
GUERRERO (apro).- Una juez condenó a 25 de años de prisión al responsable de la desaparición y asesinato del defensor de derechos humanos de la Montaña de Guerrero, Arnulfo Cerón Soriano.
El crimen, dicen el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Frente Popular de la Montaña (FPM), se dio en un entramado delincuencial con la complicidad de actores gubernamentales.
Desde hace una década, más de 40 personas continúan desaparecidas, en su mayoría jóvenes, en el municipio de Tlapa y decenas han sido asesinadas.
En un comunicado el organismo de derechos humanos y el FPM dieron a conocer que el 14 de enero, la jueza Mariela Soraya Alfaro Zapata, del Tribunal de Enjuiciamiento Unitario emitió el fallo condenatorio contra Jorge Rodríguez Gómez, alias La Chiva, por la desaparición del activista y defensor de derechos humanos, Arnulfo Cerón Soriano. La condena es de 25 años de cárcel y el pago de reparación de daños.
El contexto fue de un entramado delincuencial que se arraigó en la región con la complicidad de actores gubernamentales, señalan.
La representación legal ofreció más de 60 pruebas que acreditaron la responsabilidad del sentenciado, identificado como el jefe de un grupo criminal y principal generador de la violencia en el municipio de Tlapa.
Fueron 34 testigos, entre ellos 14 peritos especializados en informática, antropología forense y medicina, documentos y evidencia material que demostraron que Arnulfo Cerón fue desaparecido por Jorge, Isaúl, Adán, Andrés y otros más.
Las organizaciones aseguran que la declaración de una testigo fue clave por el señalamiento y el contacto que tuvo con el jefe del grupo delincuencial para desaparecer y asesinar al defensor indígena.
La desaparición se planeó el 10 de octubre de 2019, cuando por órdenes de Jorge un grupo de siete pistoleros ingresaron al domicilio de la testigo, la privaron de la libertad y bajo amenazas la obligaron a entregar a Arnulfo.
Ante el riesgo de perder la vida accedió a las exigencias del jefe del grupo. Citó a Arnulfo en un sitio y luego envió un mensaje de WhatsApp al delincuente con la ubicación.
Minutos después un grupo de hombres armados irrumpieron en la habitación donde se encontraba Arnulfo. Se lo llevaron a una casa de seguridad de la colonia Buena Vista de Tlapa, donde fue privado de la vida.
Tras la desaparición cientos de integrantes del Popular de la Montaña bloquearon la carretera que va a Chilpancingo, formaron brigadas de búsquedas y sólo encontraron su camioneta con las llaves puestas, sin saber de su paradero.
Peritos de la Fiscalía General del Estado de Guerrero encontraron mensajes del delincuente Jorge expresando que a otras personas que, aunque “voltearan” a Tlapa no iban a encontrar a Arnulfo.
Hubo testigos que vieron cuando hombres armados se llevaban al defensor y se fortaleció esta línea de investigación con las imágenes de un video de una cámara cercana al lugar de los hechos.
El 20 de noviembre de 2019 Arnulfo fue encontrado a 3 metros y medio en una fosa. Su cuerpo presentó huellas de tortura.
Se tuvo que utilizar una retroexcavadora para que sus familiares pudieran encontrarlo.
El plan perverso, dicen las ONG, era borrarlo del mapa y causar terror entre la población, pero en lugar de acallar a la organización que dirigía Arnulfo arreciaron las protestas y emplazaron a las autoridades para que se avocaran a la búsqueda del defensor comunitario.
Incluso la oficina de la ONU en México visitó al entonces gobernador Héctor Astudillo para expresar su preocupación por la desaparición del defensor y le dio seguimiento al proceso de búsqueda e investigación realizado por la Fiscalía del estado y la Comisión Nacional de Búsqueda.
Con la detención de la testigo se tuvo conocimiento de los sicarios que operaron la desaparición de Arnulfo y del jefe que los comandaba.
La sentencia se da a 6 años y 2 meses del hallazgo del cuerpo del defensor de derechos humanos.
Para el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Frente Popular de la Montaña el fallo es relevante, aunque insuficiente por la gravedad del artero y los delitos de alto impacto que se cometieron en el municipio de Tlapa, sin que las autoridades intervinieran.
El reto de las autoridades, aseguran, es continuar con las investigaciones de las personas desaparecidas y desarticular la red delincuencial que sigue generando violencia en la región.
“Esta sentencia es un paso firme contra la impunidad y el resultado de una lucha de organizaciones como el Frente Popular de la Montaña y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan que asumimos el compromiso para reivindicar la trayectoria Arnulfo Cerón Soriano, el defensor de la Montaña”, finaliza.
Con información de: Proceso.