Coahuayana: el coche bomba que puso a prueba la resistencia de la comunidad ante el narco

El estruendo seco de un disparo escupido por un rifle de asalto suspende de golpe el bullicio cotidiano en la comandancia de la guardia comunitaria de Coahuayana, en Michoacán.

Durante cinco segundos nadie se mueve. Los ojos muy abiertos y los rostros súbitamente lívidos de los guardias comunitarios se buscan desencajados. El eco del balazo —más cercano a la detonación de una granada que a un tiro aislado— les atraviesa la memoria: el 6 de diciembre de 2025, una camioneta cargada con explosivos estalló frente a esta misma comandancia y dejó cinco muertos y al menos 12 heridos de gravedad. En el pueblo lo llaman ‘narcoterrorismo’, aunque las autoridades se apresuraron a descartar esa palabra.

“¿¡Qué pasó!?”, grita tras abrir la puerta de su despacho Héctor Zepeda. A él todos lo conocen como ‘comandante Teto’, el jefe de las autodefensas.

Un guardia sale detrás con el rifle empuñado y avanza hacia el arco de la entrada. Otro autodefensa, un muchacho de 22 años vestido de uniforme táctico azul marino y chaleco antibalas verde militar, lo sigue. Detrás del viejo mostrador de madera donde está la “centralita”, Reyna López corre por los niños que jugaban en el pasillo y los lleva a la cocina con sus madres. En la celda frente a la “centralita”, tres jóvenes detenidos por ebriedad se esconden espantados en el fondo.

Son poco más de las nueve de la mañana.

El silencio es espeso.

“¿¡Qué pasó!?”, repite el comandante.

Desde el acceso aparece uno de los hombres encargados de la vigilancia. Levanta la mano. Sonríe nervioso. Se toca el pecho.

No es un ataque ni una balacera. Tampoco es otro coche bomba.

Con voz baja y tímida, se disculpa: llevaba el tiro arriba y no traía el seguro puesto. El disparo se le escapó al suelo. La potencia del rifle y el eco de la bóveda de la entrada magnificaron el susto.

Hay una reprimenda breve. La comandancia vuelve a respirar. Los radios siguen crepitando en la “centralita” con los reportes de otros autodefensas que están en varios puntos de la comunidad, vigilando. Afuera, una mujer llega con su hija para pedir audiencia con el comandante. Quiere exponerle un problema.

La calma, sin embargo, dura poco.

Minutos después comienza la ronda de vigilancia por los límites de Coahuayana. Ahí donde, entre la densidad de los cerros y las rancherías con fachadas marcadas por las balas, los autodefensas tratarán de repeler, un día más, el asedio del crimen organizado.

Foto: Fiscalía de Michoacán

“Querían meterle terror a todo el pueblo”

Este 6 de marzo se cumplen tres meses del coche bomba que, según cifras oficiales, dejó cinco muertos y 12 heridos en Coahuayana. Entre las víctimas hay autodefensas que custodiaban la comandancia y voluntarios que apoyaban a la guardia comunitaria. También murió el conductor de la camioneta que, entre plátanos —la principal cosecha de este municipio de la costa del Pacífico—, ocultaba la carga explosiva activada a distancia.

Tres meses después, el ataque sigue en la impunidad: no se han informado detenciones ni se ha precisado qué grupo estaría detrás. En un municipio de apenas 17 mil habitantes —donde casi todos se conocen—, el coche bomba sacudió a toda el pueblo. En un inicio, la Fiscalía General de la República (FGR) lo calificó como “terrorista”, aunque después el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, rechazó ese término y lo definió como un hecho vinculado a organizaciones del crimen organizado que se disputan el territorio.

En esa disputa figuran grupos como Cárteles Unidos y el Cártel Jalisco Nueva Generación, con presencia tanto del lado de Colima —un puente separa Coahuayana de Tecomán, de donde partió la camioneta—, como en municipios michoacanos vecinos: Chinicuila, Aquila y Coalcomán.

Son las 12:30 y el calor y la humedad del Pacífico son sofocantes. Ya a bordo de una camioneta negra blindada, el comandante Teto dice al volante que es indiferente cuál haya sido el cártel que envió los explosivos. El punto, subraya, es que querían aniquilarlos; a ellos y a quien se llevaran por delante. Y que aún no se ha hecho justicia.

—Detonaron el vehículo en una calle donde había una paletería, una panadería, una carnicería, una farmacia, un hospital, un kínder y el Ayuntamiento. Querían hacer daño a quien fuera. Para mí eso es terrorismo, no puedo llamarlo de otra manera: querían matar y meterle terror a todo el pueblo.

