Trump entrega datos personales de migrantes inscritos en Medicaid a autoridades para su deportación
AP.- El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump proporcionó esta semana a las autoridades de deportación los datos personales —incluido el estatus migratorio— de millones de inscritos en el Medicaid, un acto que podría facilitar la localización de personas como parte de su amplia ofensiva contra la migración.
En un memorando interno y correos electrónicos obtenidos por The Associated Press se muestra que las autoridades de Medicaid intentaron bloquear, sin éxito, la transferencia de datos, alegando preocupaciones jurídicas y éticas.
No obstante, dos altos asesores del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., ordenaron que el conjunto de datos se entregara al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), según se muestra en los correos electrónicos. A los funcionarios de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés) se les dieron sólo 54 minutos el martes para acatar la directriz.
El conjunto de datos incluye la información de personas que viven en California, Illinois, el estado de Washington y Washington, D.C., todos los cuales permiten que personas que no son ciudadanos estadounidenses se inscriban en programas del Medicaid que les pagan sus gastos utilizando únicamente fondos aportados por los contribuyentes estatales. Los CMS transfirieron la información en un momento en que el gobierno de Trump intensificaba sus redadas migratorias en el sur de California.
Además de ayudar a las autoridades a localizar a los migrantes, señalaron expertos, el gobierno también podría usar la información para frustrar las esperanzas de aquellos que desean obtener la residencia legal, la residencia permanente o naturalizarse si alguna vez obtuvieron beneficios del Medicaid financiados por el gobierno federal.
La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, indicó en un comunicado que le preocupa la forma en que los funcionarios de deportación podrían utilizar los datos, especialmente mientras las autoridades federales realizan redadas migratorias con la asistencia de efectivos de la Guardia Nacional y la infantería de Marina en Los Ángeles.
“Valoramos profundamente la privacidad de todos los californianos”, se lee en el comunicado. “Esta posible transferencia de datos que nos ha hecho saber la AP es extremadamente preocupante y, de ser cierta, es potencialmente ilegal, especialmente en vista de los numerosos titulares que destacan el posible uso federal indebido de información personal y las acciones federales para utilizar la información personal de los estadounidenses”.
Algunos legisladores de California también expresaron alarma el viernes. La representante federal Laura Friedman, de filiación demócrata, escribió en la red social X que “nunca deberíamos usar la necesidad de una persona de ir al médico en su contra. Esto sólo llevará a más caos y dolor en nuestras comunidades”.
Andrew Nixon, portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), dijo que el compartir datos fue legal. Se negó a responder preguntas sobre por qué se compartieron los datos con el DHS y cómo se utilizarían.
“Con respecto al reciente intercambio de datos entre los CMS y el DHS, el HHS actuó completamente dentro de su autoridad legal —y en total cumplimiento con todas las leyes aplicables—, para asegurar que los beneficios del Medicaid estén reservados para individuos que tienen el derecho legal a recibirlos”, explicó Nixon.
Una funcionaria del DHS, la secretaria adjunta Tricia McLaughlin, indicó en un comunicado que Trump “prometió proteger el Medicaid para los beneficiarios elegibles. Para cumplir esa promesa después de que Joe Biden inundó a nuestro país con decenas de millones de migrantes ilegales, los CMS y el DHS están explorando una iniciativa para asegurar que los migrantes ilegales no reciban beneficios del Medicaid destinados a estadounidenses respetuosos de la ley” .
La iniciativa parece formar parte de un empeño más amplio del gobierno de Trump para proporcionarle al DHS más datos sobre los migrantes. En mayo, por ejemplo, un juez federal se negó a impedir que el Servicio Interno de Impuestos compartiera datos fiscales de migrantes con el Servicio de Migración y Control de Aduanas para ayudar a los agentes a localizar y detener a personas que viven sin estatus legal en Estados Unidos.
Una revisión enfocada en millones de migrantes inscritos en el Medicaid
Los CMS anunciaron a finales del mes pasado que revisaban a algunas personas inscritas en el Medicaid de ciertos estados con el fin de garantizar que no se hayan utilizado fondos federales para pagar la cobertura de personas con “estatus migratorio insatisfactorio”.
