McALLEN, Texas (AP).— Adultos peleando con niños para obtener agua limpia, niños pequeños desalentados y un menor con los pies hinchados al que se le negó un examen médico: estos relatos de primera mano de familias inmigrantes en centros de detención, incluidos en una moción presentada la noche del viernes por organismos defensores, ofrecen un vistazo a las condiciones en las instalaciones de Texas.
Las familias compartieron sus testimonios con defensores de inmigrantes que presentaron una demanda para evitar que el gobierno del presidente Donald Trump ponga fin al Acuerdo de Flores, una política de la década de 1990 que exige que los niños inmigrantes detenidos bajo custodia federal sean mantenidos en condiciones seguras e higiénicas.
El acuerdo podría contradecir las disposiciones de detención familiar establecidas por Trump en su “gran y hermoso” proyecto de ley de recortes de impuestos y gastos, que también busca hacer que el tiempo de detención sea indefinido, y se produce mientras el gobierno intensifica los arrestos.
“En un momento en que el Congreso considera la posibilidad de financiar la detención indefinida de niños y familias, defender el Acuerdo de Flores es más urgente que nunca”, dijo el viernes en un comunicado Mishan Wroe, abogada principal de inmigración del Centro Nacional para el Derecho de la Juventud.
Defensores de ese organismo, así como del Centro para los Derechos Humanos y el Derecho Constitucional, RAICES y Children’s Rights, contactaron o visitaron a niños y sus familias detenidas en dos centros de detención familiar en Dilley y Karnes, Texas, que reabrieron a principios de este año.
Las condiciones de las instalaciones de detención familiar no se revelaron hasta que los abogados de inmigración presentaron una moción de oposición ante un tribunal federal de California.
La supervisión de las instalaciones fue posible gracias al acuerdo, y las visitas ayudan a garantizar el cumplimiento de los estándares y la transparencia, dijo Sergio Pérez, director ejecutivo del Centro para los Derechos Humanos y el Derecho Constitucional. Sin el acuerdo, quienes supervisan las instalaciones perderían acceso a ellas y no podrían documentar lo que sucede dentro.
De las 90 familias que hablaron con RAICES desde marzo, 40 expresaron preocupaciones médicas, según los documentos judiciales. En varios testimonios se manifestaron preocupaciones por la cantidad y la calidad del agua.
Se enviaron correos electrónicos a la Oficina de la secretaria de Justicia, Pam Bondi y a CoreCivic y Geo Group, que operan las instalaciones de detención en Dilley y Karnes, Texas, respectivamente, para solicitar sus comentarios. Hasta el mediodía del sábado, ni la oficina de Bondi ni Geo Group habían respondido. CoreCivic remitió las preguntas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).
A una madre se le dijo que tendría que usar agua del grifo para la fórmula de su bebé de nueve meses, quien tuvo diarrea durante tres días después de beberla, y una niña de 16 años dijo haber visto a personas peleando entre sí por agua.
“No recibimos suficiente agua. Ponen un pequeño recipiente de agua, y todos tienen que correr por ella”, dijo en su declaración la niña detenida con su madre y dos hermanos menores en el Centro de Procesamiento de Inmigración del Condado de Karnes. “Un adulto incluso empujó a mi hermanita para llegar primero al agua”.
Faisal Al-Juburi, director de asuntos externos de RAICES, dijo el viernes en un comunicado que las condiciones “solo sirven para reforzar la necesidad vital de estándares transparentes y aplicables y medidas de responsabilidad”, citando una “obstrucción inconcebible de la atención médica para quienes padecen enfermedades agudas, crónicas y terminales”.
Una familia con un niño pequeño que padece cáncer dijo que perdió su cita médica cuando la familia fue arrestada tras asistir a una audiencia en el tribunal de inmigración. Ahora experimenta síntomas de recaída, según la moción. Otra familia dijo que su bebé de nueve meses perdió más de 3.6 kilogramos de peso mientras estuvo detenido durante un mes.
Los menores hablaron abiertamente sobre su trauma durante las visitas con monitores legales; entre ellos había un niño de 12 años con una afección sanguínea. Informó que sus pies se inflamaron tanto que no podía caminar, y aunque vio a un médico, se le negaron más pruebas. Ahora, casi no usa sus pies. “Me duelen cuando camino”, dijo en una declaración judicial.
Los arrestos han provocado traumas psicológicos. La madre de un niño de tres años que vio a agentes entrar con armas en la casa de su niñera comenzó a actuar de manera diferente después de la detención. Dijo que ahora se tira al suelo, se lastima y se niega a comer casi todos los días.
Muchas de las familias en detención ya vivían en Estados Unidos, lo que refleja el cambio reciente al pasar de arrestos de inmigración en la frontera a realizar operaciones internas.
Stephen Miller, subjefe de despacho de la Casa Blanca y principal arquitecto de las políticas de inmigración de Trump, dijo que los agentes del ICE tendrían como objetivo realizar al menos tres mil arrestos al día, frente a unos 650 al día durante los primeros cinco meses del segundo mandato de Trump.
Leecia Welch, subdirectora legal de Children’s Rights, dijo que, por malas que sean las condiciones de las instalaciones, no harán más que empeorar a medida que se ingresen más inmigrantes.
“Desde principios de junio, el censo en Dilley era de alrededor de 300 y solo dos de sus cinco áreas estaban abiertas”, dijo Welch sobre sus visitas. “Con una capacidad de alrededor de dos mil 400 personas, es difícil imaginar cómo sería con dos mil personas más”.
Pediatras como la doctora Marsha Griffin, del Consejo de la Academia Americana de Pediatría, dijeron estar preocupados y abogan en todo el país para permitir monitores pediátricos con expertos en bienestar infantil dentro de las instalaciones.
El acuerdo de Flores se volverá más relevante si la legislación de Trump, llamada “One Big Beautiful Bill Act” (“Un grande y hermoso proyecto de ley”) se aprueba con el lenguaje actual que permite la detención indefinida de familias inmigrantes, lo cual no está permitido según el acuerdo de Flores.
La legislación de Trump aprobada por la Cámara también propone triplicar el gasto hasta alcanzar 45 mil millones de dólares en financiamiento durante los próximos cuatro años para expandir la detención de adultos y familias por parte del ICE. El Senado estudia ahora esa legislación.
En sintonía con el aumento en los esfuerzos para agregar más espacio de detención, GeoGroup, la misma corporación que opera la instalación de detención en Karnes, pronto abrirá una infame prisión, que albergó a gánsteres como Al Capone y Machine Gun Kelly, para la detención de migrantes en Leavenworth, Kansas.
Los defensores de los inmigrantes argumentan que, si se pone fin al acuerdo, el gobierno necesitaría crear regulaciones que se ajusten a sus términos.
“Los demandantes no se conformaron con la formulación de políticas: se conformaron con la creación de reglas”, decía la moción.
El gobierno federal tendrá la oportunidad de presentar un escrito de respuesta. Se prevé una audiencia en el tribunal para mediados de julio.
Con información de: Proceso.