En el asiento trasero, un autodefensa de unos treinta años —botas militares, jeans, chaleco y gorra verde olivo— mantiene la mano sobre el rifle apoyado entre las piernas. De una de las radios que lleva colgadas del chaleco salen voces entre la estática: otras camionetas avanzan en convoy detrás de la del comandante.

—En el pueblo quedó claro que esos criminales no se tientan el corazón —continúa Héctor Zepeda—. Son capaces de mandar un coche bomba para matar a padres de familia. Hijos. Hermanos. A quien sea.

A continuación, mientras la camioneta se agita al pisar varios baches en la carretera que atraviesa Coahuayana rumbo a las afueras, el comandante reconoce que el Gobierno Federal cubrió los daños materiales en la comandancia —donde aún permanecen restos de vehículos reducidos a hierro— y los gastos hospitalarios de los heridos. Pero insiste en que eso no es justicia.

—Siento coraje —dice, golpeando levemente el volante. Junto a su pierna derecha reposa un rifle de asalto—. Me siento decepcionado. Hasta ahora no hemos mirado absolutamente nada de justicia para los compañeros caídos ni para los heridos. Hubo personas que estaban en la panadería, ciudadanos de aquí de toda la vida, que no tenían nada que ver con la autodefensa y salieron gravemente lastimados. No es justo.

Hace tres años, en enero de 2023, Animal Político realizó un recorrido similar. Entonces, el enfoque periodístico era que, gracias a las autodefensas, Coahuayana se había convertido en un refugio para miles de personas desplazadas de comunidades y municipios vecinos, como Chinicuila o Coalcomán. Pero la denuncia de Héctor Zepeda era que la guardia comunitaria estaba —pese a la policía municipal y a la base militar instalada en el municipio— sola y a su suerte frente al asedio del crimen organizado. “Hay policías y militares, pero no se meten”, decía el comandante.

En febrero de 2026, cuando se hizo este nuevo recorrido tras el atentado con coche bomba, las escenas en Coahuayana resultan parecidas. Un convoy de vehículos artillados de la Marina pasó, hacia las diez de la mañana, frente a la comandancia de la guardia. Pero no venían a preguntar si todo estaba bajo control. Solo querían saber quiénes eran los dos periodistas que tomaban fotos y grababan video.

La presencia de marinos, junto con elementos del Ejército y de la Guardia Nacional, no parece intimidar a los grupos criminales. Lo demuestra el hecho de que, en diciembre pasado, la camioneta cargada con explosivos —ocultos en una batea repleta de plátanos— cruzara sin contratiempos por el retén militar ubicado en la frontera entre Tecomán y Coahuayana. El vehículo, de hecho, se descompuso hasta cuatro veces antes de llegar a la comandancia y fue auxiliado en varias ocasiones por otros presuntos integrantes del crimen organizado que lo escoltaban en moto. Nada de eso encendió alertas. La camioneta tardó cuatro horas en recorrer un trayecto que no supera los 30 minutos. Finalmente llegó a la comandancia. Estalló. Y asesinó a varias personas.

—¿Ha cambiado en algo la situación en Coahuayana desde aquel recorrido de 2023? —pregunta uno de los periodistas.

—Hemos tenido el apoyo últimamente de las instituciones. Están las bases (militares) asentadas para que no pasen estos personajes de los cárteles por la carretera —responde, diplomático.

—Pero, pues… —se ajusta el chaleco antibalas y encoge los hombros— esos personajes pueden entrar a pata, a pie, y siguen los mismos ataques. De hecho, hace cinco días tuvimos una emboscada en esta zona de Palos Marías, a pesar de que hay una base militar cerca.

Hace media hora que la camioneta blindada dejó atrás el asfalto de la cabecera municipal y se internó por brechas de terracería, palmeras y cerro. Se dirige hacia Zapotán para terminar el recorrido en Palos Marías, en los límites con Aquila y, del otro lado de los cerros, con el vecino Chinicuila. “Ahí es donde está sentado el Cártel Jalisco Nueva Generación como Pedro por su casa”, había dicho el comandante minutos antes de iniciar la ronda.

El convoy de los autodefensas avanza lentamente por una carretera estrecha y serpenteante. Tras las ventanillas polarizadas no se distingue a nadie: solo cerro y plataneras. Por el radio del escolta que va detrás de Héctor Zepeda llega la advertencia: extremen precauciones, mantengan los ojos bien abiertos. Desde otro puesto de vigilancia reportan una camioneta solitaria que circula en sentido contrario.

—Copiado —susurra el escolta al radio.

