Tras 21 años de litigio, médico gana juicio a la CDMX y ahora deberán pagarle 9.7 mdp
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Durante los últimos 21 años el Gobierno de la Ciudad de México mantiene vivo un litigio en el que ya fue condenado a pagar más de nueve millones y medio de pesos a un empleado que fue despedido en 2004, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador como gobernante de la capital del país, cantidad que día con día incrementa.
El caso está en etapa de ejecución, pero el incumplimiento de las autoridades de la CDMX pone en juego la continuidad del director general de Servicios Legales local, José Juan Torres Tlahuizo, quien fue designado a inicios de este año en dicho cargo por Eréndira Cruzvillegas Fuentes, consejera jurídica de la administración de Clara Brugada.
Lo anterior, debido a que desde marzo último la Secretaría de Salud capitalina, dependencia para la cual trabajaba Fernando González Ramos, quien demandó al gobierno de la CDMX, solicitó a Torres Tlahuizo autorizar el pago de nueve millones 765 mil 156.40 pesos en favor del extrabajador por concepto de salarios caídos desde 2004 a la fecha.
Hasta ahora, Torres Tlahuizo no ha dado el visto bueno para que la Mesa de Asuntos de Cumplimiento de Capital Humano realice el pago, por lo que la cantidad requerida desde marzo ha ido incrementando por cada día que González Ramos no recibe el dinero y no se le reinstala en el cargo que tenía en la Secretaría de Salud de la CDMX, como ya fue ordenado por autoridades federales en materia del trabajo.
Proceso buscó a Torres Tlahuizo para conocer su posición sobre el caso, pero al momento de esta publicación no había dado respuesta.
Despido y golpe a la salud
En 2001 el médico Fernando González Ramos fue contratado por la Secretaría de Salud del entonces Distrito Federal para trabajar en el Centro Regulador de Urgencias Médicas, dependiente de la Dirección General de Urgencias y Medicina Legal.
Allí trabajó durante tres años todos los fines de semana hasta que en mayo de 2004 fue separado del cargo de manera injustificada alegando que, al ser trabajador de confianza el gobierno del DF, entonces encabezado por López Obrador, podía rescindir su contrato en cualquier momento.
Sin embargo, González Ramos afirma que sus funciones no eran de un trabajador de confianza, pues cuando un paramédico atendía una urgencia ocurrida en la vía pública y debe buscar un hospital donde puedan recibir al paciente, el Centro Regulador realiza una búsqueda rápida para indicarle a qué hospital pueden atenderle.
“Yo tenía gente a mi cargo, daba indicaciones, a veces iba yo personalmente a los hospitales para cerciorarme de que, efectivamente, no existan los recursos cuando nos negaban la atención, porque había hospitales que llegaban a mentir para no dar el servicio”, relata.
Por ello, decidió demandar ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) a la Secretaría de Salud y exigió ser reinstalado, así como el pago de sus salarios caídos.
“Ha sido realmente un calvario, mil vueltas a conciliación y arbitraje, nuevas citas, venga tal día, venga otro día, todo esto la verdad me ha afectado mucho por estar pidiendo permisos en mi trabajo actual pues los desplazamientos son muy largos, costosos y, de alguna manera, se ha afectado mi patrimonio, sobre todo. Los primeros años en los que no lograba conseguir trabajo tuve que solicitar préstamos”, expone en entrevista para Proceso.
Fernando González recordó que la cantidad máxima que llegó a pedir en un préstamo fue de 100 mil pesos con intereses, pues durante dos años no logró encontrar un nuevo empleo.
Luego de siete años de litigio, el TFCA falló en su favor y determinó que sus funciones no eran las de un trabajador de confianza, por lo que ordenó reinstalarlo en la misma dependencia y con el mismo cargo que ocupaba o uno similar, así como pagarle los salarios que dejó de recibir desde el año 2004 y hasta que la Secretaría de Salud de la CDMX cumpliera con el laudo.
“Es una decepción gigantesca cómo se administra la Ciudad de México y, al parecer, nada más es un visto bueno lo que hace falta por parte de la Consejería de la Ciudad de México para que ya pueda resolverse este tema.
