Nueva ley fiscal de Trump destina miles de millones de dólares al proyecto contra migrantes en EU
EFE.- La nueva ley fiscal aprobada este martes por el Senado de Estados Unidos, controlado por el Partido Republicano, inyectará miles de millones de dólares al proyecto contra migrantes del presidente Donald Trump.
Con este presupuesto, que el mandatario republicano ha calificado como una "ley grande y hermosa", el mayor gasto del gobierno en materia de agencias de seguridad se destinará, por amplio margen, a migración: será ocho veces mayor que todo el presupuesto del FBI y 13 veces superior al de la DEA.
Con un gasto de casi 170 mil millones de dólares en cuatro años, el gobierno aumentará la cantidad de agentes de migración, con unos 20 mil nuevos puestos, construirá nuevos centros de detención para migrantes e invertirá en tecnologías de vigilancia, incluida la inteligencia artificial.
En concreto, la ley contempla más de 64 mil millones de dólares para la construcción del muro fronterizo y 70 mil millones más destinados a la detención de migrantes, lo que incluye la construcción y el mantenimiento de los centros de detención y el transporte de los deportados.
Para aumentar las detenciones y llenar estos centros, el gobierno prevé contratar más de 20 mil nuevos agentes para el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE en inglés) y para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).
El laboratorio de ideas conservador CATO ya predice que, una vez entre en vigor esta ley, que deberá ser ratificada por la Cámara de Representantes, la cifra de personas encerradas en centros de detención para migrantes se cuadruplicará: pasará de 50 mil actualmente a más de 200 mil en todo el país.
Aumento de los costos de trámites migratorios y humanitarios
La ley también aumentará los costos de algunos trámites migratorios y, por primera vez, se cobrará un monto de mil dólares por solicitar asilo, un estatus diseñado para proteger a personas que huyen de la persecución política, religiosa, social o racial en sus países de origen.
El costo por solicitar un permiso de trabajo será de 550 dólares y este solo tendrá una validez de seis meses. Además, se cobrarán 100 dólares anuales a quienes tengan una solicitud de asilo pendiente.
Apelar una decisión de un juez de migración costará 900 dólares (antes se cobraban 110) y también se elevará a 500 dólares el costo de solicitar un Estatus de Protección Temporal (TPS en inglés).
Impuestos a las remesas y pérdida de beneficios fiscales
La ley crea un nuevo impuesto que afectará directamente la economía de los migrantes en Estados Unidos: un gravamen del 3.5% a las remesas enviadas al extranjero.
Estados Unidos es el principal país emisor de remesas del mundo, según datos del Banco Mundial, con más de 85 mil 800 millones de dólares enviados en 2023, según el centro Migration Policy Institute.
La ley también incluye medidas que afectan directamente a los migrantes, lo restringe aún más su ya limitado acceso a beneficios fiscales.
Las familias en las que uno de los padres sea indocumentado o no tenga un número de seguro social no podrán acceder al programa de crédito fiscal para los hijos, que reduce el importe de los impuestos a pagar.
A su vez, se reducirán los fondos federales del programa Medicaid para los Estados que ofrecen servicios de salud a migrantes sin estatus legal y se prohibirá que algunos migrantes con estatus legal -entre ellos quienes tienen visas de trabajo o TPS- puedan acceder a seguros de salud con costos reducidos.
Con información de Latinus
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Corral manipuló oficios y pruebas en el TSJ : CDJ
Durante una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, aseguró que a Javier Corral no le convenía la extradición del ex priista, pues pedía al Poder Judicial de Chihuahua, que se manipularan oficios y pruebas, para favorecer a su persona como demandante.
“Yo estoy convencido de que Corral en su momento pensó que con una acusación de este tamaño y una investigación que me hicieron probablemente iban a encontrar algo, por cual me hubiesen procesado y eso hubiera impedido que me hubieran extraditado que es lo que él no quería”, dijo el ex gobernador.
Además, aseguró que, tienen en sus manos los supuestos correos en donde Corral gira la orden para cambiar pruebas de la defensa y también cuenta con cerca de mil testigos que han ayudado a que el juicio en Chihuahua se haya pausado.
A pesar de lo anterior y de las supuestas torturas que realizó el gobierno de Corral, que también mencionó durante la entrevista, expuso que desafortunadamente el gobierno no ha actuado.
Se suma Monreal en defensa de Alfonso Romo
Pues a la defensa que hicieron tanto la presidenta Claudia Sheinbaum, como el partido Morena, de las instituciones financieras mexicanas señaladas por el Departamento del Tesoro de los estados Unidos, de estar involucradas en casos de presunto lavado de dinero, al decir que solo fueron dichi y que no se aportaron pruebas, se sumó del coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal, quien intervino en favor de Alfonso Romo, propietario de la casa de bolsa de Vector.
Si la presidenta Sheinbaum, dijo que, el empresario Alfonso Romo, puede aclarar lo que él quiera, el coordinador de los diputados morenistas, expresó que, como persona y diputado, considera que Alfonso Romo es un hombre íntegro, una persona honorable y tiene una buena opinión de él. No solo es un patriota, sino que sus negocios, desde su punto de vista, son legales, honestos, salvo prueba lo contrario.
En opinión de zacatecano es de muy mala fe y ruin que de este tipo de circunstancias se aprovechen los adversarios políticos y que descalifiquen de esa manera a personas, que desde su punto de vista, tiene una reputación y un prestigio honorable y político incuestionable. Soy su amigo y no soy autoridad que vaya a calificar las acciones que él ha emprendido, así como su institución.
Esto mientras Vector Casa de Bolsa, congeló sus operaciones tras la intervención efectuada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, una consecuencia que tuvo su origen en los señalamientos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sobre supuestas acusaciones de lavado de dinero, que estarían relacionadas al cártel de Sinaloa.
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