Seis de cada 10 mexicanos confían en los jueces y magistrados: Inegi

En México, el 60.5% de la población mayor de 18 años confía en los jueces, un aumento de 6.8 puntos porcentuales desde 2016, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

 

En siete estados, la confianza en las personas juzgadoras superó el 70%: Sinaloa, Campeche, Yucatán, Nayarit, Tamaulipas, Zacatecas y Veracruz. En contraste, la Ciudad de México mostró los niveles de confianza más bajos en el periodo analizado.

 

 

 

Más de 6,700 jueces y magistrados en México en 2023

En el marco del Día de las Personas Juzgadoras en México, celebrado el 7 de marzo, el Inegi presentó datos sobre el número de jueces y magistrados, los asuntos ingresados en tribunales y la percepción ciudadana sobre estos profesionistas.

Al cierre de 2023, había 6,730 personas juzgadoras en los órganos jurisdiccionales federales y estatales del país, con una tasa de 5.1 por cada 100 mil habitantes. Entre 2010 y 2023, el número de jueces y magistrados aumentó 34.6%.

A nivel federal, se registraron 1,632 jueces y magistrados, de los cuales el 29.4% eran mujeres. En el ámbito estatal, de 5,098 personas juzgadoras, el 44.1% eran mujeres y el 55.9%, hombres. La participación femenina creció en ambos niveles durante el periodo analizado.

 

La tasa de jueces en tribunales estatales fue de 3.9 por cada 100 mil habitantes, mientras que en el ámbito federal fue de 1.2. Campeche registró la tasa más alta (10.5), seguido de Chihuahua y Baja California Sur (7.5). Por el contrario, Nuevo León (2.5), Puebla (2.3) y Chiapas (2.1) tuvieron las tasas más bajas.

En cuanto a la especialización, en Veracruz, Sinaloa, Guerrero, Oaxaca y Querétaro, más del 50% de los jueces atendieron asuntos civiles y mercantiles. En siete estados, la mayoría resolvió casos penales y de justicia para adolescentes:

  • Tabasco
  • Baja California
  • Chihuahua
  • Hidalgo
  • Zacatecas
  • México
  • Tlaxcala

Además, en Baja California Sur, Coahuila y Sonora, más del 10% de jueces atendieron asuntos laborales, reflejando avances en la reforma en esta materia.

 

Más de 2.2 millones de asuntos ingresaron a tribunales en 2023

En 2023, los órganos jurisdiccionales estatales de primera instancia recibieron 2,281,806 asuntos. El 41% correspondió a la materia familiar, mientras que el 11.2% estuvo relacionado con la justicia penal y penal para adolescentes.

Sin embargo, la distribución de jueces no fue proporcional a la carga de trabajo, ya que de las 5,098 personas juzgadoras en tribunales estatales de primera instancia, solo el 13.4% atendió casos familiares, mientras que el 36.4 % se enfocó en asuntos penales y de justicia para adolescentes.

 

 

Con información de: La silla rota.

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Loera y Mata se retan a debatir en medio de disputa por reforma a la Ley de Aguas Nacionales

 La tensión política en torno a la reforma a la Ley de Aguas Nacionales escaló luego de un intercambio directo entre el senador de Morena, Juan Carlos Loera, y el director general de la Junta Central de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Mario Mata.

El desencuentro surgió en un chat donde Loera señaló a Mata como parte de un “grupo violento” y lo acusó de recurrir a agresiones físicas ante la falta de argumentos. Mata respondió de inmediato, rechazando categóricamente las acusaciones y negando haber agredido o mandado agredir a alguien.

“No sé a qué te refieres, estimado Juan Carlos. Nunca he agredido a nadie ni mandado agredir. Acepto tu reto y pon el lugar y la fecha”, escribió Mata, quien además exigió aclaraciones frente a lo que calificó como señalamientos infundados.

El intercambio terminó convirtiéndose en un reto público a debatir, aunque ninguno de los dos ha anunciado hasta ahora la fecha, el formato o el lugar donde podría realizarse el encuentro.

La discusión se da en medio del creciente debate nacional sobre la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, un tema que ha encendido fricciones entre distintos actores políticos y sectores productivos, especialmente en Chihuahua, entidad históricamente marcada por disputas sobre uso y control del agua.

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