Corte valida leyes secundarias de la reforma judicial: Elecciones judiciales no tendrán financiamiento

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó diversos artículos impugnados de las leyes secundarias que se adecuaron para regular la reforma judicial y que fueron aprobadas en octubre del año pasado por la mayoría de Morena en el Congreso para llevar a cabo la elección de jueces, magistrados y ministros.

A pesar de que la mayoría de los ministros consideraron que los artículos impugnados son contrarios a la Constitución, los votos de las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres fueron decisivos para bloquear su invalidación.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) promovieron acciones de inconstitucionalidad en contra de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, argumentando distintos vicios legislativos en su aprobación.

En su proyecto, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo propuso que no hubo vicios legislativos al omitir consultar a comunidades indígenas y personas con discapacidad, ni al aprobar las modificaciones legales a pesar de suspensiones otorgadas por jueces en juicios de amparo.

El ministro Pardo Rebolledo propuso la inconstitucionalidad de diversos artículos por la omisión en crear acciones afirmativas en paridad de género y para grupos vulnerables, por afectar la independencia del Instituto Nacional Electoral (INE), la violación a principios convencionales al eliminar la segunda instancia en el proceso sancionador y por promover la inequidad en la contienda al eliminar el financiamiento público y privado de las campañas judiciales.

"Cualquier campaña electoral encaminada a persuadir a potenciales votantes cuesta dinero, no es posible llevar a cabo una campaña electoral mínimamente efectiva sin erogar recursos", señaló el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá sobre el último punto.

Durante esa misma discusión, el ministro Laynez Potisek planteó el impedimento de las ministras Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf y Batres Guadarrama para revisar esa parte del proyecto, ya que las tres aspiran a aparecer en la boleta electoral del próximo 1 de junio.

Sin embargo, las ministras aludidas negaron estar impedidas de participar en la discusión y votación de la invalidez de los artículos que prohíben el financiamiento de las campañas judiciales.

Con la desestimación de lo propuesto por el ministro Pardo Rebolledo, ahora la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, podrá realizar nombramientos directos en direcciones ejecutivas y unidades técnicas del órgano electoral.

De igual manera, queda vigente el artículo que permite a los candidatos participantes en el proceso electoral de personas juzgadoras sólo erogar recursos para gastos personales y prohíbe recibir financiamiento público o privado para promover su candidatura.

En esta sesión, la ministra presidenta Norma Piña y la ministra Lenia Batres protagonizaron un nuevo intercambio de palabras por supuestos señalamientos negativos al Poder Judicial de la Federación.

"Rechazo nuevamente cualquier insinuación de que la suscrita le falta el respeto a este Pleno y sigo manifestando y reivindicando que tengo el derecho de externar los puntos de vista y responder a la discusión", reviró Batres Guadarrama.

Con información de Latinus.

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La llamada que evitó la entrega de Almanza a las autoridades estadounidenses 

Una llamada cambió la intención del exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa, Marco Antonio Almanza, hace unos días, cuando pretendía entregarse a los Estados Unidos.

Y es que, según fuentes cercanas del mismo Almanza, el ex jefe de policía de Rocha Moya estaba decidido a entregarse tras darse cuenta de la hazaña que esperaba concretar la 4T, así lo relató el periodista Carlos Loret de Mola en su última columna.

Según Loret, tras acudir a declarar a la FGR en Sinaloa, Almanza se percató de que el gobierno federal protegería tanto a Rocha Moya, como al senador Inzunza y al alcalde Gámez Mendívil, por lo que pactó su entrega con los estadounidenses, a pesar de esto y ya en el municipio de Tijuana, en donde al otro lado de la frontera ya lo esperaban, recibió una llamada que lo cambió todo. 

Trascendió que su pareja, quien también trabaja en el gobierno estatal, le mencionó que si se entregaba quienes sufrirían las consecuencias serían ella y sus hijos, por lo que no le quedó de otra más que devolverse a México y compartir el video que se vio en días anteriores en redes sociales, en donde mencionó que seguirá en Sinaloa…

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