La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa dio a conocer las estadistas de los homicidios dolosos correspondientes al mes de julio de 2025, en donde registró un total de mil 53 casos, cifra que supera los registros anuales de cinco años consecutivos y coloca a la entidad a sólo 21 homicidios de superar las cifras del año 2018.
Este delito clasificado como de alto impacto por la dependencia promedió un total de 5 muertes al día, una menos que durante el año más violento registrado por la FGE, que fue el 2010.
Tras darse a conocer el 10 de agosto del año pasado la carta escrita por “El Mayo” luego de su arresto, inició una escalada en los niveles de violencia en la entidad a partir del 9 de septiembre. Con el paso de los días comenzó a ser considerada como una lucha al interior del Cártel de Sinaloa. En represalia, las facciones pertenecientes al “El Mayo” iniciaron una escalada de violencia que no ha cesado desde entonces.
De acuerdo con las cifras oficiales, entre septiembre de 2024 y julio de 2025 se han registrado mil 727 homicidios y mil 752 privaciones ilegales de la libertad en Sinaloa. El perfil de las víctimas también ha cambiado: mientras que antes rondaban entre los 22 y 30 años, ahora los afectados tienen entre 14 y 20 años.
A pesar de esto, el año más violento registrado en la FGE fue el 2010 el cual registró un total de dos mil 250 homicidios dolosos, lo que promedió seis homicidios diarios en el territorio, detalló la institución de seguridad.
Derivado a esto, el Congreso de Sinaloa aprobó el pasado martes nuevas reformas al Código Penal local para endurecer las penas contra las personas que cometan un homicidio en la entidad.
Los legisladores locales modificaron el artículo 134 y avalaron que la pena por este delito pasara de entre ocho y 22 años a entre 12 y 24 años.
En el artículo 139 se elevó una condena mínima a quienes cometan un homicidio doloso por entre 22 y 25, así como una máxima de 50 años.
Estas nuevas disposiciones tienen como objetivo procurar a los menores de edad, periodistas y funcionarios públicos, quienes han muerto en los últimos meses a causa de los enfrentamientos entre las facciones del Cártel de Sinaloa.
Con información de Latinus