El segundo piso de la llamada Cuarta Transformación sigue generando controversia. A siete años del triunfo electoral de Morena en 2018, las fuerzas opositoras han intentado exhibir las fisuras internas del movimiento fundado por Andrés Manuel López Obrador, señalando tensiones, contradicciones y pugnas de poder dentro del oficialismo.
Mientras la oposición buscaba incomodar al régimen, políticos del PRI y PAN han denunciado ser víctimas de una “persecución política” por parte del gobierno morenista, al considerar que los señalamientos en su contra responden más a motivos partidistas que a investigaciones de fondo.
Aquí en Político MX nos dimos a la tarea de recordar a esos personajes opositores que en sus propias palabras, se han sentido “perseguidos” por el movimiento de la Cuarta Transformación.
El dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, ha sido uno de los líderes partidistas más “férreos” contra el oficialismo.
A través de señalamientos, acusaciones e incluso denuncias, Moreno Cárdenas ha buscado demostrar ‘actos ilícitos’ dentro del movimiento de la Cuarta Transformación.
No obstante, el líder priista ha sostenido públicamente ser víctima de una persecución política orquestada por el régimen oficialista.
El exgobernador de Campeche es señalado principalmente por el delito de enriquecimiento ilícito debido a un aumento inexplicable en su patrimonio.
Las acusaciones han llevado a intentos de desafuero en la Cámara de Diputados, promovidos el pasado mes de julio por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Campeche, buscando retirarle la inmunidad para proceder penalmente.
Al senador de la República se le señala por presuntos delitos de peculado y por un supuesto desvío de 83.5 millones de pesos durante su paso como gobernador de la entidad campechana entre 2015 y 2019.
Foto: Cuartoscuro
A esto, Moreno Cárdenas ha respondido que su patrimonio es lícito y que las acciones judiciales son una “venganza política” por su férrea oposición al gobierno actual.
“Alito” ha denunciado ser blanco de una campaña de desprestigio por negarse a los intereses de Morena y por ejercer una crítica constante al régimen.
Su defensa se basa en que el oficialismo está usando las instituciones de justicia para eliminar a sus adversarios políticos.
Ricardo Anaya Cortés, coordinador de senadores del PAN y excandidato presidencial en 2018, ha denunciado ser blanco de una “persecución política” orquestada directamente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Foto: CUARTOSCURO
El hoy senador del PAN señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusó de los delitos de cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa.
Las imputaciones se basan principalmente en la declaración del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, quien afirmó que Anaya Cortés recibió sobornos para votar a favor de la Reforma Energética en 2014.
Emilio Lozoya declaró ante la FGR que, por instrucciones del entonces presidente Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda y Crédito Público, entregó 6.8 millones de pesos a Anaya Cortés.
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El objetivo era asegurar que el entonces legislador panista impulsara la aprobación de las reformas estructurales en el Congreso de la República.
Según la declaración, el dinero fue entregado a una persona de confianza de Lozoya y ratificado por Anaya.
Por su parte, el panista sostiene que la FGR lo quiere “meter a la cárcel con mentiras y dos testigos balines” para frenar su carrera presidencial en 2024, por lo que ha negado rotundamente estas acusaciones, calificándolas de “mentiras compulsivas” y persecución política.
Anaya se defiende asegurando que su voto en la reforma fue meses antes del supuesto soborno, lo que invalida el argumento de la FGR.
El panista destacó que fue invitado por AMLO de presentarse a una audiencia en el Reclusorio Norte, sin embargo, argumentó que de presentarse sería encarcelado por casi 30 años, por lo que optó por el “exilio” en agosto de 2021 para mantener sus derechos políticos y seguir denunciando al gobierno.
“Que te quede bien claro Andrés Manuel, yo no me escondo ni huyo, y me exilio con mucho dolor de mi país para poder seguir luchando. No te vas a deshacer de mí, y cada vez somos más los que no te tenemos miedo, y estamos dispuestos a enfrentarte tope donde tope”, señaló Ricardo Anaya en uno de sus videos por YouTube.
