Caen en Honduras seis integrantes de una red de corrupción dirigida desde prisión por un exalcalde
EFE.- El Ministerio Público de Honduras informó este martes la detención de seis personas acusadas de integrar una red liderada desde prisión por un exalcalde que operaba en la municipalidad de San Marcos, departamento de Santa Bárbara, y que, según las investigaciones, habría desviado millonarios fondos públicos para enriquecimiento personal.
Las capturas fueron ejecutadas por la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) Regional Norte, con apoyo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Policía Militar del Orden Público (PMOP), durante cateos en el marco de una investigación por el desvío millonario de fondos públicos, según un comunicado de la fiscalía hondureña.
Entre los detenidos figuran el jefe de desarrollo municipal y candidato a alcalde de San Marcos, Jesús Alberto Hernández; Sandra Perdomo, regidora y esposa del exalcalde Pedro Aguilar; Dania Iveth Villalvir, tesorera municipal; Ada Lizeth Pineda, auditora municipal; Lourdes Borjas Maldonado, jefa de personal, y Elisa Castellanos, contadora municipal.
De acuerdo con la fiscalía, la red "manipulaba documentos y cuentas municipales, autorizaba pagos irregulares, adquiría bienes de lujo y cobraba sobornos a cambio de contratos de obras sobrevaloradas".
La estructura era dirigida desde prisión por el exalcalde Pedro Aguilar, del minoritario partido Alianza Patriótica, actualmente investigado por presuntos vínculos con narcotraficantes condenados en Estados Unidos
Desde 2023, el exalcalde dirigía "vía telefónica esta organización", pese a estar legalmente inhabilitado y recluido en el Centro Penal de Támara, al norte de Tegucigalpa, señaló la Fiscalía.
Las investigaciones revelan cómo la red planificó y utilizó “cantidades millonarias del presupuesto municipal” para beneficiar a Hernández y, además, adquirió dos vehículos de lujo, una vivienda, armas de fuego y realizó una "compra ficticia" de mochilas para proyectos sociales que nunca fueron entregadas a la comunidad.
Todos los implicados enfrentan acusaciones por abuso de funciones, asociación para delinquir, lavado de activos y complicidad en malversación por uso y administración desleal del patrimonio público, según la fiscalía hondureña.
Con información de Latinus
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