas”.
Por esto, consideran que dicha reforma puede ser usada contra la ciudadanía de forma arbitraria, en particular contra periodistas, medios de comunicación y activistas.
En cuanto al delito de ciberasedio, el cual sanciona a quien ofenda, la organización señaló que la libertad de expresión incluye discursos que pueden “ofender, insultar”, como lo señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “este derecho protege tanto la información que resulta favorable, indiferente o inofensiva, como aquella que resulta chocante, inquietante u ofensiva para el Estado o la sociedad”.
También mencionaron que otros delitos propuestos contienen definiciones amplias, carecen de conocimientos técnicos y, por lo mismo, usan palabras que pueden criminalizar el ejercicio periodístico.
Con información de: Animal político.