Exigen pena máxima por el feminicidio de Cecilia Monzón en Puebla
Integrantes de colectivos feministas y de derechos humanos acudieron al Tribunal de Enjuiciamiento del penal de San Miguel, en la capital poblana, para exigir la pena máxima de 60 años de prisión contra Javier López Zavala, ex candidato del Partido Revolucionario Institucional a la gubernatura de Puebla, así como contra Jair Mauricio Domínguez y Silvestre Vargas Ramírez, por el feminicidio de la abogada Cecilia Monzón, cometido el 26 de mayo de 2022.
De acuerdo con lo expuesto en audiencia, Javier López Zavala fue hallado responsable en grado intelectual al proveer los recursos materiales y las facilidades para que los otros dos hombres interceptaran a Cecilia Monzón sobre el Camino Real a Cholula y le dispararan hasta en siete ocasiones. Jair Mauricio Domínguez, sobrino del político priísta, y Silvestre Vargas Ramírez, identificado como sicario originario de Veracruz, participaron de manera directa en el ataque armado.
La abogada Helena Monzón, hermana de la víctima, informó que la audiencia se desarrolló sin dilaciones, se desahogaron los alegatos de clausura y el tribunal colegiado determinó reanudar la sesión a las 13 horas de este miércoles para concluir la fijación de la pena. Reiteró que desde el inicio del juicio oral, celebrado en abril, la exigencia de la familia y de los colectivos ha sido la pena máxima de 60 años de prisión.
Helena Monzón sostuvo que la sentencia condenatoria dejó acreditada la responsabilidad del ex secretario de Gobernación durante la administración de Mario Marín, quien permanece preso por el presunto delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho. En el juicio, dijo, quedó probado el uso de un arma de fuego calibre nueve milímetros con munición expansiva. “La intención era matar, no hay duda de ello; la pena debe fijar un precedente para las mujeres de este país”, afirmó.
Tips al momento
La 4T incluye "CURP" para desaparecidos
Registro Nacional de Población integró la leyenda "Persona con reporte de desaparición" en las claves CURP asociadas a fichas de búsqueda activas. }
La medida busca congelar la realización de trámites, evitar la suplantación de identidad por parte de terceros e informar a la Comisión Nacional de Búsqueda ante cualquier movimiento administrativo del ciudadano no localizado.
Al tratarse de una base de datos de competencia federal, la restricción opera en todo el territorio nacional ante dependencias gubernamentales e instituciones financieras.
Si la persona es localizada, deben acudir a reactivar el estatus de su familiar y destrabar trámites pendientes.
Pero, el problema es que mientras el gobierno insiste en presumir baja en homicidios dolosos, en contraste está el incremento de las fichas de investigación por desaparición, el padrón de ausentes sigue aumentando, que no logran mitigar en los discursos.
Colocar la leyenda de desaparecidos en la CURP no resuelve la búsqueda.
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