CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– A ocho años del sismo del 19 de septiembre de 2017 el Gobierno de la Ciudad de México aún no concreta en su totalidad la promesa de devolverle su vivienda a todos los damnificados. En ese lapso varios de los dueños han fallecido y otros propietarios siguen en la interminable lucha para que las constructoras les respondan.
Peor aún, algunos de los funcionarios que estuvieron a cargo del proceso de reconstrucción en la administración de la entonces jefa de Gobierno capitalina, la hoy presidenta Claudia Sheinbaum, ahora ocupan puestos en el gobierno federal con el mismo encargo, paradójicamente, de construir miles de viviendas a escala nacional.
A su vez, la actual jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha heredado a exfuncionarios de Sheinbaum relacionados con la reconstrucción y hoy ocupan cargos en su gabinete capitalino.
En el primer informe de gobierno, entregado al Congreso de la CDMX el 1 de septiembre último, la exalcaldesa de Iztapalapa dedicó sólo dos párrafos al tema, con el título “Reconstrucción de viviendas afectadas por el sismo de 2017”.
En ellos presumió que se tiene un avance “del 99% de las obras mediante esquemas de rehabilitación y reconstrucción, con lo cual se ha atendido a más de 22 mil personas propietarias, poseedoras o casahabientes de viviendas que resultaron con algún tipo de daño”.
Siguió: “El 95% de las viviendas reconstruidas o rehabilitadas ya han sido entregadas a las familias damnificadas” y promete “concluir en la primera parte de 2026 la totalidad de la reconstrucción de las viviendas afectadas”.
Entre el 5% de las viviendas que faltan por entregar está la de María Soledad Pineda Liévanos, de 82 años, ubicada en la calle Galicia 253, colonia Álamos, en la alcaldía Benito Juárez.
Se trata de uno de los varios casos en los que las empresas constructoras contratadas por el gobierno capitalino y las subcontratadas por éstas no han terminado las obras por el principal argumento de que el gobierno de la CDMX no les ha pagado los trabajos acordados. Mientras, los edificios están en obra gris y las lluvias recientes ya los tienen con humedad, hongos y múltiples desperfectos.
El de Pineda Liévanos era uno de los 14 departamentos en los que vivían 45 personas y ella era una de las seis dueñas adultas mayores. Aquella tarde del 19 de septiembre de 2017, el sismo de magnitud 7.1 dejó el edificio con un dictamen de “alto riesgo de colapso”, según el Instituto para la Seguridad de las Contrucciones (ISC), y fue demolido.
De acuerdo con Claudia Bañares, hija de María Soledad, el 21 de septiembre de 2020 la Comisión para la Reconstrucción, entonces a cargo de César Cravioto, firmó una carta compromiso en la que prometió otorgar los recursos suficientes para la construcción del nuevo edificio. Y asignó la obra a la empresa BeProducts, S de RL de CV, con un costo de 44 millones 684 mil 130 pesos, y un plazo de terminación de 16 meses. Desde entonces el martirio se prolongó.
Durante 2021 se firmaron tres contratos modificatorios en los que se autorizaron cambios en los proyectos y fechas de entrega. Para mediados de 2022, cuando la comisión ya estaba a cargo de Jabnely Maldonado, signaron un contrato más para la ampliación de presupuesto por 16 millones y la firma de una cláusula para garantizar que la comisión no los dejaría “en estado de indefensión”, y garantizar la entrega de sus viviendas a más tardar el 31 de marzo de 2023. Nada de eso se cumplió, pues la empresa no terminó la obra por incosteable.
En enero de 2023 Sheinbaum Pardo ordenó que la Comisión para la Reconstrucción pasara 97 casos de edificios multifamiliares al Instituto de Vivienda (Invi), a cargo de Anselmo Peña. El resto se quedó en la comisión, a cargo de Maldonado.
En mayo de 2023 la Comisión asignó la obra a Grupo Gilbert Construcciones en Acero, SA de CV, pero en septiembre de ese año la Comisión informó a los damnificados que no tenía recursos insuficientes para concluir y que gestionaría recursos adicionales. El oficio fue firmado por Víctor Olvera Toledo, entonces director general operativo, y Karen Zavaleta, directora de Planeación Estratégica.
