Huachicol fiscal, el delito que puso en jaque a la 4T en 2025

En tiempos de la 4T el robo de combustible no solo no se erradicó, sino que mutó y escaló a altos niveles durante este 2025; revelando una compleja trama de “huachicol fiscal” y protección política que involucra a altos mandos, empresarios de élite y figuras clave en Morena.

El buque y los 12 millones de litros en Tamaulipas

El escándalo detonó en marzo de 2025, cuando autoridades federales aseguraron un buque en las costas de Tamaulipas cargado con 12 millones de litros de diésel. La carga fue declarada en aduanas como “aditivos” o aceites lubricantes para evadir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

La operación expuso la vulnerabilidad de las aduanas marítimas, supuestamente blindadas por la Marina, y evidenció que el huachicol fiscal había estado operando bajo una red encabezada por el vicealmirante Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna, quien se mantiene prófugo.

Los señalamientos

Uno de los golpes más duros a la credibilidad institucional ocurrió cuando las investigaciones apuntaron hacia el círculo cercano del Almirante José Rafael Ojeda Durán, quien fuera secretario de la Marina en la pasada administración de Andrés Manuel López Obrador.

Aunque el almirante había denunciado corrupción interna previamente, este 2025 se reveló la detención de mandos navales activos y a sus sobrinos políticos vinculados a redes de protección en aduanas.

Se descubrió que una red interna facilitaba el paso de buques con combustible ilegal, cobrando cuotas millonarias para permitir la descarga sin revisión, contradiciendo el discurso de “limpieza total” en los puertos.

En septiembre pasado, el Gabinete de Seguridad anunció la detención de marinos en activo y retiro, funcionarios aduanales, así como empresarios vinculados con el esquema de huachicol fiscal.

Entre los detenidos se encuentra el vicealmirante Manuel Roberto Farías, pero su presunto cómplice y hermano Fernando, sigue prófugo.

La “Conexión Tabasco”: Adán Augusto y Hernán Bermúdez

La sombra del huachicol se extendió hasta el Senado y la estructura política de Tabasco. Las investigaciones contra Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de seguridad en Tabasco destaparon las operaciones de la organización criminal “La Barredora”.

Bermúdez Requena fue pieza clave durante la gubernatura de Adán Augusto López Hernández, ahora coordinador de los senadores de Morena.

Sin embargo, testimonios y documentos de inteligencia filtrados revelaron que, bajo la protección de las autoridades estatales, “La Barredora” controlaba el trasiego de combustible robado y el cobro de piso a gasolineras en el sureste.

La oposición y corrientes internas de Morena han exigido que se investigue si el financiamiento de estas redes ilícitas benefició carreras políticas locales, poniendo al exsecretario de Gobernación en una posición incómoda durante todo el 2025.

Además, filtraciones de las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), en tiempos de Alejandro Gertz Manero, pusieron en jaque a López Hernández, pues se dieron a conocer declaraciones de testigos colaboradores que vinculaban directamente a Adán Augusto y a otros morenistas de primer nivel.

El empresario

La investigación de la FGR apuntó hacia el empresario tabasqueño Saúl Vera, como dueño de la concesión del muelle 289 en Tampico, Tamaulipas, según dio a conocer Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

A través de este muelle se habrían descargado toneladas de “huachicol fiscal” mediante la llegada de buques y uno de los beneficiarios principales habría sido Vera Ochoa.

En el expediente judicial mencionó que el extitular de la Aduana de Tampico y ahora testigo protegido de la FGR, el Capitán Alejandro Torres Joaquín declaró que ese muelle estaba concesionado a un empresario “que tenía lazos y muy buena amistad con Adán Augusto López”.

La ASIPONA de Tampico concedió la explotación de ese muelle a Tampico Terminal Marítima S.A. de C.V., propiedad del empresario tabasqueño Saúl Vera Ochoa, una empresa que se constituyó en junio de 2020.

Vera también es dueño de la empresa Acuitab, que constituyó en la notaría de Adán Augusto López Hernández en Tabasco.

Además, en 2022, el empresario Saúl Vera Ochoa habló abiertamente de su apoyo a las aspiraciones presidenciales de Adán Augusto López, quien buscó la candidatura en el proceso interno de Morena.

Los hijos del expresidente

Este año surgieron nuevos reportes que ligan a “Andy” López Beltrán, secretario de Organización de Morena, con contratistas de Pemex y la presunta venta de terrenos estratégicos para almacenamiento de combustible.

De acuerdo con Código Magenta, documentos de inteligencia nacional y extranjera expusieron que el secretario de Organización de Morena supuestamente habría tejido una red de 27 amigos y cómplices incrustados en posiciones estratégicas dentro de Pemex, la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos y Aduanas.

A través de esta estructura se operaba un andamiaje jurídico y fiscal para supuestamente permitir la importación ilegal de combustibles.

