CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A siete meses de la desaparición formal del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y de su reemplazo por Transparencia para el Pueblo –un organismo que forma parte del gobierno federal--, el acceso a la información pública ha sufrido un retroceso “preocupante”, según advirtió un colectivo de periodistas de investigación.
Organizados en la iniciativa Periodistas de Investigación por el Acceso la Información (PIPAI), los integrantes de esta red advirtieron que, de 833 solicitudes de información presentadas entre junio y agosto en distintas entidades del país, más de una tercera parte –el 35.38%-- fueron “incompletas o evasivas”, con “ligas rotas”, “datos parciales” o “negativas injustificadas”, y en general lamentaron la “resistencia burocrática y tecnocrática” al acceso a la información.
Para el periodismo, el sistema de transparencia representa una herramienta importante para conseguir información pública que no está disponible en los canales institucionales, y realizar así un trabajo independiente de las comunicaciones oficiales que emanan del gobierno.
El PIPAI, encabezado por la periodista Sandra Romandía, deploró que se produjo un “retroceso estructural” a raíz de la eliminación del INAI, uno de los organismos constitucionalmente autónomos que el expresidente Andrés Manuel López Obrador mandó desaparecer, bajo el pretexto de que era una institución cara y excesivamente burocrática.
El INAI centralizaba toda la información pública de los sujetos obligados –gobiernos federal, estatales y municipales, Fiscalía General de la República (FGR) y partidos políticos, entre otros--, administraba la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y gestionaba las solicitudes de información emitidas por la ciudadanía; entre sus facultades, el pleno de comisionados del INAI podía obligar a las instituciones a entregar la información a los ciudadanos, aun cuando los funcionarios se negaban a transparentarla.
Cuando se concretó la transición del INAI a Transparencia para el Pueblo, el pasado 12 de mayo, la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Gómez, prometió que el derecho a la información quedaría en buenas manos, y que la dependencia a su cargo no será “juez y parte” en el momento de determinar si una información se transparenta o se reserva.
En las primeras semanas de la transición sucedieron fallas en la PNT, y en agosto pasado la organización Artículo 19, denunció que Transparencia para el Pueblo había desechado el 99.6% de los recursos de revisión que resolvió. La Secretaría Anticorrupción respondió entonces que había desechado solamente el 14.6% de los recursos que recibió.
En su primer informe como iniciativa ciudadana, PIPAI llegó a conclusiones similares a las de Artículo 19: los 17 periodistas participantes en la iniciativa vieron su trabajo obstaculizado debido a las respuestas incompletas o evasivas, y deploraron “fallas recurrentes en la PNT, barreras formales e informales, y un consenso de opacidad alta, con calificación promedio de 1/5 en accesibilidad y calidad de información”.
Según PIPAI, el 78% de los periodistas de investigación percibió “deficiencias en la calidad de las respuestas”, es decir, dependencias que se niegan a entregar información amparándose en pretextos de “no competencia”, “seguridad nacional” o “información reservada”, especialmente en el gobierno federal, lo que muestra una continuidad de la administración de Claudia Sheinbaum Pardo con la de López Obrador.
Con información de: Proceso.