Al poco tiempo Gilbert asignó la obra a su filial Casa Futura de Acero, SA de CV, constituida apenas un año antes, en septiembre de 2022. Y aunque en el contrato aseguró que sí tenía la capacidad económica para concluir la obra, ha aplazado la fecha de entrega más de tres veces con el argumento de que no tiene dinero. Peor aún, dice Claudia Bañares, la autoridad le asignó a esa constructora siete obras más de reconstrucción, “lo que anticipa un riesgo mayor en el cumplimiento”.
Mientras se resuelven temas legales pendientes, Claudia Bañares pide al gobierno local la liberación de recursos para terminar el predio, cuyos avances ya se han deteriorado por las lluvias y ya hasta tienen moho.
Ana Delia Escárcega también perdió su departamento por el sismo del 19 de septiembre de 2017, ubicado en el número 50 de la calle General Pedro Antonio de los Santos, colonia San Miguel Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo.
Luego de ser una de las damnificadas más férreas en las manifestaciones para exigir atención, el 28 de julio de 2024 acudió al acto de entrega del edificio, a manos del entonces jefe de Gobierno, Martí Batres.
Sin embargo, se mudó ahí hace apenas dos meses y su lucha no ha parado, porque el inmueble fue entregado “en obra gris”, sin acabados, sin ventanales y con materiales defectuosos. Los estragos más recientes los ha visto en esta temporada de lluvias pues, a falta de ventanas, el aire y el agua se meten por los pasillos y han causado que se descomponga el elevador (ver video al final de la nota).
“Está por terminar la garantía y tenemos un montón de defectos. Estoy estresada, debería estar feliz, contenta de ya tener mi departamento, pero no es así”, afirma en entrevista.
Además, en esos dos meses en tres ocasiones ha tenido que pagar reparaciones por la filtración de agua que le dejó la constructora designada por la comisión. Peor aún, denuncia que la autoridad da prioridad a terminar los 18 departamentos que construyó en el inmueble como parte del proceso de redensificación, para ponerlos en venta o renta a la brevedad.
Por si fuera poco, aún no puede decir que es dueña del departamento porque la autoridad tiene problemas administrativos para darle las escrituras y tampoco les han dado los libros blancos.
Ya no nos quieren llamar damnificados, sino beneficiarios –denuncia–. No han terminado de cumplir. Han hecho lo que han querido, como lo hace la 4T.
En estos ocho años de espera Escárcega ha recibido la noticia de la muerte de, al menos, dos compañeros de lucha que, como ella, se manifestaron en múltiples ocasiones para recuperar sus viviendas: Miguel Tirado y Sara Chío, cuyos testimonios obtuvo Proceso para la edición mensual 0003 de septiembre de 2023.
Aún más, de acuerdo con testimonios recabados, existen casos en los que a los edificios en obra negra se han metido presuntos invasores y ya ha tenido que intervenir el Ministerio Público. Hay otros casos en los que la reconstrucción apenas comienza y unos más en los que las constructoras demandaron a los dueños de los departamentos por falta de pago del gobierno.
A ocho años del 19S, personas damnificadas ven con enojo y frustración que los funcionarios que en campaña les prometieron regresarles sus viviendas, en vez de ser sancionadas por incumplir su palabra, hoy tienen cargos de mayor jerarquía y lo peor, en el mismo ramo de la vivienda.
Para empezar, mencionan a Sheinbaum Pardo quien, en junio de 2023, un año antes del periodo para el que fue electa, dejó la Jefatura de Gobierno para buscar la Presidencia. La excomisionada Jabnely Maldonado hoy es vocal ejecutiva del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE). Rodrigo Chávez, exmano derecha de Anselmo Peña en el Invi, hoy es director general de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).
En el gobierno de la CDMX también se quedó el primer comisionado en la era de la 4T, César Cravioto, quien hoy es secretario de Gobierno. En tanto, Inti Muñoz, exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, hoy es titular de la nueva Secretaría de Vivienda.
“Lo único que hacen es cambiar de puesto. En lugar de sancionarlos por no dar el ancho, los premian. Es parte de la consigna”, concluye Escárcega.
Con información de Proceso.