El presidente de la Universidad de Virginia anunció este viernes su renuncia ante la presión del gobierno de Donald Trump, que había abierto una investigación sobre las prácticas de diversidad de la institución.
La dimisión de James Ryan marca una nueva etapa en los ataques que el mandatario de Estados Unidos ha lanzado contra la educación superior desde su regreso al poder, en enero.
En un comunicado, Ryan, que dirigía la Universidad de Virginia desde 2018, explicó que prefería renunciar antes que "luchar contra el gobierno federal".
El Departamento de Justicia, que lidera la investigación sobre su institución, había reclamado su salida, según señaló el New York Times.
"Si esto no fuera tan personal para mí, podría haber elegido un camino diferente", dijo Ryan, enfatizando que "principios muy importantes están en juego" en este asunto.
Intentar permanecer en el puesto parecía "egoísta y egocéntrico ante los cientos de empleados que perderían sus empleos, los investigadores que perderían su financiación y los cientos de estudiantes que podrían perder su ayuda financiera o ver sus visas denegadas", añadió al explicar su gesto.
En un comunicado, los senadores demócratas Mark Warner y Tim Kaine denunciaron la situación como "un error que perjudica el futuro de Virginia".
"Es indignante que funcionarios del Departamento de Justicia de Trump hayan exigido que la universidad" destituyera a Ryan, declararon.
Desde su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump ha liderado una ofensiva contra las universidades, acusándolas de propagar una ideología "woke", un término empleado de forma peyorativa por los conservadores para denunciar lo que perciben como un activismo progresista excesivo, en particular en favor de las minorías.
El Departamento de Justicia ha abierto múltiples investigaciones sobre las prácticas de admisión y reclutamiento de instituciones en todo el país.
El gobierno de Trump tiene en la mira a instituciones prestigiosas como Harvard, a la que intenta prohibir la admisión de estudiantes extranjeros, y Columbia, a la que amenaza con revocar su acreditación, lo que podría privarla de toda la financiación federal.
Con información de: El economista.