Loretta Ortiz propone avalar la Ley General de Comunicación Social de 2018
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La ministra Loretta Ortiz Ahlf propondrá a sus compañeros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avalar la Ley General de Comunicación Social publicada desde mayo de 2018 pese a que no establece reglas claras para la asignación de publicidad oficial.
Luego de ocho años de haber sido impugnada por primera vez, las acciones de inconstitucionalidad tramitadas contra la Ley General de Comunicación Social serán analizadas por la Corte.
El proyecto fue realizado por Loretta Ortiz quien lo presentará este martes ante sus compañeros del Pleno a quienes propondrá avalar la legislación pese a los argumentos de organizaciones de la sociedad civil, organismos constitucionales y partidos políticos de que no sólo faltan reglas claras para la asignación de publicidad oficial sino que abre la posibilidad a que se cometan violaciones a derechos humanos.
La organización Artículo 19 advirtió que la ley no prevé la existencia de un órgano autónomo que revise, supervise o fiscalice la publicidad oficial.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que la ley no define con claridad qué debe entenderse por “mensaje extraordinario” ni establece bajo qué supuestos procede su emisión, lo que podría dar pie a que las instituciones utilicen este concepto de manera arbitraria para colocar gratuitamente sus mensajes en medios de comunicación.
Sin embargo, el proyecto de la ministra Ortiz Ahlf retomó lo resuelto por la extinta Primera Sala de la Corte en el amparo tramitado por Artículo 19 contra la Ley General de Comunicación Social en el que los ministros de la anterior integración consideraron que el Poder Legislativo no estableció reglas claras para la asignación de publicidad oficial.
“Por mandato constitucional, el Congreso de la Unión quedó obligado a expedir una legislación que, además de reglamentar el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Federal, dispusiera las normas en materia de comunicación social a que deben sujetarse los distintos órganos gubernamentales y que garantice que el gasto en esa materia cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así como que se respeten los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos.
“El mandato constitucional referido se traduce en que, a nivel legal, deben existir procedimientos concretos y reglas específicas encaminadas a garantizar que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así como que se respeten los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos. Para ello, se debe prever un entramado normativo suficientemente preciso, con el fin de tutelar los principios del párrafo octavo (ahora noveno) del artículo 134 de la Constitución Federal en lo concerniente a la propaganda que, bajo cualquier modalidad de comunicación social, difundan los órganos de gobierno que ahí mismo se precisan”, señala el proyecto.
Sin embargo, la ministra no propondrá invalidar la Ley General de Comunicación Social sino que, al reconocer que los medios de comunicación, para cumplir con su objeto de informar, requieren de recursos económicos suficientes, sólo prevé ordenar al Congreso de la Unión que legisle al respecto.
“Este Tribunal Pleno retoma la decisión de la entonces Primera Sala y considera que la Ley General de Comunicación Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de mayo de dos mil dieciocho, no cumple a cabalidad con la tarea que el texto fundamental le encomendó, particularmente porque no esclarece ni detalla los criterios a que debe estar sujeto el gasto en comunicación social, ni tampoco dispone procedimientos concretos y reglas específicas encaminadas a garantizar que el ejercicio de dicho gasto cumpla con los criterios indicados, disminuyendo así la discrecionalidad de los agentes gubernamentales involucrados”, precisa.
“La falencia en que incurrió el Congreso de la Unión consiste en que al no haber esbozado directrices precisas en cuanto a lo que debe entenderse por comunicación social institucional, se deja a la discrecionalidad de las autoridades ejecutoras del gasto, dotar de sentido y alcance ese concepto, máxime cuando los únicos elementos que el legislador ‘aportó’ son la reiteración ya prevista en el texto constitucional de que los fines de la propaganda oficial deben ser informativos, educativos o de orientación social, lo cual no abona a la existencia de un marco normativo secundario lo suficientemente claro y preciso, que sea capaz de garantizar que, en efecto, el ejercicio del gasto en comunicación social cumplirá con los principios dispuestos en el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Federal, entre ellos el concerniente a que la propaganda gubernamental debe tener carácter institucional”.
Para ello, la ministra también prevé que el Congreso considere los elementos mínimos que estableció la Primera Sala para regular adecuadamente sobre la asignación de publicidad oficial.
Con información de: Proceso.
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César Jáuregui, a paso veloz por la alcaldía
Donde la competencia se ha mostrado muy intensa es en el PAN por la candidatura a la alcaldía de Chihuahua, uno de los bastiones que se considera que podría retener Acción Nacional y que sin duda es la joya de la corona para este partido, simbólicamente hablando a nivel federación, aunque en porcentaje de votación no sea tan importante en comparación al resto de las entidades y desde luego dentro del mapa nacional.
En ese escenario, resulta altamente trascendente que el panismo seleccione un perfil que retenga el poder frente a Morena y que de ahí aspire a tejer o reconstruir como oposición lo que vendrá tres años después hacia las elecciones federales y la presidencial del 2030.
De ese nivel es el significado político de mantener no solamente la capital sino a la mayoría de los municipios del Estado Grande de la República.
En este entorno, alguien que avanzó en la semana de manera significativa hacia ese objetivo, es sin duda el fiscal general del estado, César Jáuregui, el más político de los funcionarios de gabinete con el que cuenta la gobernadora Maru Campos y quien la ha venido acompañando ya en un largo recorrido dentro de las diferentes instancias, tanto legislativas, municipales como ahora en las estatales.
Y lo anterior, porque Jáuregui recibió en un convivio con los tres exgobernadores priista, Fernando Baeza, Reyes Baeza y Patricio Martínez, el espaldarazo a su perfil y el apoyo para ir en la contienda, una definición de los "ex's" tricolores de que seguirá existiendo el PRIAN en la capital para que logre conservar la administración municipal y aspire a recibir de Marco Bonilla, la estafeta para el período 2027-2030.
Y aunque Santiago de la Peña ha estado muy intenso y que quizás es el que más está haciendo uso de las redes sociales y asistiendo a eventos para ir promocionando más y que se conozca su aspiración por la alcaldía, César Jáuregui cuenta con el apoyo de lo duro el panismo y con los grupos al interior de Acción Nacional.
Y no solamente en el caso de los exgobernadores priistas, sino también de algunas mesas de empresarios importantes, como la mesa los martes donde está Alejandro Cano -quien por cierto fuera alcalde de Chihuahua- Anwar Elías Ortiz y Eugenio Baeza, entre otros empresarios que también ha manifestado su apoyo.
Asimismo, el sector religioso donde las iglesias protestantes o cristianas han manifestado su apoyo al Fiscal.
Habrá que ver cómo busca el secretario de gobierno empatar la ventaja que en las encuestas contra Jáuregui y si finalmente iría en Plan "B" y en fórmula con Jáuregui a la alcaldía y Santiago de la Peña, quien entra con todo para ver si amarra la candidatura la presidencia municipal, y caer en una coordinación de la diputación en el Congreso del Estado, así las cosas
