AP.- Leavenworth, Kansas, es un espacio mítico en la historia del "crimen estadounidense", su nombre por sí solo evoca una "abreviatura" sobre cumplir condenas duras.
El penal federal albergó a gánsteres como Al Capone y Machine Gun Kelly, en un edificio tan legendario que inspiró el término “la casa grande” para las cárceles.
Ahora, la ciudad más antigua de Kansas podría albergar pronto a detenidos mucho "menos famosos": migrantes atrapados en la promesa del presidente Donald Trump sobre deportaciones masivas para aquellos que viven sin documentación en Estados Unidos.
El gobierno federal firmó un acuerdo con la empresa privada de prisiones CoreCivic Corp para reabrir una prisión con mil 33 camas en Leavenworth como parte de un aumento de contratos que el Servicio de Migración y Control de Aduanas del país (ICE) emitió sin "abrir el proceso" a otras ofertas competidoras.
El ICE ha citado una "urgencia apremiante" para conseguir miles de camas de detención adicionales, y sus esfuerzos hicieron que las estimaciones en ganancias se disparen para las empresas privadas con conexiones políticas, incluyendo CoreCivic, con sede en el área de Nashville, Tennessee, y otra gran empresa: The Geo Group Inc., con sede en el sur de Florida.
Este impulso enfrenta resistencia.La localidad de Leavenworth presentó una demanda contra CoreCivic después de que "intentó reabrir" sin que los funcionarios de la ciudad aprobaran el acuerdo, citando una descripción pasada de una juez federal sobre la prisión, ahora, cerrada como "un infierno".
El caso de la localidad sirvió como otra "prueba" de los límites de las tácticas "inusualmente agresivas" del presidente republicano para forzar la expulsión de migrantes.
Para obtener más camas para detenidos, el gobierno de Trump modificó docenas de acuerdos existentes con contratistas y utilizó contratos sin licitación.
Alrededor de 73 millones de dólares son dirigidos a una empresa encabezada por exfuncionarios federales de migración para que "equipos de apoyo al cumplimiento de la ley de migración" manejen las tareas administrativas, como ayudar a coordinar las expulsiones, clasificar quejas o informar a ICE si alguien "representa un riesgo" para la seguridad de la comunidad.
La semana pasada, Geo Group anunció que el ICE modificó un contrato para un centro de detención existente en el sureste de Georgia para que la empresa pudiera reabrir una prisión inactiva en terrenos adyacentes para albergar a mil 868 migrantes y ganar 66 millones de dólares en ingresos anuales.
"Nunca en nuestros 42 años de historia de la empresa hemos tenido tanta actividad y demanda de nuestros servicios como estamos viendo ahora", dijo el director general de CoreCivic, Damon Hininger, durante una presentación de resultados el mes pasado con los accionistas.
Una medida de recorte de impuestos y reconciliación presupuestaria aprobada el mes pasado por la Cámara incluye 45 mil millones de dólares durante cuatro años para la detención de migrantes, un aumento del gasto al triple.
El Senado está considerando ahora esa legislación.
Declaran emergencia para acelerar contratos
Cuando Trump comenzó su segundo mandato en enero, CoreCivic y Geo Group tenían alrededor de 20 instalaciones inactivas, en parte debido a reformas de sentencias que redujeron las poblaciones carcelarias.
Pero el gobierno del republicano "quiere más" que duplicar las 41 mil camas existentes para detener migrantes a al menos 100 mil camas y, si las predicciones de los ejecutivos de prisiones privadas son precisas, posiblemente a más de 150 mil.
El ICE declaró una "emergencia nacional" en la frontera de Estados Unidos con México como parte de su justificación para autorizar nueve contratos de cinco años para un total combinado de 10 mil 312 camas sin "competencia completa y abierta".
Sólo tres de las nueve instalaciones potenciales aparecían en el documento de ICE: Leavenworth, un lugar de dos mil 560 camas propiedad de CoreCivic en California, y una prisión de mil 800 camas propiedad de Geo Group en Baldwin, Michigan.
El acuerdo para la instalación de la ciudad más antigua de Kansas, no ha sido publicado, ni tampoco los documentos para los otros dos sitios.
Los funcionarios de ambas empresas dijeron el mes pasado en llamadas de ganancias que "ICE utilizó lo que se conoce como 'cartas de acuerdo', un tipo de contrato diseñado para acelerar las cosas" cuando el tiempo es crítico.
