
CIUDAD DE MÉXICO (France 24) .- En México, el vacío que dejó la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) se tradujo en un revolución en el día a día de las organizaciones que dependen de donaciones y de la cooperación internacional.
Cada semana, Abril Medina recorre junto a otros voluntarios un mercado local de Ciudad de México en busca de alimentos para Casa Frida, un refugio que atiende a personas migrantes de la comunidad LGBTIQ+ y que se vio afectado directamente por el recorte de fondos anunciado hace un año.
“Antes recibíamos la donación en forma de dinero y ahora tenemos que venir a buscar apoyo directamente al mercado”, compartió Medina, responsable del área de integración comunitaria del refugio.
Aunque algunos comerciantes han respondido con solidaridad, reconoce que el cambio implica más tiempo, más esfuerzo y mayor incertidumbre para sostener la operación diaria.
Aunque USAID tenía previsto destinar alrededor de 60 millones de dólares en apoyo a México, reportes fiscales parciales de 2025 muestran que, tras la pausa en el financiamiento decretada por la Administración de Donald Trump, los recursos enviados al país se redujeron a unos 16 millones.
La caída afectó directamente a más de un centenar de programas y organizaciones humanitarias, entre ellas Casa Frida.
“2025 fue un año profundamente retador”, dijo Raúl Caporal, cofundador y miembro del consejo que acompaña a Casa Frida, organización que opera desde 2020 y cuenta con sedes en Monterrey, Ciudad de México, y Tapachula.
En mayo de 2025, la organización superó las 7 mil personas atendidas a través de sus distintos espacios. Sin embargo, el recorte de fondos alteró de forma directa su capacidad operativa.
“El presupuesto que teníamos 2025–2027 se vio afectado con la suspensión del 50% casi de nuestro presupuesto que perdimos en ese momento en enero de 2025”, señala Caporal.
“Hemos tenido que suspender o readaptar algunos programas”, añadió. Entre ellos, uno de seguridad alimentaria que operaba a nivel nacional con apoyo del Gobierno de Estados Unidos, enfocado en personas en contextos de movilidad forzada, así como un programa especial de protección a presuntas víctimas del delito de trata.
La notificación del recorte llegó el 23 de enero de 2025, a través de correos electrónicos que informaban de una suspensión “aparentemente temporal” de los proyectos financiados por la cooperación internacional estadunidense.
“Desde el primer momento sabíamos que, si esa suspensión tenía el objetivo de revisar que los proyectos coincidieran con los intereses políticos de la actual Administración (estadunidense), serían cancelados en definitivo”, afirma Caporal.
Según explica, la narrativa dominante del Gobierno del norte ha sido excluir temas vinculados con género, diversidad sexual y movilidad humana, ámbitos en los que Casa Frida trabaja.
Desde el 20 de enero de 2025, primer día de su segundo mandato, el presidente Donald Trump impulsó un recorte drástico del gasto estadunidense en ayuda exterior, comenzando con una orden de suspensión general que paralizó proyectos humanitarios y de desarrollo en todo el mundo.
A inicios de febrero, USAID, la principal agencia de cooperación internacional de Estados Unidos, comenzó a ser desmantelada y para el 1 de julio el 83% de sus programas habían sido cancelados, mientras que los restantes fueron transferidos al Departamento de Estado.
El impacto del recorte de fondos de USAID también se hizo sentir en organizaciones que no dependían directamente de esa cooperación, pero que actúan dentro del ecosistema de la sociedad civil.
Es el caso de Fondo Semillas, un fondo con más de tres décadas de trayectoria apoyando a organizaciones y colectivos de base en México.
Gabriela Toledo, codirectora en Fondo Semillas, explicó a France 24 que el recorte afectó directamente a proyectos en áreas donde ya se habían logrado avances significativos.
“Más allá del recurso, lo que se afecta es el avance en los temas, defensa de derechos que ya habíamos visto como un gran avance y eso se ve como un gran retroceso”, afirmó.
En términos financieros, el golpe para Fondo Semillas fue directo: “Al Fondo Semillas en ese sentido le afecta más o menos en un 20% de su presupuesto total directamente”, lo que obligó a buscar con urgencia nuevos donantes y alianzas.
En el caso de las organizaciones financiadas por el fondo, el impacto fue aún mayor.