Héctor sigue al volante como si nada. El copiloto le pide al escolta que le pase el otro rifle que va atrás junto a otra escopeta y mochilas con municiones. El escapulario colgado del espejo retrovisor se balancea bruscamente por los baches del camino.

—Ahí mismo —el comandante apunta con el índice derecho a un terreno elevado que corre paralelo a la carretera— fue de donde nos salieron ocho cabrones hace unos días y nos emboscaron. Querían tirarnos del otro lado —apunta ahora hacia la izquierda del camino angosto—. Querían aventarnos por la barranca.

—¿Por eso viajamos en una camioneta blindada? —pregunta de nuevo uno de los periodistas.

El comandante sonríe, cansado, y repite la misma frase del recorrido de hace tres años.

—Si no fuéramos en una blindada, desde cuándo ya no estaríamos en esta tierra.

Luego mira de soslayo al copiloto y le dedica una sonrisa cómplice.

—N’hombre, ya nos hubieran asesinado hace tiempo —añade sin perder la sonrisa cansada—. Si se fijan, mi camioneta tiene impactos de bala —señala un extremo del parabrisas—. He tenido vehículos desbaratados a balazos de esos cabrones. Y nos han puesto explosivos en la orilla de la carretera, en las brechas. De hecho, la otra camioneta que tenía me la dejaron hecha pedazos con explosivos.

“Llevamos 12 años solos”

Son casi las 13:30. El vehículo que alguien reportó por la radio pasa de largo sin mayores consecuencias. El convoy llega hasta el final del recorrido: Zapotán, una pequeña ranchería donde apenas se distinguen tres hombres compartiendo una caguama bajo la sombra de unos árboles frondosos. La camioneta del comandante atraviesa primero un pequeño puesto de control de autodefensas, que saludan levantando la mano. Luego rodea la comunidad, prácticamente vacía bajo el calor infernal de la tarde.

Al pasar frente a unas casas con la fachada baleada —los postes de concreto del tendido eléctrico también exhiben impactos de grueso calibre—, Héctor indica a los periodistas que pueden bajar a tomar imágenes, pero que lo hagan rápido. Del cerro de enfrente —explica, señalando con el índice derecho— los sicarios disparan hacia la comunidad cuando ven a los autodefensas en rondín o detectan a gente desconocida merodeando.

Los autodefensas del puesto de control se mueven inquietos al ver a los periodistas descender de la camioneta. Observan, tensos, hacia el cerro, atentos a cualquier movimiento. Solo se escuchan pájaros y el zumbido lejano de una avioneta sobrevolando las plataneras.

Esta vez, del otro lado no hay disparos.

Los periodistas toman las imágenes con rapidez y regresan al refugio de la blindada negra, que se mueve de inmediato. El resto del convoy la sigue.

El trayecto de regreso a la comandancia se convierte en un inventario de más emboscadas aquí, allá, en distintos puntos de la carretera. Como en el tramo conocido como Coahuayana Viejo o Coahuayana Ejido. Ahí, explica el escolta —ya algo más relajado, aunque sin soltar la empuñadura del rifle—, hace un año explotó otro coche bomba. No saben con certeza por qué detonó en ese paraje solitario, frente a una casa de planta baja que aún hoy —tal como documentó uno de los periodistas en video— conserva las cicatrices de las llamas que lamieron su fachada agrietada. Tal vez el objetivo era también la comandancia. Tal vez explotó por accidente. No lo saben. Lo cierto es que el coche bomba de diciembre pasado es el segundo en muy poco tiempo.

Otro síntoma del asedio permanente en Coahuayana. Del salto en las estrategias militares de los grupos criminales —que ya emplean minas antipersona, drones con explosivos y coches bomba—. Y de la impunidad con la que operan.

Todo ello ocurre en un estado como Michoacán que, si bien ha visto disminuir los homicidios respecto a los años más críticos del inicio de la década, sigue lejos de ser un territorio pacificado. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2025 se registraron mil 267 víctimas de homicidio doloso, lo que equivale a unos 3.5 asesinatos diarios y una tasa cercana a 26 homicidios por cada 100 mil habitantes. La cifra coloca a Michoacán por debajo de estados particularmente letales como Colima (alrededor de 74 homicidios por cada 100 mil habitantes, el más alto del país), Guanajuato (47) o Guerrero (38), pero aún por encima de entidades como Jalisco (alrededor de 18) y de la media nacional (17.5).

—Es mucha impotencia la que sentimos, mucha —dice el comandante, una mano en el volante y la otra rozando la culata del rifle apoyado en su pierna derecha—. Llevamos 12 años solos haciendo este trabajo que le corresponde al Estado. Solos. Nosotros y todos los ciudadanos de Coahuayana.