Charles Tiefer, experto en contratos y profesor emérito en la Facultad de Derecho de la Universidad de Baltimore, dijo que normalmente esta clase de contratos "se reservan" a asuntos menores, no para los grandes cambios que ve que el ICE está haciendo a acuerdos anteriores.
"Creo que una carta de acuerdo es una 'forma patética' de hacer contratos grandes e importantes", dijo.
Una ciudad prisión de Kansas se convierte en prioridad
Con su instalación rápidamente se convirtió en una prioridad para ICE y la empresa debido a su ubicación central en Leavenworth, con 37 mil residentes, que está a sólo 16 kilómetros al oeste del Aeropuerto Internacional de Kansas.
La instalación albergaría a hombres y mujeres, y está dentro del área de operaciones del ICE para Chicago con 676 kilómetros al noreste.
"Eso significaría que las 'personas objetivo' en el área de Chicago y en Illinois terminarían yendo a esta instalación en Kansas", dijo Jesse Franzblau, analista senior de políticas para el Centro Nacional de Justicia para Migrantes.
Las prisiones fueron durante mucho tiempo una parte importante de la economía de Leavenworth, empleando a cientos de trabajadores para "vigilar" a los prisioneros detenidos en dos instalaciones militares, la primera penitenciaría federal del país, una instalación correccional de Kansas y una cárcel del condado a menos de 10 kilómetros del ayuntamiento.
Resistencia desde el territorio de Trump
Se podría haber esperado que la clase política del área de la ciudad de Kansas ayudara a CoreCivic.
Cabe recordad que Trump ganó su condado por más de 20 puntos porcentuales en cada una de sus tres campañas presidenciales.
Pero los escépticos funcionarios de la ciudad argumentan que la empresa "necesita" un permiso de uso especial para reabrir su instalación.
CoreCivic no está de acuerdo, diciendo que "no lo necesita" porque nunca abandonó la instalación y que el proceso de permisos tomaría demasiado tiempo.
Leavenworth demandó a la empresa para obligarla a obtener uno, y un juez estatal la semana pasada emitió una orden requiriéndolo.
Un abogado de la ciudad, Joe Hatley, dijo que la lucha "legal" indica cuánto malestar generó la empresa cuando albergó a sospechosos criminales allí para juicios en el tribunal federal para el Servicio de Alguaciles estadounidenses.
A finales de 2021, CoreCivic dejó de albergar a detenidos en espera de juicio en su instalación de Leavenworth después de que el entonces presidente Joe Biden, un demócrata, pidiera al Departamento de Justicia de Estados Unidos que "redujera" el uso de prisiones privadas.
En los meses previos al cierre, la Unión Americana de Libertades Civiles y defensores públicos federales detallaron apuñalamientos, suicidios, un homicidio y violaciones de derechos de los reclusos en una carta a la Casa Blanca.
CoreCivic respondió en ese momento que las afirmaciones eran "falsas y difamatorias".
Las plazas vacantes de trabajadores de penales llegaban al 23%, según un informe del Departamento de Justicia de 2017.
"Era simplemente un caos", recordó William Rogers, quien trabajó como guardia en la instalación de CoreCivic en Leavenworth desde 2016 hasta 2020.
Dijo que las "reiteradas agresiones" hacia él lo enviaron a la sala de urgencias tres veces, incluida una vez que fue golpeado en la cabeza por lo que requirio 14 grapas.
Los críticos han incluido a un juez federal
Cuando Leavenworth demandó a CoreCivic, abrió su demanda con una cita de la jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos Julie Robinson, designada por el expresidente George W. Bush, un republicano, quien dijo de la prisión que "la única forma en que podría describir, francamente, lo que está sucediendo en la empresa ahora mismo es que es un 'absoluto infierno' ".
La demanda de la ciudad describió que los detenidos encerrados se encontraban en duchas como castigo.
Además dijo que las sábanas y toallas de la instalación "obstruyeron" el sistema de aguas residuales y que la empresa "obstaculizó" la capacidad de la Policía de la ciudad para investigar "agresiones sexuales" y "otros crímenes" violentos.
La instalación no tenía reclusos cuando CoreCivic ofreció a los periodistas una visita a principios de este año, y parecía "limpia" de arriba a abajo y el olor a desinfectante flotaba en el aire.
Una unidad para reclusos tenía una pintura en una pared que mostraba una vagoneta cubierta.