Entre los señalados figuran Daniel Asaf, diputado de Morena; Octavio Romero Oropeza, exdirector de Pemex, y Marcos Manuel Herrería.

Esquema que supuestamente generó ingresos ilícitos por 55 mil millones de dólares, el cual presuntamente habría financiado las campañas electorales de Morena a partir de 2021.

Protección

Según la filtración de la FGR, un testigo colaborador de las investigaciones por el buque en Tampico, reveló que el esquema que operaba en los puertos presuntamente contaba con la “protección del hijo del presidente”, aunque no se reveló el nombre de los hijos.

El Caso Raúl Rocha

Quizás el giro más mediático del año involucró a Raúl Rocha Cantú, empresario regiomontano y copropietario de la franquicia Miss Universo.

Lo que parecía un imperio de negocios y glamour se vio empañado cuando la FGR intensificó las investigaciones en su contra por presuntos vínculos con el huachicol fiscal.

Se le señala de participar en una red que importaba combustible de Estados Unidos y Guatemala sin pagar impuestos, para luego distribuirlo en estaciones de servicio a precios competitivos, presuntamente lavando las ganancias a través de sus negocios lícitos.

La pérdida de su estatus de “testigo protegido” y las órdenes de aprehensión giradas a finales de año confirmaron que el negocio de la belleza tenía, presuntamente, un trasfondo de hidrocarburos ilícitos.

 

 

Con información de: Proceso.

Tips al momento

Pretende UACH vender rancho agrícola

Trascendió en los últimos días que la Universidad Autónoma de Chihuahua aprobó la enajenación de un rancho agropecuario que pertenece a la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales, sin transparentar el motivo, lo que ha preocupado al sector agropecuario del centro-sur del estado.

Según productores agrícolas, en meses anteriores ya se había comenzado con la venta de vacas lecheras e inclusive el predio se incendio, posiblemente para cambiar el uso de suelo.

Hasta hoy, la universidad no ha explicado el porqué de la venta de este predio, que es parte de la práctica de los alumnos y sirve para mejorar la tecnificación agrícola.

Además, se conoció extraoficialmente que el Congreso Estatal no tiene conocimiento del tema, a pesar de que debe pasar por su aprobación para la venta del predio por ser un ente público.


César Jáuregui, a paso veloz por la alcaldía

Donde la competencia se ha mostrado muy intensa es en el PAN por la candidatura a la alcaldía de Chihuahua, uno de los bastiones que se considera que podría retener Acción Nacional y que sin duda es  la joya de la corona para este partido, simbólicamente hablando a nivel federación,  aunque en porcentaje de votación no sea tan importante en comparación al resto de las entidades y desde luego dentro del mapa nacional.

En ese escenario, resulta altamente trascendente que el panismo seleccione un perfil que retenga el poder frente a Morena y que de ahí aspire a tejer o reconstruir como oposición lo que vendrá tres años después hacia las elecciones federales y la presidencial del 2030.

De ese nivel es el significado político de mantener no solamente la capital sino a la mayoría de los municipios del Estado Grande de la República.

En este entorno, alguien que avanzó en la semana de manera significativa hacia ese objetivo, es sin duda el fiscal general del estado, César Jáuregui, el más político de los funcionarios de gabinete con el que cuenta la gobernadora Maru Campos y quien la ha venido acompañando ya en un largo recorrido dentro de las diferentes instancias, tanto legislativas, municipales como ahora en las estatales.

Y lo anterior, porque Jáuregui recibió en un convivio con los tres exgobernadores priista, Fernando Baeza, Reyes Baeza y Patricio Martínez, el espaldarazo a su perfil y el apoyo para ir en la contienda, una definición de los "ex's" tricolores de que seguirá existiendo el PRIAN en la capital para que logre conservar la administración municipal y aspire a recibir de Marco Bonilla, la estafeta para el período 2027-2030.

Y aunque Santiago de la Peña ha estado muy intenso y que quizás es el que más está haciendo uso de las redes sociales y asistiendo a eventos para ir promocionando más y que se conozca su aspiración por la alcaldía, César Jáuregui cuenta con el apoyo de lo duro el panismo y con los grupos al interior de Acción Nacional.

Y no solamente en el caso de los exgobernadores priistas, sino también de algunas mesas de empresarios importantes, como la mesa los martes donde está Alejandro Cano -quien por cierto fuera alcalde de Chihuahua- Anwar Elías Ortiz y Eugenio Baeza, entre otros empresarios que también ha manifestado su apoyo.

Asimismo, el sector religioso donde las iglesias protestantes o cristianas han manifestado su apoyo al Fiscal.

Habrá que ver cómo busca el secretario de gobierno empatar la ventaja que en las encuestas contra Jáuregui y si finalmente iría en Plan "B" y en fórmula con Jáuregui a la alcaldía y Santiago de la Peña, quien entra con todo para ver si amarra la candidatura la presidencia municipal, y caer en una coordinación de la diputación en el Congreso del Estado, así las cosas

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