GUERRERO (apro) .- Diez años después de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) planteó al gobierno mexicano investigar el posible uso de hornos crematorios en la desaparición de 43 estudiantes, ayer la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA) aseguró dos funerarias y sus crematorios en Iguala por los delitos de desaparición forzada, contra la salud y otros.
Se trata de las funerarias “El Ángel” y “Rueda”, propiedad de Rodolfo Rueda Mazón, empresario que durante el gobierno de Ángel Aguirre Rivero (2011-2014) recibió la concesión del Servicio Médico Forense (Semefo) por parte de la Secretaría de Salud de Guerrero, cuyo titular en ese entonces era su pariente Lázaro Mazón Alonso, informaron fuentes de la región.
Derivado de la carpeta de investigación FED/SDHPDSC/01-GRO/0000022/2020, agentes de la UEILCA, encabezada por Mauricio Pazarán, de la Fiscalía General de la República (FGR), aseguraron durante la tarde del jueves las funerarias “El Ángel” y “Rueda”.
En la diligencia participaron efectivos de la Guardia Nacional, el Ejército y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC).
En Funerales Económicos Rueda, ubicada en la calle Bandera Nacional número 48, en la colonia Centro de Iguala, fueron colocados sellos con los logos de la FGR y de la UEILCA con la leyenda “Inmueble asegurado” por el delito “Contra la salud”.
Mientras que en funerales El Ángel y en sus crematorios, los agentes colocaron sellos con la leyenda de delitos “Desaparición forzada y otros”.
Durante las diligencias fue detenido el propietario y un empleado de las funerarias, revelaron fuentes.
Los hornos crematorios se ubican en la carretera federal México-Acapulco, a la altura de la comunidad Rancho del Cura, en el crucero hacía los municipios de Huitzuco de los Figueroa y Tepecoacuilco de Trujano.
En esa ciudad fueron desaparecidos de manera forzada por policías y criminales, ante la presencia del Ejército, 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Otros tres normalistas fueron masacrados y uno más resultó lesionado y permanece en estado vegetativo.
Fuentes consultadas en Iguala aseguran que a la funeraria “El Ángel”, propiedad del empresario Rodolfo Rueda Mazón, le fue subrogado el Servicio Médico Forense por parte del entonces titular de la Secretaría de Salud del gobierno de Ángel Aguirre, Lázaro Mazón Alonso.
Lázaro Mazón fue dos veces alcalde de Iguala y senador por el PRD, así como uno de los fundadores de Morena en Guerrero.
Aguirre Rivero gobernó la entidad de 2011 a 2014, año que se vio obligado a presentar su renuncia por el caso Ayotzinapa.
En noviembre de 2015, la abogada Ángeles Buitrago del GIEI, que investigaba el caso Ayotzinapa, aseguró que la búsqueda de los expertos se centraba en los hornos crematorios y en el hallazgo de nuevas fosas en la zona.
El GIEI pidió al gobierno de Enrique Peña Nieto evaluar todos los posibles destinos de los normalistas debido al hallazgo de un resto óseo cremado en el río San Juan, de Cocula, el 29 de octubre de 2014.
Un estudio genético realizado por la Universidad de Innsbruk, determinó que correspondía al estudiante Alexander Mora Venancio.
La diligencia del hallazgo de un fragmento de hueso fue encabezada por el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, hoy prófugo en Israel.
Fue hasta abril de 2016 que se dio a conocer que la FGR identificó la ubicación de incineradoras de la zona, hornos, crematorios y funerarias en Iguala y Cocula.
Y que solicitó a empresas de suministro de gas que informaran las cantidades surtidas al único crematorio de Iguala, el de funerales “El Ángel”, sin embargo, no se profundizó en esa línea de investigación.
En diciembre de 2015, la funeraria “El Ángel” fue rafagueada en dos ocasiones por hombres armados, consignó en su momento el reportero Alejandro Guerrero.
Con información de: Proceso.