Alista Juan Carlos Loera reforma para castigar el robo de agua como delito federal
• Busca frenar la extracción clandestina de agua, proteger la seguridad hídrica y castigar con cárcel y revocación de concesiones a quienes lucren con este recurso vital
Ante el creciente problema del robo de agua en Chihuahua y diversas regiones del norte de México, el senador por Chihuahua, Juan Carlos Loera De la Rosa, alista una ambiciosa iniciativa de reforma legal para tipificar como delito federal la apropiación ilícita de aguas nacionales y fortalecer la protección del patrimonio hídrico del país, como un paso más en la lucha para garantizar que el agua sea un derecho, no una mercancía.
En el marco de las reuniones de trabajo de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte del Senado, Juan Carlos Loera ha identificado que la sobreexplotación de mantos acuíferos es un problema extendido, particularmente, en estados fronterizos con Estados Unidos.
La propuesta, respaldada en un sólido diagnóstico técnico, legal y ambiental, busca cerrar la puerta a las tomas clandestinas, el desvío ilegal de agua y el uso de infraestructura no autorizada, prácticas que generan pérdidas anuales equivalentes a más de 600 millones de metros cúbicos de agua, según datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
“La seguridad hídrica debe estar al centro de las políticas públicas. No podemos permitir que se robe impunemente un recurso que es propiedad de la nación y un derecho humano para todas y todos los mexicanos”, detalló Loera.
La iniciativa reconoce el riesgo sistémico que representa el robo de agua en un contexto de sequías crecientes, estrés hídrico y debilidad institucional. Datos recabados por organismos operadores estatales indican la existencia de más de 131 mil tomas clandestinas entre 2019 y 2023 en casi todos los estados del país.
Este fenómeno, también conocido como “huachicol hídrico”, afecta tanto al sector agrícola como a las zonas urbanas, comprometiendo la producción de alimentos, el acceso al agua potable y el equilibrio ecológico.
El proyecto de decreto propone una reforma integral a cuatro leyes federales y contempla penas de cuatro a 15 años de prisión y multas millonarias para quienes extraigan, desvíen o vendan agua nacional sin autorización.
Además, extinción de dominio de tierras, pozos y equipos utilizados en el delito, destinando los recursos recuperados a la rehabilitación de cuencas y obras hidráulicas.
Esta problemática obliga a impulsar figuras como la revocación automática de concesiones cuando el titular sea condenado por robo de agua; instalación obligatoria de medidores inteligentes (telemetría) en todos los puntos de extracción autorizada para evitar el subregistro de volúmenes y la creación de un padrón público de tomas clandestinas con información georreferenciada.
De ser aprobada, esta reforma colocaría a México a la vanguardia en legislación hídrica, al atender de forma integral un problema que ya afecta a miles de comunidades, agricultores y familias en todo el país.
“El agua no es mercancía: es vida, y vamos a defenderla”, concluyó Loera De la Rosa.
Tips al momento
Una elección nada recomendable
A una semana de la elección judicial y cuando aun no se conocen la mayoría de los resultados para los diferentes cargos, lo que llevará todavía unos días más, y a pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum, la consideró como "maravillosa", por lo pronto la Organización Estados Americanos (OEA) , consideró que este modelo no puede ser llevado a otro países.
Las razones según lo explica el analista Juan Ortiz, en sus redes sociales, fue debido a la baja participación de solamente un 13% del electorado, lo que evidencia el desinterés y por ende, la alta abstención. También, al considerarse como un riesgo para la independencia judicial.
Además, el que fue una reforma apresurada en su implementación, sin debate plural, ni gradualidad y un limittado análisis técnico. También, el que los requisitos fueron insuficientes, pues los criterios utilizados para las candidaturas, no garantizan idoneidad ni evitan politización.
Uno de los señalamientos, fue la complejidad de las boletas, que derivaron en confusión entre los electores y demoras a la hora de votar.
Otro punto, es que la difusión fue insuficiente, lo que no permitió conocer información sobre cargos y candidatos. También salió a relucir, las limitaciones al presupuesto al INE, que se tradujo en la reducción del número de casillas y que afectó la organización.
Y desde luego, los “acordeones” que dieron el sello distintivo a esta elección pues hubo denuncias sobre los listados que circularon, especialmente desde la 4T, que según se ha dicho, son considerados como propaganda ilegal y coacción al voto. Así la evaluación a una semana de esas elecciones. ¿Qué otros “detalles” saldrán en los próximos días?, ya se verá, comentan.
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