En una carta enviada a los funcionarios estatales del Medicaid, los CMS dijeron que la iniciativa formaba parte de la orden ejecutiva de Trump del 19 de febrero, titulada: “Poner fin a la subvención de los contribuyentes a las fronteras abiertas”.
Dentro de esa revisión, California, Washington e Illinois compartieron detalles sobre no ciudadanos inscritos en el programa Medicaid de su estado, según un memorando del 6 de junio firmado por la subdirectora del Medicaid, Sara Vitolo, que fue obtenido por la AP. El memorando fue escrito por varios funcionarios de los CMS bajo la supervisión de Vitolo, según fuentes al tanto del proceso.
Los datos incluyen direcciones, nombres, números de seguro social y detalles de reclamaciones de los inscritos en esos estados, según el memorando y dos personas familiarizadas con lo que los estados enviaron a los CMS. Ambas personas hablaron a condición de guardar el anonimato porque no estaban autorizadas a compartir detalles sobre la entrega de datos.
Funcionarios de los CMS intentaron luchar contra la solicitud de entrega de datos del Departamento de Seguridad Nacional, diciendo que hacerlo violaría distintas leyes federales, incluidas la Ley de Seguridad Social y la Ley de Privacidad de 1974, según el memorando de Vitolo.
“Varias autoridades jurídicas y regulatorias federales no permiten que los CMS compartan esta información con entidades fuera de los CMS”, escribió Vitolo, explicando además que la entrega de tales datos personales sólo está permitida para la administración directa del programa Medicaid.
Entregar información sobre solicitantes o inscritos en el Medicaid a funcionarios del DHS violaría una “política de larga data”, escribió Vitolo, empleada de carrera, a Kim Brandt, administradora adjunta y directora de operaciones de los CMS que fue designada por Trump.
No fue posible contactar a Vitolo ni a Brandt para solicitarles sus comentarios.
Los argumentos jurídicos expuestos en el memorando no lograron persuadir a los funcionarios designados por Trump en el HHS, que supervisa el Medicaid.
El 10 de junio, cuatro días después de que se enviara el memorando, funcionarios del HHS ordenaron la transferencia de “los datos al DHS para las 5:30 tiempo del Este de hoy”, según intercambios de correos electrónicos obtenidos por la AP.
Exfuncionarios del gobierno dijeron que la medida era inusual porque los CMS, que tienen acceso a datos de salud personales de casi la mitad del país, no suelen compartir información tan delicada con otros departamentos.
“El DHS no desempeña ningún papel en nada relacionado con el Medicaid”, observó Jeffrey Grant, un ex empleado de carrera de los CMS.
Más allá de sus argumentos jurídicos, Vitolo dijo que compartir la información con el DHS podría tener un efecto disuasorio en los estados, quizás incitándolos a retener información. Los estados, agregó, necesitaban protegerse contra el “riesgo jurídico” que asumían al darle a funcionarios federales datos que podrían compartirse con las autoridades de deportación.
Un hecho “preocupante”
Todos los estados están obligados legalmente a proporcionar servicios de emergencia del Medicaid a personas que no son estadounidenses, incluidas aquellas que están legalmente en el país pero que aún no han cumplido con un período de espera de cinco años para solicitar ingresar al Medicaid.
Siete estados, junto con el Distrito de Columbia, permiten que los migrantes que no viven legalmente en el país se inscriban —con beneficios completos— en el programa Medicaid de su estado. Los estados pusieron en marcha estos programas durante el gobierno de Biden y dijeron que no le facturarían al gobierno federal para que cubriera los costos de atención médica de esos migrantes.
El gobierno de Trump ha planteado dudas sobre esa promesa.
Nixon, el portavoz del HHS, dijo que los programas de Medicaid para migrantes patrocinados por los estados “abrieron las compuertas para que los migrantes ilegales se aprovechen del Medicaid, y obligaron a los estadounidenses que trabajan duro a pagar la factura”.
Todos esos estados —California, Nueva York, Washington, Oregon, Illinois, Minnesota y Colorado— tienen gobernadores demócratas. Debido a los problemas presupuestarios de su estado, Newsom anunció este año que congelaría la inscripción en el programa; Illinois también cerrará en julio su programa para aproximadamente 30 mil personas que no son ciudadanos.
