
Tepic, Nayarit; 29 de noviembre de 2025.- La decisión histórica del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero de combatir la corrupción que saqueó a Nayarit ha generado resultados sin precedentes y hoy se posiciona como un referente nacional de firmeza institucional. Su liderazgo valiente, acompañado de una coordinación efectiva con el gobierno federal, ha permitido avanzar en la recuperación de un patrimonio robado que asciende a cerca de 50 mil millones de pesos. La lucha que nadie quiso dar, hoy es una realidad y marca un punto de inflexión en la vida pública del estado.
La determinación del gobernador de enfrentar a quienes se sentían intocables, incluidos notarios presuntamente respaldados por exgobernadores y, en casos extremos, por organizaciones criminales, reveló la profundidad de un esquema que operó durante años con impunidad. Pese a amenazas o presuntos pactos que buscaban frenar el proceso, la administración estatal se mantuvo firme, avanzando en la depuración de prácticas que dañaron gravemente el patrimonio de las familias nayaritas.
Este esfuerzo también obtuvo un reconocimiento nacional cuando la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó en su conferencia matutina el trabajo del gobernador Navarro Quintero y la Fiscalía General de la República en la recuperación del territorio robado. Su respaldo total ha sido fundamental para desmantelar una estructura compleja de fraude y falsificación.
La recuperación de 50 mil millones de pesos, principalmente en la Riviera Nayarit, confirma que la voluntad política y la coordinación federal pueden imponerse sobre estructuras privilegiadas que operaron durante décadas. Este avance marca el inicio de una nueva etapa en la que la legalidad y la justicia social se convierten en ejes para el desarrollo del estado.
Las detenciones de notarios acusados de delitos graves, como Enrique Hernández Quintero —quien intentó evadir a la autoridad alegando protección— y Juan Echeagaray, representan apenas los primeros pasos hacia una era de mayor certidumbre jurídica. Con ello, los gobiernos de Nayarit y México reafirman su compromiso de avanzar hacia un modelo de justicia más sólido, transparente y cercano a la ciudadanía.
Con información de: El economista.