"Invasores" tendrán la opción de comprar casas que allanaron: Infonavit
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), implementará un plan para que las personas que "invadieron" una vivienda deshabitada de ese organismo, puedan adquirirla mediante un arrendamiento con opción a compra y escriturarla a su nombre, en un periodo de cuatro a cinco años.
De acuerdo con el artículo 285 del Código Penal Federal, la invasión de casas o allanamiento de morada es un delito que se castiga con hasta dos años de prisión y hasta 100 pesos de multa; sin embargo, dichas penas datan de 1931, año en el que se publicó.
"Se impondrán de un mes a dos años de prisión y multa de 10 a 100 pesos, al que, sin motivo justificado, sin orden de autoridad competente y fuera de los casos en que la ley lo permita, se introduzca, furtivamente o con engaño o violencia, o sin permiso de la persona autorizada para darlo, a un departamento, vivienda, aposento o dependencias de una casa habitada", señala el Código Penal Federal.
Ayer, en la conferencia mañanera, Octavio Romero Oropeza, titular del Infonavit, detalló que, en colaboración con la Secretaría de Bienestar, se realiza un censo de viviendas y de las 843 mil del instituto, se han registrado 168 mil (20% de avance). De estas últimas, 145 mil están habitadas y 23 mil deshabitadas o vandalizadas.
En el caso de las viviendas habitadas, pero que fueron invadidas, no se desalojarán, se buscará un acuerdo con los ocupantes para arrendarlas con opción a compra, es decir, regularizar el allanamiento.
"Hay una vivienda que puede estar ocupada por un tercero y, anteriormente, como les comentaba, si así era, se desalojaba para vender esa vivienda a particulares que hacían negocio. En otros casos, esa vivienda, como el derechohabiente, dado el tipo de crédito tan oneroso que se cobraba, no podía pagar, metían despachos y se les quitaba la vivienda y ya es parte del Infonavit, pero fue invadida, ocupada irregularmente para decirlo mejor, por personas que no son derechohabientes, y lo que queremos hacer, por instrucciones de la Presidenta, es buscar regularizar a estas personas", dijo Romero Oropeza.
Reiteró que no se desocuparán las casas invadidas, pero se les advertirá que si no la regularizan, la casa no será suya, indicó.
"¿Qué se hace? Pues no los vamos a sacar, pero sí le vamos a advertir que si no se regulariza, nunca va a ser dueño de la vivienda, la puede ocupar pero no va a ser de él, y lo que queremos es que sea de él, entonces, estamos planteando que la puedan adquirir a un precio muy económico, valor en libros, con un esquema, si no son derechohabientes, con un esquema de renta con opción a compra, de manera que vayan pagando la renta y, al mismo tiempo, la casa y a los cuatro o cinco años sean ya dueños de su vivienda", explicó.
A Romero Oropeza también se le cuestionó cómo se determinará la posesión de las casas, cuando los dueños legítimos de las viviendas allanadas quieran recuperarlas.
Afirmó que serán repuestas: "En el caso de quienes pudieran todavía, como dueños, lo que estamos haciendo es reprogramando su crédito, reestructurando su crédito para que se quede con la vivienda que tienen. En el caso de que tuviesen esa vivienda invadida, lo que se vería es cómo se las reponemos", precisó.
Con información de Informador.mx
Tips al momento
Una elección nada recomendable
A una semana de la elección judicial y cuando aun no se conocen la mayoría de los resultados para los diferentes cargos, lo que llevará todavía unos días más, y a pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum, la consideró como "maravillosa", por lo pronto la Organización Estados Americanos (OEA) , consideró que este modelo no puede ser llevado a otro países.
Las razones según lo explica el analista Juan Ortiz, en sus redes sociales, fue debido a la baja participación de solamente un 13% del electorado, lo que evidencia el desinterés y por ende, la alta abstención. También, al considerarse como un riesgo para la independencia judicial.
Además, el que fue una reforma apresurada en su implementación, sin debate plural, ni gradualidad y un limittado análisis técnico. También, el que los requisitos fueron insuficientes, pues los criterios utilizados para las candidaturas, no garantizan idoneidad ni evitan politización.
Uno de los señalamientos, fue la complejidad de las boletas, que derivaron en confusión entre los electores y demoras a la hora de votar.
Otro punto, es que la difusión fue insuficiente, lo que no permitió conocer información sobre cargos y candidatos. También salió a relucir, las limitaciones al presupuesto al INE, que se tradujo en la reducción del número de casillas y que afectó la organización.
Y desde luego, los “acordeones” que dieron el sello distintivo a esta elección pues hubo denuncias sobre los listados que circularon, especialmente desde la 4T, que según se ha dicho, son considerados como propaganda ilegal y coacción al voto. Así la evaluación a una semana de esas elecciones. ¿Qué otros “detalles” saldrán en los próximos días?, ya se verá, comentan.