“De hecho, no entiendo por qué no se hizo desde un principio. O sea, le hubiera costado mucho menos a la Secretaría de Salud y a mí también me hubiera costado mucho menos dolores de cabeza, desveladas, emocionalmente; me dio insomnio, me dio gastritis. No es nada fácil que te corran de manera injustificada y pues ahora a ver cómo le haces con tus deudas, con lo que tenías planeado”.
Marcos Chávez Orozco, abogado de González Ramos y especialista en Derecho Laboral, explicó que la administración de justicia para los trabajadores gubernamentales, tanto federal como local, es extraordinariamente lenta, pero que este caso en particular ha superado por mucho el tiempo que regularmente demora un juicio.
“La separación del doctor ocurrió en mayo de 2004, estamos en julio de 2025 y todavía no se da cumplimiento a la resolución que se dictó. Esto quiere decir que llevamos 21 años en este procedimiento. Sí tenemos juicios largos, pero este ha roto todos los récords”, comenta.
El abogado lamentó que, una vez emitido un laudo, la etapa de ejecución del mismo es mucho más tardada incluso que el juicio mismo, pues en el caso de González Ramos la deuda de la Secretaría de Salud de la CDMX es de 21 años de salarios caídos.
“Esto viene siendo una bola de nieve económica financiera para la institución en donde está obligada a pagar sueldos caídos por cada día que transcurra sin cumplir la obligación de la reinstalación del doctor”, agregó Chávez.
El laudo en favor de González Ramos ya fue confirmado tanto en juicio de amparo como en recurso de revisión y, pese a ello, el médico tuvo que tramitar otro juicio de amparo, esta vez contra la omisión del TFCA de obligar al gobierno de la Ciudad a pagarle lo que le debe y reinstalarlo en su cargo.
“Hay dos autoridades vinculadas al cumplimiento –explica el abogado–, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y la Consejería Jurídica a través de la Dirección General de Servicios Legales, pues están obligados a instrumentar todo el trámite burocrático.
Desde hace tres años promovimos un juicio de amparo indirecto que le correspondió conocer al Juzgado Tercero de Distrito en materia del Trabajo aquí en la Ciudad de México, doliéndonos de que en la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que es la instancia laboral que conoció y que dictó el laudo en favor del doctor, no estaba cumpliendo los diversos requerimientos, y cuando hacían requerimientos, la Secretaría de Salud incumplía bajo el argumento de que está en los trámites y que no ha obtenido el visto bueno de la Consejería Jurídica.
Ante el juez Tercero de Distrito, la Consejería Jurídica afirma que no se ha autorizado el pago porque faltan copias, o falta una constancia, o requiere la sentencia de amparo directo en revisión que dejó firme el laudo emitido hace siete años, entre otros documentos.
“Son temas lamentablemente burocráticos, administrativos, me parece que hay una tendencia de no pagar laudos que no importa si tienen 20 años, no importa si han generado un menoscabo patrimonial. La razón me parece más bien que es una indolencia, es una actitud de no tener respeto por el sistema legal mexicano donde están obligados por ley a cumplir los laudos que dicta el tribunal”, dice Chávez.
El abogado explica que en la CDMX hay muchas dependencias que dejan correr el tiempo sin pagar los laudos hasta que el extrabajador afectado les hace una “quita” o un descuento de entre 15 y 20% de la condena total para ahorrar y otorgar el visto bueno al pago.
Esto no es algo que se haya suprimido ya, y aunque ignoro si es una tendencia de la Secretaría de Salud, mi percepción es que depende directamente de la Consejería Jurídica.
Por ello, el abogado refiere que procesalmente Fernando González ya puede solicitar al juez de amparo iniciar el proceso de desacato a un mandato judicial contra el titular de la Dirección General de Servicios Legales, José Juan Torres Tlahuizo, quien de determinarse que ha sido omiso podría llegar a ser destituido y consignado ante el Ministerio Público.
