A un año del Plan C de López Obrador: 5 de febrero, el día en que se selló el destino de México

El 5 de febrero del año pasado, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su paquete de 20 reformas constitucionales, el denominado Plan C, en el marco de la conmemoración del 5 de febrero, Día de la Constitución, y que terminó por definir un nuevo rumbo para el país.

Todo comenzó en abril de 2022 con la presentación ante el Congreso de una reforma a la Constitución para modificar el sistema electoral de México, que contemplaba la desaparición del Instituto Nacional Electoral como tal, así como los plurinominales y los Organismos Públicos Locales, entre otros cambios sustanciales.

Consciente de que no tendría la mayoría necesaria para que la reforma fuera aprobada, lo que efectivamente sucedió en diciembre de ese año, el exmandatario se anticipó a este hecho y a finales de ese año presentó otra reforma electoral que afectaba sólo a leyes secundarias. Fue lo que denominó el Plan B.

La reforma fue aprobada gracias a que Morena y aliados sí contaban con los votos suficientes para modificar leyes secundarias. Una primera parte quedó lista en diciembre de ese año, y la otra en marzo de 2023.

Sin embargo, ambas tandas de leyes fueron objeto de controversias constitucionales por la celeridad en su aprobación, y a sabiendas de que era probable que la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría invalidarlas, López Obrador anunció ese mes su Plan C: obtener en la próxima elección federal la mayoría suficiente para modificar la Constitución.

Y como se anticipaba, la Suprema Corte invalidó en mayo de ese mismo año la primera tanda de leyes de la reforma electoral, y en junio la segunda. Pero el golpe decisivo para el mandatario llegaría el 1 de febrero de 2024, cuando la Suprema Corte invalidó la reforma energética, vigente desde marzo de 2021.

Fue así que cuatro días después, el 5 de febrero, presentó la contraparte del "carro completo" del Plan C: un paquete de 20 reformas constitucionales que incluía la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular, en lo que fue interpretado como una venganza contra el Poder Judicial por la anulación de la reforma energética.

El paquete también incluía la eliminación de diversos organismos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), al que en ocasiones anteriores ya había evadido al declarar vía decreto que las obras públicas del Ejército constituían un tema de seguridad nacional, de tal forma que la información relacionada con ellas pasó a ser reservada.

Al momento de la entrega del paquete de reformas ante la Cámara de Diputados el 5 de febrero, Morena y sus aliados no contaban con la mayoría necesaria, pero el Plan C fue presentado en el marco proceso electoral en el que se eligieron a los integrantes de la Cámara de Diputados y Senadores.

Tras conseguir la mayoría calificada en el Congreso federal en las elecciones del 2 de junio, necesaria para modificar la Constitución, el expresidente López Obrador supo que sus 20 reformas serían aprobadas, entre las que también estaban contempladas la integración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, otorgar becas a los estudiantes y a adultos mayores, así como el derecho de uso de las vías férreas para el transporte de pasajeros.

Morena tiene mayoría calificada en el Congreso

Durante el arranque de la nueva Legislatura, 1 de septiembre, cuando Morena ya contaba con dos terceras partes en la Cámara de Diputados, se inició el debate del paquete de reformas de López Obrador con el análisis y discusión de la elección de jueces, magistrados y ministros a través del voto popular.

La reforma al Poder Judicial provocó la huelga de los trabajadores, críticas y recomendaciones de diferentes sectores de la población y debates dentro de las Cámaras, en especial en el Senado, en donde el voto del senador panista Miguel Ángel Yunes Márquez marcó la diferencia para avanzar en la aprobación de la reforma judicial.

Las Cámaras también aprobaron, ya en el gobierno de Claudia Sheinbaum, la desaparición de siete órganos autónomos, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). 

De acuerdo con el dictamen, las funciones de estos organismos serán trasladadas a diferentes dependencias del gobierno federal y se estableció que los presupuestos que ejercerían los siete organismos autónomos que desaparecieron a partir del 1 de enero del 2025 deberán ser canalizados al Fondo de Pensiones para el Bienestar.

Otra de las reformas constitucionales de López Obrador proponía permitir al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ejercer como arrendador de inmuebles que sean de su propiedad y también como constructor de viviendas. El cambio constitucional fue recientemente aprobado por ambas cámaras.

En temas ambientales, se contempló que en México no se comercialice maíz genéticamente modificado, dar preferencia al consumo de agua personal y doméstico, así como impedir prácticas que dañen los ecosistemas, como la minería a cielo abierto o el “fracking”.

Aunque también está prevista la reforma electoral, su aprobación no parece estar entre los planes de Sheinbaum, que se ha enfocado en los cambios relacionados con los programas sociales, que constituyen la fuente de su apoyo popular.

Sin embargo, con la aprobación de la reforma judicial y la eliminación de los organismos autónomos, hechos considerados como un retroceso democrático al desaparecer los contrapesos que ponen límites al poder presidencial, se ha configurado un nuevo modelo de país: el que López Obrador acuñó un día como hoy, hace un año.

Con información de Latinus