Chihuahua, Chih.-Un fuerte debate social y jurídico se ha desatado en la ciudad de Chihuahua tras el rescate de 29 perros, realizado el pasado domingo por los activistas Superhumano y El Álamo de Zazu, quienes, junto a un grupo de personas, irrumpieron en una propiedad donde los animales se encontraban en condiciones de maltrato y hacinamiento.
Durante una rueda de prensa llevada a cabo esta tarde en las instalaciones de la agencia Mitsubishi, los activistas relataron que en el lugar se encontraron perritas utilizadas exclusivamente como vientres para reproducción con fines comerciales. Señalaron que el sitio operaba como un criadero clandestino, donde se explotaba a los animales con el objetivo de lucrar con la venta de cachorros y que desde hace 8 años el lugar ya había sido denunciado y las autoridades no tomaban cartas en el asunto.
La versión de los activistas:
Acompañados por su abogada, los rescatistas afirmaron que cuentan con evidencia fotográfica, médica y testimonial que documenta el estado en que se encontraban los animales: en condiciones de hacinamiento, algunas enfermas y 25 de ellas hembras, varias de ellas preñadas.
Informaron que los perros se encuentran actualmente en hogares adoptivos temporales, donde están recibiendo atención médica y seguimiento especializado. Además, indicaron que ya cuentan con estudios veterinarios que se integrarán a la carpeta de investigación.
Los activistas anunciaron que exigirán una pena de 29 años de prisión para el presunto responsable del sitio, uno por cada perro rescatado, y responsabilizaron directamente a Rocío Reza, titular de la Coordinación de Protección Ambiental y Animal del municipio, por omisiones en el caso.
Según los activistas, la funcionaria ya había sido alertada del caso días antes del rescate, pero su respuesta fue insuficiente. “La Coordinación informó que revisó el lugar el viernes anterior y que lo revisaría nuevamente el lunes, pero mientras tanto los animales seguían en riesgo”, denunciaron.
La versión del propietario y la controversia legal
Por otro lado, la situación ha generado polémica y críticas por el método de rescate. Diversas personas en redes sociales y medios han señalado que los activistas violaron propiedad privada, causaron daños materiales e incluso agredieron físicamente al dueño del inmueble, lo que podría derivar en consecuencias legales.
El propietario del lugar habría anunciado su intención de interponer una denuncia penal por allanamiento y sustracción de sus perros, ya que sostiene que los animales eran de su propiedad y estaban en buenas condiciones.
A este respecto, la propia Coordinación de Protección Ambiental y Animal del municipio señaló que los perros ya habían sido revisados por médicos veterinarios oficiales, quienes concluyeron que los animales no presentaban condiciones que pusieran en riesgo su vida, sin embargo, la intervención aún no terminaba, ya que se deben seguir varios protocolos.
La Fiscalía General del Estado ya ha iniciado una investigación formal sobre los hechos. Se espera que en los próximos días se definan las responsabilidades tanto del presunto criador como de los activistas que intervinieron directamente en el rescate.