“El juez de Distrito apercibió a la Consejería Jurídica a la Dirección de Servicios Legales de que si no otorgaba el visto bueno y la orden para que se le pagara al doctor, el expediente sería turnado al Tribunal Colegiado para que calificara el desacato a la sentencia del juez de Distrito en materia de Trabajo por su incumplimiento reiterado.
“Aquí el problema es que, me parece, que al juez también le tiembla la mano y, pese a que ha habido incumplimiento por parte de estas autoridades, no ha enviado el expediente y sigue concediéndoles prórrogas, tras prórrogas a un grado tal que esta sentencia que dictó el juez de Distrito tiene dos años”, expone Marcos Chávez.
Con información de proceso.com.mx
Tips al momento
Mientras Maru Campos anda en Italia, otra gobernadora habla por los chihuahuenses con Sheinbaum
La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, habló a nombre de los chihuahuenses ante la ausencia de Maru Campos al Consejo Nacional de Seguridad Pública que convocó la presidenta Claudia Sheibaum en Palacio Nacional.
Mientras la gobernadora Maru Campos anda en Italia, los demás mandatarios del país respondieron al llamado de Sheinbaum en materia de seguridad.
Pero la ausencia de Maru Campos fue más evidente, porque su homóloga de Aguascalientes habló a nombre de los chihuahuenses.
“De parte del gobierno de Chihuahua: se piden más recursos para la Policía, tanto estatales, como municipales”, eso fue lo que según Tere Jiménez piden los chihuahuenses.
Jueza dicta prisión preventiva a Duarte por acusaciones de lavado de dinero
Durante la audiencia celebrada el día de ayer, en contra del ex gobernador César Duarte, se determinó que el parralense se mantendrá en prisión preventiva por acusaciones de lavado de dinero.
Medios nacionales expusieron que la audiencia se extendió por 15 horas en el Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, y la Jueza María Jazmín Ambriz López, determinó que Duarte se mantendrá privado de su libertad mientras avanza la investigación.
Por cierto, trascendió que la defensa de Duarte solicitó duplicidad del término constitucional, por lo que será en los próximos días cuando se decida si será vinculado a proceso.
Y la FGR, ¿para cuándo los casos de la 4T con el mismo ímpetu?
Señalan en redes que, en medio de la detención de César Duarte por parte de la FGR, el ex gobernador Javier Corral se presenta como una figura clave nacional adjudicando a su quinquenio la investigación que replica la federación, y de la que personalmente la fiscal General de la República, Ernestina Godoy, confirma haber obtenido la autorización del gobierno de Estados Unidos.
Javier Corral, luego de la detención del ex gobernador Duarte, emprendió una serie de entrevistas en medios nacionales asegurando que la misma captura obedecería a la investigación en 2019 y que dio seguimiento la FGR durante la gestión de Gertz Manero.
Esto ocurre en el momento en el que Ernestina Godoy se autopresenta a nivel nacional como la primera Fiscal General de la República y con esta primera acción tratar de mandar un mensaje de cero impunidad y autonomía.
Ante este escenario en las redes sociales, se les cuestiona a Javier Corral por la pasarela mediática, y cuándo comparecerá ante la justicia de Chihuahua por el presunto delito de peculado de 98.6 millones de pesos, así como de su llegada a Morena para protegerse con el fuero.
Mientras que a Ernestina Godoy, se le señala si así con el mismo ímpetu con el que celebra la detención de César Duarte, lo mismo ocurrirá en contra de Adán Augusto López Hernández por el tema de "LaBarredora", las caravanas médicas donadas a Andrea Chávez, las denuncias contras los hijos de López Obrador, lo relacionado al Huachicol Fiscal, así como la corrupción en Segalmex y Pemex.
No coinciden agendas de Daniela y Lilia para el debate
El debate que se han cantado, la diputada federal del PT y la presidenta del PAN en Chihuahua, parece que no tendrá fecha de coincidir.
Primero fue Lilia Aguilar quien propuso debatir con Daniela en el DEGA el pasado viernes, sin embargo, no estuvo en Chihuahua Daniela Álvarez por agenda en otra ciudad.
Luego Daniela Álvarez durante el fin de semana convocó al debate para este lunes en el Congreso del Estado en punto de las 12pm.
