CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Lo más seguro es que, tarde o temprano, en el sexenio de Claudia Sheinbaum Pardo se tendrá que ejecutar una reforma fiscal.
Así lo prevé Oxfam México por las condiciones financieras actuales del país, que hacen insostenible mantener el gasto público sin una reestructura profunda en los ingresos del Estado.
El gobierno no podrá seguir recurriendo a la austeridad como única vía de contención presupuestal, argumenta la confederación de organizaciones civiles.
Durante la presentación del documento 10 puntos hacia la justicia fiscal en México, el director de Programas de Oxfam México, Carlos Brown, explicó que el Estado ya no puede continuar recortando en áreas clave como la infraestructura o los servicios básicos, en especial en salud, sin poner en riesgo los derechos de la población.
La situación se contextualiza en un panorama fiscal complejo, marcado por un déficit que alcanzó en 2024 el 6% del Producto Interno Bruto (PIB). Esta cifra, sostuvo Brown, refleja la fragilidad estructural de las finanzas públicas, al tiempo que estrecha aún más el limitado espacio fiscal con el que cuenta el país para atender las demandas sociales más urgentes en lo que resta del sexenio.
“Ahora hay un margencito para poder hacerlo, pero ese margen se va a acabar muy pronto porque de verdad el espacio fiscal se está haciendo cada vez más chico”, comentó el especialista.
Para la organización, postergar esta reforma también sería desperdiciar un momento clave en el que hay condiciones políticas, esto porque Sheinbaum cuenta con el respaldo mayoritario en ambas cámaras del Congreso de la Unión, cuenta con el capital legislativo necesario para aprobar cambios estructurales.
Pensiones, la bomba de tiempo
Entre los factores que agudizan la presión presupuestal, añadió, están las pensiones contributivas y no contributivas, cuyo costo crece de forma sostenida.
“O aumentas la recaudación de impuestos, ya sea porque cambias las tasas o porque creas nuevos impuestos o porque haces más eficiente, reduces gasto o te endeudas más. Es aritmética”, subrayó, al precisar que seguir por la ruta del recorte solo llevará a empequeñecer aún más a un Estado que ya ha sido históricamente insuficiente.
Se suma que el gobierno enfrenta un entorno adverso, con exigencias internas y compromisos globales.
“La presión que se tiene pone en aprietos a un gobierno que tiene unas necesidades de gasto bastante apremiantes (...) que tiene una agenda muy ambiciosa de cara a los compromisos multilaterales”, dijo, en alusión a metas del gobierno de Sheinbaum, como el sistema nacional de cuidados y la participación de México en la COP30.
Por su parte, la coordinadora de Inversión Social de Oxfam México, Isabel Mateos, enfatizó que el debate no debe centrarse en sí se debe seguir gastando en rubros como las pensiones, sino en cómo garantizar su sostenibilidad. La premisa es que el modelo fiscal actual ya no es viable, y su agotamiento impone la necesidad de una reforma fiscal progresiva y de fondo.
“No estamos teniendo una lógica (...) México lleva años dando tarjetazo, y ya le está llegando el muro de crédito a decirle: ‘Mano, hay que tener un plan de pagos para estas cosas’. Ese plan de pagos se llama reforma fiscal progresiva y profunda”, comentó.
Decálogo
En este contexto, este 23 de junio Oxfam México presentó en el Congreso de la Unión, ante legisladores y representantes de la sociedad civil, su propuesta titulada 10 puntos hacia la justicia fiscal.
El documento propone medidas orientadas a fortalecer la recaudación, reducir los privilegios fiscales y canalizar los recursos públicos hacia inversiones que atiendan las necesidades de la mayoría.
El primer punto plantea un impuesto predial justo y progresivo, con un potencial recaudatorio de 97 mil millones de pesos anuales. El segundo propone un impuesto ambiental sobre la tenencia o uso de vehículos, que podría aportar 134 mil millones de pesos al año.
El tercero sugiere un impuesto a grandes herencias, donaciones y sucesiones, con un potencial estimado de 398 mil millones de pesos anuales. En cuarto lugar, se contempla una contribución solidaria de grandes fortunas, con una recaudación proyectada de 286.6 mil millones de pesos por año. El quinto punto impulsa una cooperación económica y fiscal regional e internacional con liderazgo de México, que podría generar 10.3 mil millones de dólares a nivel regional al año.
Además de la recaudación, Oxfam propone medidas enfocadas en ampliar la capacidad institucional del Estado y mejorar su capacidad de inversión.
Por ejemplo, el sexto punto plantea reforzar la inspección laboral, con un potencial de inversión que permitiría contratar hasta 80 veces más inspectores, es decir, casi 42 mil plazas con salarios dignos. El séptimo punto está dedicado al desarrollo de infraestructura y servicios de cuidados, con la posibilidad de crear 15 veces más centros de atención a adultos mayores o 16 veces más guarderías. En octavo lugar, se impulsa la inversión en transporte público masivo y electrificado, que permitiría desplegar 12.5 mil líneas de autobuses de tránsito rápido.
El noveno punto se enfoca en fortalecer las capacidades institucionales, proponiendo la creación de más de medio millón de plazas en las haciendas subnacionales y 360 mil jefaturas de departamento en el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Finalmente, el décimo punto promueve una apuesta contundente por la transparencia y fiscalización, con el objetivo de multiplicar más de 70 veces el presupuesto de la Auditoría Superior de la Federación.
Con información de: Proceso.