“Fueron más del 70% de impacto en los presupuestos” de grupos que trabajan temas de migración, LGBTIQ+ y derechos sexuales y reproductivos, quedándose apenas con el 30% de sus recursos garantizados” contó Toledo.
Para Toledo, lo ocurrido no es un episodio aislado, sino parte de una transformación más profunda.
“Yo considero que está en reconfiguración”, dice sobre el sistema de cooperación internacional. A su juicio, la filantropía está cambiando sus formas de operar ante la hipervigilancia, la hiperfiscalización y el temor a represalias políticas.
Algunas organizaciones exploran figuras jurídicas distintas, como cooperativas, mientras que otras buscan alianzas con el sector empresarial, aunque ese camino también se ha estrechado, sostuvo.
“Lo que está pasando es que se está precarizando nuevamente el activismo. Vivir en precarización siempre te mantiene en sobrevivencia”, lamentó.
Para Ángeles Estrada, directora de la Iniciativa de Transparencia, Anticorrupción y Digitalización, el primer año tras el recorte de la ayuda estadunidense dejó un saldo claro en México: cierres, despidos y una reconfiguración forzada del trabajo de la sociedad civil.
“Ha sido un año de muchos cierres de organizaciones de la sociedad civil, ha sido un año de muchos despidos (...) Quienes éramos activistas o académicos, ahora tal vez somos consultores, o trabajamos para el Gobierno o nada, tuvimos que buscar otras formas de ingreso”, comentó.
A su juicio, el recorte no fue una simple reorientación de prioridades, como había ocurrido en ciclos anteriores.
“El año pasado representó la destrucción de todos los principios sobre los cuales se basaba la ayuda norteamericana a través de sus agencias de ayuda y de cooperación”, afirmó.
Durante décadas, explicó, temas como derechos humanos, democracia, justicia, migración o derechos de las mujeres se mantuvieron como ejes constantes, independientemente de si el presidente estadunidense era demócrata o republicano.
“Lo que vimos el año pasado fue un absoluto rompimiento de esas temáticas”, sustituidas, afirmó, por una lógica en la que la ayuda debe contribuir directamente a que Estados Unidos sea “más fuerte” y “más seguro”.
Ese cambio, advierte, implica una redefinición profunda del concepto de seguridad.
“La seguridad en Estados Unidos la define el presidente Trump”, agregó, subrayando que ahora es el Ejecutivo y su círculo cercano quienes determinan qué proyectos merecen financiamiento.
En ese marco, iniciativas de anticorrupción, democracia o Derechos Humanos pueden quedar excluidas si no encajan en esa interpretación.
“El criterio del Gobierno de Estados Unidos ha pasado a ser ahora un criterio personal de quien ostenta el poder”, resumió.
Estrada coincide con otros analistas en que el sistema de cooperación internacional atraviesa una reconfiguración total.
“Estados Unidos era el país que más financiamiento ofrecía a nivel global”, recordó, por lo que su retirada obligó a otros gobiernos y fundaciones a rediseñar por completo sus programas y prioridades.
En ese proceso, explicó, la ayuda vuelve a evidenciar su dimensión estratégica: “Está relacionado con el ejercicio del ‘soft power’, es básicamente tener incidencia desde adentro, incidencia política, económica y social”.
Con la retirada estadunidense, dijo, ese tablero se está moviendo.
Frente al vacío que dejó USAID, otros actores intentan reacomodarse. Estrada observa que gobiernos como Francia, Canadá, Alemania, España o el Reino Unido aún están redefiniendo sus estrategias, conscientes de que la demanda de recursos “se triplicó”.
Al mismo tiempo, resaltó la irrupción de nuevos interesados.
“China, por ejemplo”, dijo. Todo esto ocurre, además, en un contexto en el que muchos países han redirigido recursos hacia armamento y seguridad, reduciendo aún más los fondos disponibles para programas sociales.
La experta anticipa al menos una década más de restricciones en la cooperación internacional. Según ella, no volverán los niveles de financiamiento del pasado, sino “estructuras de ayuda muy puntuales, diseñadas para ciertos temas y con procesos de acceso complejos”.
Eso exigirá una mayor profesionalización de las organizaciones de la sociedad civil y, sobre todo, una lección estratégica.
“Cometimos un gran error que fue depender en un porcentaje altísimo de los recursos que nos ofrecía Estados Unidos”, remató.
Con información de Proceso.