Los estados restantes —Nueva York, Oregon, Minnesota y Colorado— aún no han enviado los datos identificables a los CMS como parte de la revisión, según un funcionario de salud pública que ha revisado las solicitudes de esos organismos a los estados.
Funcionarios de salud de Illinois también indicaron que estaban “profundamente preocupados” por los hallazgos de la AP, los cuales revelaron que la información de los clientes del Medicaid de su estado fue compartida con agencias federales fuera de los CMS, dado que “tienen entendido que los datos están protegidos por la Ley de Privacidad de 1974 y otras regulaciones federales, que protegen los derechos de los estadounidenses sobre datos personales y de salud delicados”.
En un comunicado emitido después de la publicación de la historia de la AP, Newsom indicó que la decisión de compartir los datos “pondrá en peligro la seguridad y salud de aquellos que sin duda serán blanco de este abuso”.
Funcionarios de salud estatales del Distrito de Columbia y de Washington no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Con información de Latinus
Tips al momento
EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
Mientras Maru Campos anda en Italia, otra gobernadora habla por los chihuahuenses con Sheinbaum
La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, habló a nombre de los chihuahuenses ante la ausencia de Maru Campos al Consejo Nacional de Seguridad Pública que convocó la presidenta Claudia Sheibaum en Palacio Nacional.
Mientras la gobernadora Maru Campos anda en Italia, los demás mandatarios del país respondieron al llamado de Sheinbaum en materia de seguridad.
Pero la ausencia de Maru Campos fue más evidente, porque su homóloga de Aguascalientes habló a nombre de los chihuahuenses.
“De parte del gobierno de Chihuahua: se piden más recursos para la Policía, tanto estatales, como municipales”, eso fue lo que según Tere Jiménez piden los chihuahuenses.
Jueza dicta prisión preventiva a Duarte por acusaciones de lavado de dinero
Durante la audiencia celebrada el día de ayer, en contra del ex gobernador César Duarte, se determinó que el parralense se mantendrá en prisión preventiva por acusaciones de lavado de dinero.
Medios nacionales expusieron que la audiencia se extendió por 15 horas en el Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, y la Jueza María Jazmín Ambriz López, determinó que Duarte se mantendrá privado de su libertad mientras avanza la investigación.
Por cierto, trascendió que la defensa de Duarte solicitó duplicidad del término constitucional, por lo que será en los próximos días cuando se decida si será vinculado a proceso.
Y la FGR, ¿para cuándo los casos de la 4T con el mismo ímpetu?
Señalan en redes que, en medio de la detención de César Duarte por parte de la FGR, el ex gobernador Javier Corral se presenta como una figura clave nacional adjudicando a su quinquenio la investigación que replica la federación, y de la que personalmente la fiscal General de la República, Ernestina Godoy, confirma haber obtenido la autorización del gobierno de Estados Unidos.
Javier Corral, luego de la detención del ex gobernador Duarte, emprendió una serie de entrevistas en medios nacionales asegurando que la misma captura obedecería a la investigación en 2019 y que dio seguimiento la FGR durante la gestión de Gertz Manero.
Esto ocurre en el momento en el que Ernestina Godoy se autopresenta a nivel nacional como la primera Fiscal General de la República y con esta primera acción tratar de mandar un mensaje de cero impunidad y autonomía.
Ante este escenario en las redes sociales, se les cuestiona a Javier Corral por la pasarela mediática, y cuándo comparecerá ante la justicia de Chihuahua por el presunto delito de peculado de 98.6 millones de pesos, así como de su llegada a Morena para protegerse con el fuero.
Mientras que a Ernestina Godoy, se le señala si así con el mismo ímpetu con el que celebra la detención de César Duarte, lo mismo ocurrirá en contra de Adán Augusto López Hernández por el tema de "LaBarredora", las caravanas médicas donadas a Andrea Chávez, las denuncias contras los hijos de López Obrador, lo relacionado al Huachicol Fiscal, así como la corrupción en Segalmex y Pemex.
No coinciden agendas de Daniela y Lilia para el debate
El debate que se han cantado, la diputada federal del PT y la presidenta del PAN en Chihuahua, parece que no tendrá fecha de coincidir.
Primero fue Lilia Aguilar quien propuso debatir con Daniela en el DEGA el pasado viernes, sin embargo, no estuvo en Chihuahua Daniela Álvarez por agenda en otra ciudad.
