Morena y aliados usaron su mayoría en la Cámara de Diputados para que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tenga acceso en línea y en tiempo real a bases de datos “de contribuyentes de servicios de plataformas digitales” a partir del próximo 1 de abril.
Las reformas al Código Fiscal de la Federación fueron aprobadas con 348 votos a favor y 130 en contra de la oposición que consideran también hasta nueve años de prisión a quienes “por sí o por interpósita persona, expida, enajene, compre, adquiera o dé efectos fiscales a comprobantes fiscales falsos”.
Verónica Pérez, diputada del PAN, alertó que “ahora quieren hasta espiar las plataformas digitales, como Tinder y otras más, y no es una exageración, así ahora al gobierno le interesa ver a quien le dan like, a ese grado hemos llegado con ustedes, fíjense, de verdad que ahora no tienen límites, ya perdieron toda noción de límite”.
“El artículo 30 B de este dictamen permite alzar, tener acceso permanente y en tiempo real a toda la información que tengan las plataformas digitales, sí, tus compras, tus suscripciones, tus transacciones, tus datos. Y, si no colaboras, te bloquean. Si pagas en tiempo, te borran. Si no obedeces, te congelan. Así de claro, el SAT se volvió policía”, aseguró.
En la fundamentación del dictamen, el presidente de la Comisión de Hacienda, el morenista Carol Antonio Altamirano, mencionó “la obligación de los prestadores de servicios digitales, para permitir a las autoridades fiscales acceder a la información de su registro”.
“En el dictamen se limitó únicamente a aquellas que permita la autoridad fiscal comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, evitando abusos al recopilar información, respetando la privacidad y la protección de datos personales”, garantizó.
A pesar de la afirmación del morenista, durante la discusión del dictamen, diputados del PAN y PRI subieron varias veces a tribuna para denunciar que el gobierno de la autodenominada 4T pretende con estas reformas aumentar la recaudación violando la privacidad y los derechos humanos de millones de contribuyentes a través de las plataformas digitales.
La diputada Verónica Martínez del PRI afirmó que como el “gobierno está quebrado, en su desesperación va a vulnerar derechos fundamentales, dando facultades a las autoridades fiscales para acceder en tiempo real a la información digital de las y los mexicanos”.
“Y así conocer qué servicios usan, qué compran, qué consumen y hasta qué buscan en Internet, esto constituye una violación a la privacidad y a los derechos humanos", agregó.
La priista Martínez resaltó que “el incumplimiento de esta norma permitirá a la autoridad bloquear plataformas digitales sin orden judicial ni mecanismos de transparencia”.
“Disposición que es claramente inconstitucional al ignorar el artículo 16 de nuestra Carta Magna que exige la autorización de un juez para intervenir la información privada”, apuntó.
La legisladora del PRI mencionó que “esto genera incertidumbre e inseguridad jurídica, pues miles de pequeños negocios dependen de las plataformas digitales para vender o anunciar sus productos, forzarlas a abrir sus sistemas podría obligarlas incluso a introducirse en el mercado negro”, comentó.
La sesión de este miércoles concluyó la madrugada del jueves, y tras más de 12 horas, además de Carol Antonio Altamirano, solamente dos diputados de la 4T hicieron mención Carlos Morelos del PT y María Rosales de Morena, para coincidir con parquedad que “habrá una revisión en tiempo real a las plataformas digitales por parte del SAT”.
Una mención más fue cuando la morenista Freyda Marybel Villegas Canché presentó una reserva “para otorgar un periodo que permita a las plataformas digitales realizar los ajustes necesarios en sus sistemas y procesos”.
Tras su aprobación, la modificación entrará en vigor hasta el 1 de abril del 2026, “para que cumplan con su obligación”.
El artículo 30-B que se aprobó en la reforma establece que los contribuyentes que proporcionen servicios digitales de conformidad con los artículos 10.-A BIS deberán permitir a las autoridades fiscales, en forma permanente, el acceso en línea y en tiempo real únicamente a la información que permita comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales, que obre en sus sistemas o registros”.
Indica además que será en los términos que establezca el SAT mediante reglas de carácter general y cuyo incumplimiento dará lugar al bloqueo temporal del acceso al servicio digital.
En su intervención, el diputado del PAN; Marcelo de Jesús Torres Cofiño preguntó, “¿hasta dónde quiere llegar el 'narcogobierno' para controlar a las y los mexicanos; ahora pretende convertir al SAT en una especie del gran hermano fiscal”.
“Un monstruo digital, con ojos en todas partes, capaz de espiar en tiempo real lo que haces, lo que vendes y hasta lo que escribes en tu computadora, eso es lo que esconden en el artículo 30 B del Código Fiscal”, subrayó.
Resignado Torres Cofiño, le dijo a los diputados de la 4T: “ya sé que lo van a negar, por supuesto, porque mienten sistemáticamente, tal y como se los enseñó Amlocho, en alusión a Pinocho, por mentiroso”.
"Y bueno, definitivamente la verdad los desnuda, porque aquí están las redacciones más claras que nunca, solamente ustedes se atreven a negar lo que ustedes mismos han establecido”, remarcó.
El diputado Hernando Castañeda Córdova, también del PAN, consideró que “todo lo quieren ver, si vendes algo en Mercado Libre quieren saber, si haces un envío Shopee o utilizas Uber quieren saber, si subes una historia en Instagram quieren saber, o si opinas del gobierno en Facebook o en X”.
“El nuevo SAT no solo quiere tus datos fiscales, también quiere escudriñar tus datos personales, ya no basta con declarar tus ingresos, ahora parece que quieren que declares hasta tus pensamientos”, ironizó.
Castañeda Córdoba recordó que “ni mi mamá cuando yo era chiquito quería saber tanto. El SAT se comportaría como novio sicópata, un acosador, eso no es una autoridad”.
La diputada del PRI, Paloma Domínguez Ugarte, coincidió en que “el gobierno instala su propio gran hermano tributario, un aparato que observa, archiva y sanciona sin mirar hacia adentro, donde también se incuban los abusos que corrompen al sistema”.
“Dicho en claro, el gobierno podría entrar a los servidores privados de empresas nacionales y extranjeras para observar operaciones de millones de usuarios”, advirtió.
Luego de la aprobación del dictamen, artículo 19 aclaró que “el acceso en línea y en tiempo real, aunque se señale que será ‘para el cumplimiento de las obligaciones fiscales’, es en sí mismo un acto de molestia sin garantías de debido proceso y una interferencia descontrolada en el derecho a la privacidad”.
“Se permite una invasión total y permanente de la información de la ciudadanía sin necesidad de probar que existen razones reales para acceder a ella”.
En cuanto a las sanciones a quien reciba o emita facturas falsas, el panista Torres Cofiño detalló que “con el artículo 113 Bis, Morena y aliados van todavía más lejos: pretenden castigar penalmente hasta a quien reciba o emita una factura falsa sin saberlo, así, así de absurdo”.
“Si compras algo legal, con factura y meses después el SAT dice que ese proveedor era un facturero, tú podrías ser investigado como delincuente fiscal, aunque hayas actuado de buena fe”.
El artículo 113 Bis establece que “se impondrá sanción de dos a nueve años de prisión, al que por sí o por interpósita persona, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados”.
Con información de Latinus.