Lilia Aguilar dio a conocer que no estará presente porque este lunes tienen trabajo en Comisión de Puntos Constitucionales, donde es Secretaria de la Comisión. "Quiero aclarar que el Congreso del Estado no es la oficina particular de nadie", dijo.
Rosa Icela Rodríguez encabeza la mañanera de este viernes
Debido a la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a los Estados Unidos, la secretaria de gobernación Icela Rodríguez encabezó esta mañana la "mañanera del pueblo".
Rodríguez expuso que la presidenta salió a Estados Unidos la tarde del jueves 04 de diciembre en un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional, según la secretaria, por los tiempos de ida y vuelta, además expuso que se informó al Senado de la República sobre su ausencia y el motivo.
Sheinbaum estará esta mañana en el sorteo para determinar el grupo de países que jugarán en el Mundial de Futbol 2026, en compañía del presidente Donald Trump y el ministro de Canadá Mark Carney. Por otro lado, se espera que la mandataria nacional se reúna con los anteriormente mencionados para llevar a cabo platicas del T-MEC.
Conclave de "morenistas" con titular de Conagua, acusan mercado negro del agua
Este martes se reunieron en privado los senadores de Morena, con el titular de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales, previo a la votación de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales que se someterá a votación este miércoles.
El senador Juan Carlos Loera confirmó que esta reunión es “para analizar la Ley de Aguas Nacionales, con la cual se busca frenar el mercado negro y la sobreexplotación de este recurso".
Aseguran que se legislará sin afectar derechos, pero poniendo límites a los abusos, a la corrupción y al acaparamiento del agua.
Se le olvida a Claudia Sheinbaum que el que calla otorga…
Bien dicen que el que calla otorga, y en esta ocasión quien evitó dar declaraciones sobre la causa de la salida de Alejandro Gertz Manero de la FGR que se calificó como “grave”, fue la presidenta Claudia Sheinbaum.
Pues al ser cuestionada por una reportera durante la rueda de prensa matutina, la mandataria nacional evadió la pregunta y dijo que se reconoce el trabajo del ex fiscal, “lo importante es el reconocimiento a su trabajo y que él acepta irse a una embajada, ahora está Ernestina Godoy de interina y el proceso que se va a llevar a cabo en el senado… creo yo que es importante, manteniendo la la autonomía de la fiscalía que es fundamental, fortalecer la coordinación”, se limitó a decir.
Pese a esta nula respuesta, la periodista reformuló la pregunta en vano y mencionó la carta enviada por parte del Senado, a lo que Sheinbaum respondió que se trata de “otra cosa”, la razón de la salida de Gertz, “eso es otra cosa, lo importante es que hoy estamos en esta circunstancia y vamos a seguir hacía adelante”, sentenció.
Loera y Mata se retan a debatir en medio de disputa por reforma a la Ley de Aguas Nacionales
La tensión política en torno a la reforma a la Ley de Aguas Nacionales escaló luego de un intercambio directo entre el senador de Morena, Juan Carlos Loera, y el director general de la Junta Central de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Mario Mata.
El desencuentro surgió en un chat donde Loera señaló a Mata como parte de un “grupo violento” y lo acusó de recurrir a agresiones físicas ante la falta de argumentos. Mata respondió de inmediato, rechazando categóricamente las acusaciones y negando haber agredido o mandado agredir a alguien.
“No sé a qué te refieres, estimado Juan Carlos. Nunca he agredido a nadie ni mandado agredir. Acepto tu reto y pon el lugar y la fecha”, escribió Mata, quien además exigió aclaraciones frente a lo que calificó como señalamientos infundados.
El intercambio terminó convirtiéndose en un reto público a debatir, aunque ninguno de los dos ha anunciado hasta ahora la fecha, el formato o el lugar donde podría realizarse el encuentro.
La discusión se da en medio del creciente debate nacional sobre la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, un tema que ha encendido fricciones entre distintos actores políticos y sectores productivos, especialmente en Chihuahua, entidad históricamente marcada por disputas sobre uso y control del agua.
