La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral comenzó, con la realización de la primera audiencia pública en la que participación morenistas y académicos, los trabajos para recoger ideas, preocupaciones y propuestas de la población con las que se construirá una iniciativa que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enviará al Congreso de la Unión.
En el Salón Revolución de la Secretaría de Gobernación se dieron cita las primeras 15 personas, en su mayoría políticos afines a la Cuarta Transformación y académicos, para participar en este ejercicio al que no asistió ningún integrante de la oposición política.
Cada participante contó con cinco minutos y frente Pablo Gómez, José Merino y Lázaro Cárdenas Batel, tres de los siete miembros de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral que participaron en la audiencia, expusieron sus ideas. En representación de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, acudió César Yáñez, subsecretario de la dependencia.
Esta primera jornada se prolongó durante una hora y 40 minutos. Los participantes pidieron que las poblaciones vulnerables sean incluidas en la participación política del país y no se les considere una cuota o concesión como, reprocharon, se ha hecho hasta la fecha.
“Para nosotros es muy importante estar incluidos en la vida democrática de México porque no puede existir una democracia sin diversidad”, dijo la diputada Almendra Negrete, legisladora por Morena en el Congreso de Sinaloa.
La diputada, quien se hizo de su curul bajo la figura de acción afirmativa, urgió a la comisión a impulsar acciones para evitar la usurpación de las acciones afirmativas, pues, agregó, se han dado casos de políticos que se han aprovechado de esta figura para alcanzar un puesto de elección popular.
Las acciones afirmativas indicadas por la autoridad electoral exigen que los partidos políticos postulen un mínimo de personas indígenas, afromexicanas o afrodescendientes, con discapacidad, de la diversidad sexual o mexicanos migrantes para ocupar curules y escaños del Congreso de la Unión.
Roselia Bustillos, magistrada presidenta de la sala regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), consideró que una parte medular de la reforma es armonizar los derechos político-electorales de todas las normas federales y, en su caso, locales, respecto de los espacios que se deben considerar para la representación efectiva de las personas indígenas. El diputado morenista Alfredo Vázquez acusó “el regateo constante en cada proceso electoral”.
Otra de las propuestas que se expusieron fue impulsar el voto electrónico para reducir los costos de las elecciones y garantizar un conteo rápido y sin errores de los votos.
Aunque también se dijo que podría ser posible votar a través de los teléfonos celulares, se subrayó que este tipo de herramientas podría afectar a las personas con escasos recursos.
Durante esta primera mesa no se abordó específicamente el tema de los plurinominales, una figura que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha dicho que debe desaparecer; sin embargo, los participantes cuestionaron si en verdad el país requiere el actual número de legisladores que, en su mayoría, “no responden a sus distritos”.
La desaparición de los tribunales electorales locales, recortar los institutos electorales estatales y hacer un análisis profundo sobre cuál es el trabajo de cada una de estas instituciones para evitar la duplicidad de labores, fueron propuestas de Jaime Castañeda Salas, exrepresentante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE).
La profesora Andrea Samaniego Sánchez, docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), abordó el tema de la comunicación política, la desinformación y el rastro del dinero durante las campañas.
Explicó que tras la reforma de 2007 se redujo la posibilidad de que particulares pudieran pagar campañas y se centralizó el uso del tiempo oficial para estos fines, sin embargo, “el desfase entre la normativa y la práctica real de la comunicación política generó un vacío que ha sido aprovechado para emplear las nuevas tecnologías y hacer campañas, crear estrategias de desinformación, infundir miedo o llamar al voto fuera de los tiempos legales vía influencers”.
La académica consideró que los trabajos de la reforma deben considerar “¿cómo podemos rastrear el dinero y los gastos que generan este tipo de actividades en línea?”.
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Sobre el litigio electoral, Francisco Marcos Zorrilla Mateos, secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), dijo que es fundamental que las reglas sean más accesibles y amigables a la población, porque “la ambigüedad es una caja impenetrable para el ciudadano”.
Subrayó que el ciudadano de a pie no sabe qué se puede impugnar ni cómo, pues los tecnicismos hacen casi imposible entender los procesos; incluso dejó abierta la posibilidad de impulsar juicios en línea.
Los integrantes de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral no emitieron ninguna opinión, solo tomaron notas. Durante los próximos tres meses se prevén audiencias públicas tres veces por semana y serán transmitidas en vivo. Se espera que en enero de 2026 se esté en posibilidad de presentar una propuesta de Reforma Electoral.
Con información de Animal Político.