Una corte civil en Miami ha dictado una sentencia millonaria contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, y su esposa, Cristina Pereyra. La resolución judicial ordena a García Luna a pagar 748 millones de dólares y a Cristina Pereyra la suma de 1,740 millones de dólares, derivados de su participación en un esquema de contratación ilegal y lavado de dinero durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón.
Esta sentencia civil se suma a la condena penal que García Luna recibió el 16 de octubre de 2024 en Estados Unidos, donde fue sentenciado a 38 años de prisión por cargos de narcotráfico y crimen organizado, incluyendo sus vínculos con el Cártel de Sinaloa. El gobierno de México, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ha buscado la recuperación de los activos ilícitos y ha solicitado formalmente la extradición de García Luna y Linda Cristina Pereyra para que enfrenten procesos judiciales pendientes en México por corrupción y lavado de dinero.
Se espera que el juicio civil en Florida, iniciado en enero de 2025, avance con el objetivo de asegurar la devolución definitiva de los fondos y propiedades adquiridos de manera ilegal. Linda Cristina Pereyra también enfrenta cargos en México, intensificando la presión sobre la pareja para que rindan cuentas ante la justicia.
Tras la condena penal de García Luna a 38 años de prisión en Estados Unidos en octubre de 2024 por narcotráfico y crimen organizado, el foco se ha puesto en la recuperación de los activos ilícitos y en los procesos judiciales pendientes en México.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México ha liderado para rastrear y recuperar el dinero presuntamente desviado, presentando una demanda civil en Florida que ha culminado en la millonaria sentencia contra la pareja.
El 7 de mayo de 2025, la UIF solicitó a la jueza Lisa Walsh en Florida que declarara culpables a García Luna y Pereyra sin necesidad de juicio, argumentando que su falta de comparecencia en la demanda civil implicaba una "admisión tácita de los hechos".
Esta táctica buscaba acelerar la "Sentencia Final en Rebeldía" y asegurar la devolución definitiva de los bienes y el pago por reparación del daño. Paralelamente, México ha solicitado formalmente la extradición de García Luna y Linda Cristina Pereyra para que enfrenten cargos de corrupción y lavado de dinero en territorio mexicano, donde ya existe una orden de aprehensión contra Pereyra desde 2023 por estos delitos.
Con información de msn.com