Sus ojos buscan a los periodistas en el espejo retrovisor.

—El crimen organizado lleva mucho tiempo en libertad, haciéndonos daño —dice—. Nos desaparecen, nos asesinan y ahora hasta nos ponen coches bomba.

Y pasan los años. Y nadie les hace nada.

“Tenemos miedo pero nos animan a que sigamos defendiendo al pueblo”

Fernanda tiene 18 años, pero lleva desde que es una niña como voluntaria en la comandancia de Coahuayana. No es policía comunitaria: ayuda en la cocina mientras estudia —quiere ser psicóloga—, la condición que le pusieron para permitirle colaborar como voluntaria. Aun así, está muy acostumbrada a ver armas.

—Yo lo veo con normalidad —dice con una sonrisa tímida—. Porque ellos (los autodefensas) no están haciendo algo malo, no amenazan a la gente. Están cuidando el pueblo. Por eso no me da miedo: confío en ellos.

A lo que no está acostumbrada es a vivir lo que ocurrió la mañana del 6 de diciembre. Ese día ella y su pareja, un joven autodefensa equipado con chaleco y rifle, estaban en la comandancia cuando estalló el coche bomba.

—Estaba haciendo arroz en la cocina, haciendo mis labores normales de ayudante —narra a un costado del comedor de la comandancia. El aroma a leña quemada se mezcla con el de las ollas hirviendo. Son las 14:30 horas y el comedor comienza a llenarse de uniformados.

—Y de pronto escuché un estruendo muy feo. Corrimos a la oficina del comandante para refugiarnos. Luego salimos a la calle y vimos a muchos compañeros tirados en el piso. Fue horrible ver a tantas personas con las que convives tiradas, heridas y algunas… ya muertas.

Ismael Aguilar, otro autodefensa de 22 años, fue de los primeros en salir aquella mañana para auxiliar a los heridos.

—Fue muy sorprendente el impacto —dice mientras sostiene entre sus brazos un pesado rifle de asalto—. Yo estaba adentro y cuando sentí el madrazo salí corriendo. Acá afuera ya todo era un desmadre —apunta con la barbilla a su alrededor. En la entrada de la comandancia todavía hay rastros de tizne en el suelo.

—Había mucha gente herida y me tocó recogerlos del suelo, entre los escombros. Había láminas por todas partes, pedazos de fierro, esquirlas… Los compañeros tenían rajadas muy hondas y muchas quemaduras. Solo gritaban: ‘¡Ayuda, ayuda!’.

Reyna Pantoja López es la encargada de la ‘cero-cero’, como llaman en clave a la central de radio de la policía comunitaria. Han pasado varias horas desde que en la mañana a un compañero se le escapó un tiro, pero dice con una sonrisa nerviosa que todavía está algo alterada. El recuerdo del coche bomba sigue muy presente.

—Yo estaba aquí —dice golpeando con el índice el mostrador—. Y mi niña también, y los muchachos estaban en la cocina. Tronó muy fuerte, muy feo. Yo pensé que habían aventado la bomba, pero aquí adentro. Fue terrorífico.

Lo primero que hizo, cuenta la autodefensa, fue correr para proteger a los niños y ponerlos a resguardo. Después salió a la calle y se encontró con humo, escombros por todas partes, una camioneta envuelta en llamas —la del comandante Teto—, vecinos aturdidos con esquirlas incrustadas en la cara y gente muy malherida.

—Había muchos compañeros tirados. Unos estaban bien, pero otros… tenían cosas irreparables. Nos gritaban que los ayudáramos, pero ya no se les podía curar, ni hacer nada por ellos —a Reyna se le humedecen los ojos negros.

Tras respirar hondo, la mujer explica que la gente en el pueblo aún está muy asustada por lo ocurrido. La onda expansiva dañó viviendas y negocios —algunos de forma irreparable— hasta a 400 metros de distancia de la explosión. Varias familias tuvieron que abandonar la comunidad en busca de otras oportunidades.

Aun así, cuando se le pregunta por qué sigue vistiendo el uniforme de la guardia comunitaria, Reyna respira hondo y alza la mirada del escritorio.

—Como ciudadana, claro que hay miedo, y también se percibe el miedo de los vecinos. Pero la gente nos da ánimos para seguir resistiendo. Dicen que se sienten más seguros con nosotros y, por eso, tenemos que seguir trabajando.

Reyna termina la frase y vuelve a mirar la radio de la “cero-cero”.

Junto a ella, un par de rifles descansan contra la pared.

En Coahuayana, nadie sabe cuándo volverá a sonar la próxima alerta.

Con información de Animal Político.