Tras refugiarse por 3 años en Estados Unidos, fue hasta 2024 que el panista regresó al país y se registró como senador por el PAN, retomando así su actividad política.
El exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca ha sido otro personaje de la oposición que ha dicho ser un perseguido político del oficialismo, especialmente del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Francisco García Cabeza de Vaca fue acusado por la FGR de delitos graves, entre los que se incluyeron delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir, lavado de dinero.
También se le señaló por defraudación fiscal equiparada durante su gestión como gobernador de Tamaulipas entre 2016 y 2022.
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La FGR inició la investigación desde agosto de 2020 tras una denuncia que fue parte de un proceso de desafuero solicitado a la Cámara de Diputados en 2021; posteriormente se emitieron órdenes de aprehensión y una alerta migratoria en su contra.
Por su parte, el panista aseguró ser víctima de una “burda y cobarde persecución política”, y afirmó a través de diversos medios que la acción legal proviene del partido oficialista, Morena, y del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por no coincidir con la política de “abrazos y no balazos”.
Señala que su persecución se debe a que no se sometió al actual régimen y por destapar el llamado “huachicol fiscal” en 2019, donde dio aviso al expresidente López Obrador a través de un documento que incluso recibió la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, según Aristegui Noticias.
La defensa legal del panista recurrió a diversos recursos, logrando amparos contra las órdenes de aprehensión en su contra. El exmandatario ha insistido en que es inocente y que todo el proceso está “fabricado”.
“Desde el 30 de noviembre de 2023 se me concedió un amparo contra la ilegal orden de aprehensión librada en mi contra. Sin embargo, debido a las “chicanadas” procesales características de la FGR, no se ha permitido que el Poder Judicial de la Federación resuelva en definitiva y conforme a derecho”, se lee en una de sus publicaciones en X .
Actualmente, el caso del exgobernador panista se encuentra en revisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); mientras que él se encuentra residiendo en Estados Unidos.
La polémica Sandra Cuevas Nieves, exalcaldesa de Cuauhtémoc, recientemente señalada a organizaciones criminales como “La Chokiza” y “La Unión Tepito”, acusó en su momento persecución política por parte de la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien en su momento fue Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
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En marzo de 2022, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJ CDMX) investigó a Sandra Cuevas por tres delitos: se le acusó de abuso de autoridad, robo con violencia o agravado y discriminación.
La denuncia provino de dos mandos de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), así como de un elemento auxiliar:
Las denuncias se originaron tras un incidente ocurrido el 11 de febrero de 2022 en las oficinas de la Alcaldía Cuauhtémoc, donde los mandos fueron citados a una reunión con la alcaldesa para discutir la ampliación de la vigilancia.
Según la acusación ante la FGJ CDMX, en la reunión fueron presuntamente agredidos física y verbalmente por la alcaldesa y otros funcionarios.
Los policías alegaron que fueron despojados de sus radios y celulares, y retenidos contra su voluntad por más de una hora, lo que motivó la acusación de privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y robo.
Sandra Cuevas calificó la acción como un “montaje” y “persecución política” en su contra por parte de Claudia Sheinbaum, y argumentó que el objetivo era recuperar el control económico de la alcaldía Cuauhtémoc tras la derrota de Morena, cuando cuevas resultó electa por la coalición PRI, PAN y PRD.
En marzo de 2022, la juez de control Elma Maruri, la suspendió temporalmente del cargo como alcaldesa de Cuauhtémoc por tres días y la vinculó a proceso.
Como parte de las medidas, no podía salir del país ni acercarse a las víctimas; sin embargo, el 6 de octubre de 2022, un juez dictó fallo absolutorio a su favor por los delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación.
La exalcaldesa fue absuelta de los cargos penales por el juez Enrique García Garrido de la Sala 011. Anteriormente, en marzo de 2022, ya ofreció una disculpa pública a los mandos como parte de un acuerdo reparatorio que le permitió retomar su cargo oficialmente.
Con información de Político.mx