Durante los Talleres para la Construcción de Paz, realizados la semana pasada, se denunció que México es el país más peligroso de América Latina para ejercer como sacerdote, que entre 1990-2024 alrededor de 80 curas han sido asesinados, que ocurrieron 14 agresiones a obispos y presbíteros, 26 templos son atacados por semana y se dieron 900 extorsiones y amenazas de muerte en el sexenio de López Obrador.
El arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, quien lleva 20 años trabajando en procesos de paz y construcción de justicia en el Estado de México, Guerrero y Michoacán, puso el cascabel al gato al decir que los sacerdotes se estaban capacitando en ese taller para dialogar con los grupos de la delincuencia organizada, el "narco-diálogo" bautizado por la prensa.
La declaración de don Carlos fue una bomba en medio de la sala de la Conferencia Episcopal Mexicana, el gobierno federal, partidos políticos y cientos de organizaciones sociales que trabajan en el acompañamiento a víctimas de la violencia en México.
Para entender el contexto de lo que Garfias Merlos "quiso decir" y planteó en el Taller de Paz organizado por la Universidad Pontificia de México, hablamos con el sacerdote colombiano Leonel Narváez, quien lleva varias décadas en procesos de Perdón y Reconciliación en varios países y en 20 ciudades de nuestro país.
Esta organización realizó recientemente un taller en Culiacán con 70 sacerdotes para compartir la experiencia de Colombia, pero este modelo de diálogo para el Perdón y la Reconciliación ya está operando en 21 estados de México, en 43 diócesis del país.
Narváez menciona que en este momento en su país, la Iglesia y los grupos sociales contribuyen en la negociación con narcos, grupos armados, disidencias de la guerrilla y nueva guerrilla.
Este religioso dice: "El perdón tiene que ser el corazón de un proceso de diálogo y reconciliación política y social". Y debe tener un aterrizaje jurídico. Hoy, por ejemplo, en Colombia se discute una propuesta legal (no punitiva) basada en 4 bases: que el narco que se entregue tendrá penas de 5 a 8 años de cárcel en lugares abiertos, se pueda quedar con el 12% del dinero de la actividad delictiva, contribuya a deshacer su grupo delincuencial y dé información al gobierno.
Las armas no resuelven la violencia, hay que negociar con todos estos grupos y luchar contra la justicia punitiva. Para llegar al consenso vamos a ver pleitos entre los obispos, los partidos, los grupos políticos y de la sociedad civil. Pero todo debe llevar al perdón y a la reconciliación, para llegar a La Paz con justicia.
Luego de las declaraciones de Carlos Garfias, la CEM y algunos de los 40 participantes en el taller dijeron:
El padre Narváez pronostica: tarde que temprano vamos a entender que el principal problema de salud pública que tenemos es el de la violencia, es el odio en países católicos que causa muerte. Y el diálogo con "los malos" es condición para el perdón y reconciliación de un país".
Con información de proceso.com.mx