Luego Daniela Álvarez durante el fin de semana convocó al debate para este lunes en el Congreso del Estado en punto de las 12pm.
Lilia Aguilar dio a conocer que no estará presente porque este lunes tienen trabajo en Comisión de Puntos Constitucionales, donde es Secretaria de la Comisión. "Quiero aclarar que el Congreso del Estado no es la oficina particular de nadie", dijo.
Rosa Icela Rodríguez encabeza la mañanera de este viernes
Debido a la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a los Estados Unidos, la secretaria de gobernación Icela Rodríguez encabezó esta mañana la "mañanera del pueblo".
Rodríguez expuso que la presidenta salió a Estados Unidos la tarde del jueves 04 de diciembre en un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional, según la secretaria, por los tiempos de ida y vuelta, además expuso que se informó al Senado de la República sobre su ausencia y el motivo.
Sheinbaum estará esta mañana en el sorteo para determinar el grupo de países que jugarán en el Mundial de Futbol 2026, en compañía del presidente Donald Trump y el ministro de Canadá Mark Carney. Por otro lado, se espera que la mandataria nacional se reúna con los anteriormente mencionados para llevar a cabo platicas del T-MEC.
Conclave de "morenistas" con titular de Conagua, acusan mercado negro del agua
Este martes se reunieron en privado los senadores de Morena, con el titular de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales, previo a la votación de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales que se someterá a votación este miércoles.
El senador Juan Carlos Loera confirmó que esta reunión es “para analizar la Ley de Aguas Nacionales, con la cual se busca frenar el mercado negro y la sobreexplotación de este recurso".
Aseguran que se legislará sin afectar derechos, pero poniendo límites a los abusos, a la corrupción y al acaparamiento del agua.
Se le olvida a Claudia Sheinbaum que el que calla otorga…
Bien dicen que el que calla otorga, y en esta ocasión quien evitó dar declaraciones sobre la causa de la salida de Alejandro Gertz Manero de la FGR que se calificó como “grave”, fue la presidenta Claudia Sheinbaum.
Pues al ser cuestionada por una reportera durante la rueda de prensa matutina, la mandataria nacional evadió la pregunta y dijo que se reconoce el trabajo del ex fiscal, “lo importante es el reconocimiento a su trabajo y que él acepta irse a una embajada, ahora está Ernestina Godoy de interina y el proceso que se va a llevar a cabo en el senado… creo yo que es importante, manteniendo la la autonomía de la fiscalía que es fundamental, fortalecer la coordinación”, se limitó a decir.
Pese a esta nula respuesta, la periodista reformuló la pregunta en vano y mencionó la carta enviada por parte del Senado, a lo que Sheinbaum respondió que se trata de “otra cosa”, la razón de la salida de Gertz, “eso es otra cosa, lo importante es que hoy estamos en esta circunstancia y vamos a seguir hacía adelante”, sentenció.
Loera y Mata se retan a debatir en medio de disputa por reforma a la Ley de Aguas Nacionales
La tensión política en torno a la reforma a la Ley de Aguas Nacionales escaló luego de un intercambio directo entre el senador de Morena, Juan Carlos Loera, y el director general de la Junta Central de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Mario Mata.
El desencuentro surgió en un chat donde Loera señaló a Mata como parte de un “grupo violento” y lo acusó de recurrir a agresiones físicas ante la falta de argumentos. Mata respondió de inmediato, rechazando categóricamente las acusaciones y negando haber agredido o mandado agredir a alguien.
“No sé a qué te refieres, estimado Juan Carlos. Nunca he agredido a nadie ni mandado agredir. Acepto tu reto y pon el lugar y la fecha”, escribió Mata, quien además exigió aclaraciones frente a lo que calificó como señalamientos infundados.
El intercambio terminó convirtiéndose en un reto público a debatir, aunque ninguno de los dos ha anunciado hasta ahora la fecha, el formato o el lugar donde podría realizarse el encuentro.
La discusión se da en medio del creciente debate nacional sobre la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, un tema que ha encendido fricciones entre distintos actores políticos y sectores productivos, especialmente en Chihuahua, entidad históricamente marcada por disputas sobre uso y control del agua.
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