Durante el recorrido, cuando se le preguntó sobre las acusaciones de problemas pasados, Misty Mackey, empleada de CoreCivic desde hace mucho tiempo quien fue elegida para servir como directora allí, se "disculpó" por las experiencias de los empleados pasados y dijo que los funcionarios de la empresa "hacemos nuestro mejor esfuerzo para asegurarnos de aprender de diferentes situaciones".
El ICE se mueve rápidamente por Estados Unidos
Además de la prisión en Leavenworth de CoreCivic, otras instalaciones que están cerradas podrían volver a entrar en funcionamiento cerca de los principales centros de población migrante, desde Nueva York hasta Los Ángeles, para ayudar a Trump a cumplir con sus planes de deportación.
El ICE "quiere" reabrir instalaciones existentes porque es más rápido que construir nuevas, dijo Marcela Hernández, directora de organización de la Red de Vigilancia de Detención, quien organizó protestas a nivel nacional contra las detenciones de la agencia.
Los condados a menudo alquilan espacio en cárceles para la detención de migrantes, pero ICE dijo que "algunas" jurisdicciones fueron aprobadas en ordenanzas que lo prohíben.
El ICE utilizó modificaciones de contratos para reabrir cárceles cerradas como el recinto Delaney Hall con mil camas en Newark, Nueva Jersey, y un centro de dos mil 500 camas en Dilley, Texas, sin ofrecer explicaciones de "por qué no se buscaron nuevos contratos" con concursos abiertos a ofertas rivales.
La instalación de Newark, con su propia historia de problemas, reanudó las admisiones el 1 de mayo, y el desorden estalló en la instalación el jueves por la noche.
El alcalde, Ras Baraka, un demócrata que anteriormente fue arrestado allí y acusado de allanamiento, citó reportes de un posible motín, y el Departamento de Seguridad Nacional confirmó cuatro fugas.
La modificación del contrato para Dilley, que fue construida para albergar familias y reanudó sus operaciones en marzo, llama a sus unidades "vecindarios" y les da nombres como Oso Marrón y Mariposa Azul.
Los detalles financieros para las modificaciones de contrato de Newark y Dilley "están tachados" en las copias disponibles en línea, al igual que para más de 50 otros acuerdos que ICE ha firmado desde que Trump asumió el cargo.
El ICE no respondió a una solicitud de comentarios.
De prisiones inactivas a una "fiebre del oro"
Los ejecutivos de prisiones privadas están pronosticando cientos de millones de dólares en nuevas ganancias del Servicio.
Desde la reelección de Trump en noviembre, las acciones de CoreCivic aumentaron un 56% en precio y las de Geo un 73%.
"Es la fiebre del oro", dijo Michael A. Hallett, profesor de justicia penal en la Universidad del Norte de Florida que estudia prisiones privadas.
"De repente, la demanda está disparada. Y cuando eres el único proveedor que puede satisfacer la demanda, puedes prácticamente establecer tus términos", agregó.
Pam Bondi, excabildera de Geo, es ahora la secretaria de Justicia de Estados Unidos.
La firma anticipó que todas "sus prisiones inactivas serán activadas este año", dijo su presidente ejecutivo, George Zoley, a los accionistas.
CoreCivic, que junto con Geo donó millones de dólares a candidatos en su mayoría del Partido Republicano en todos los niveles de gobierno y grupos políticos nacionales, es igualmente optimista.
Comenzó conversaciones diarias con el gobierno de Trump inmediatamente después de las elecciones en noviembre, dijo Hininger.
Los funcionarios de la empresa dijeron que los contratos de ICE proporcionan un "financiamiento inicial" para comenzar a reabrir instalaciones mientras la empresa negocia un acuerdo a más largo plazo.
El acuerdo de Leavenworth contempla 4.3 millones de dólares al mes para la empresa, según reveló en un documento judicial.
Tiefer, quien sirvió en una comisión independiente establecida para estudiar la contratación gubernamental para las guerras de Irak y Afganistán, dijo que el ICE está "haciendo una apuesta a largo plazo muy arriesgada" debido a sus problemas pasados y dijo que la agencia le dio a CoreCivic "las llaves del tesoro" sin competencia.
Pero los analistas financieros en las llamadas de ganancias de la empresa han estado encantados. Cuando CoreCivic anunció sus nuevos contratos, Joe Gomes, de la firma de servicios financieros Noble Capital Markets, respondió con: "Grandes noticias".
"¿Tienen más de estos escondidos?" preguntó.
Con información de Latinus