La audiencia de imputación contra 12 funcionarios por presuntas omisiones en el caso del Rancho Izaguirre en Jalisco, el cual presuntamente era usado como centro de adiestramiento y exterminio por el crimen organizado, se aplazó nuevamente ya que el Poder Judicial se encuentra de vacaciones.
Cabe destacar que la Fiscalía Anticorrupción judicializó el caso el 13 de mayo y se estableció la fecha de audiencia para el 29 del mismo mes pero se suspendió sin que se diera una nueva fecha. Durante julio, las partes interesadas visitaron los juzgados para consultar el calendario y ubicaron un documento que apuntaba la audiencia para este 4 de agosto, pero no se llevó a cabo.
Cecilia Ayala, abogada de tres de los cuatro peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) señalados, dijo que las partes no fueron notificadas de la cancelación y a pesar de eso se presentaron como establecía la fecha, pero la persona se encontraba de vacaciones.
“Los peritos que también aquí están presentes están interesados en saber cuál es el estado que guarda esta carpeta. La que es la jefa de administración de causas, así se le llama, nos indica que poniendo en contexto el tema con el juez, le da la indicación de que no hay fecha”, dijo en entrevista con Telediario Guadalajara.
Hasta este momento se desconoce la nueva fecha de imputación en contra de los funcionarios por las presuntas omisiones e irregularidades en el caso del Rancho Izaguirre.
Entre los servidores públicos señalados se encuentran ocho elementos de la Fiscalía de Jalisco (agentes del ministerio público y policías de investigación) y cuatro miembros del IJCF (peritos criminalistas y personal técnico forense).
Hace unos días, Blanca Jacqueline Trujillo Cueva, vicefiscal de Personas Desaparecidas, negó haber suspendido las búsquedas en el Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, y dijo que su labor se limita a coordinar y supervisar las actividades de los funcionarios a su cargo.
“Quien es el responsable jurídicamente de un procesamiento y que decide cuándo inicia y cuándo jurídicamente lo va a declarar concluido, pues son los servidores públicos que intervienen directamente en el mando y conducción, firmando registros (…) para eso existe cada agencia del ministerio público que es la responsable de los casos que tiene a cargo. Entonces, en este caso yo no podría porque no está dentro de mis facultades el ordenar que inicien o dejen de hacer algo”, mencionó.
Con relación al mismo caso, a inicios de julio, la Fiscalía de Jalisco informó que la condena de los 10 detenidos en el Rancho Izaguirre es de 141 años y tres meses en prisión para cada uno, pues fueron declarados culpables de los delitos de desaparición cometida por particulares, desaparición cometida por particulares agravada y homicidio calificado.
Con información de: Animal político.