
El diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, denunció a las compañías telefónicas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) que, acusó, están extorsionando a millones de mexicanos al condicionar el acceso al servicio de telefonía a la entrega de datos personales mediante el registro obligatorio de líneas celulares.
“Están obligando a los ciudadanos a entregar su información más sensible bajo amenaza de quedarse incomunicados. Eso es extorsión y es un abuso intolerable”, declaró.
Francisco Sánchez advirtió que las empresas de telefonía están actuando como ejecutoras de una política que vulnera los derechos de los consumidores, al imponer requisitos indebidos para el acceso a un servicio esencial.
“Están condicionando tu derecho a comunicarte. Te dicen: o entregas tus datos o te quitamos el servicio. Eso es un abuso directo contra millones de usuarios”, señaló.
El legislador sostuvo que esta práctica constituye una violación a los derechos del consumidor y debe ser sancionada por la Profeco, al tratarse de una imposición que altera las condiciones del servicio contratado.
Asimismo, alertó que esta medida no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia más amplia para establecer un sistema de vigilancia sobre la población.
“Primero quisieron tus datos biométricos, después quisieron vincular tu identidad a cada línea telefónica y ahora buscan controlar todos los aspectos de tu vida, hasta el cómo usas tu dinero. Es una ruta clara hacia una tecnodictadura”, afirmó.
Francisco Sánchez hizo un llamado a los ciudadanos a no ceder ante estas presiones y a defender su libertad frente a lo que calificó como un intento de sometimiento.
“México no es un país de ciudadanos vigilados. No vamos a aceptar que se nos trate como sospechosos permanentes. No vamos a entregar nuestra libertad a cambio de una falsa promesa de seguridad. Estamos ganando la batalla y vamos a ganar esta guerra contra el régimen de Morena”, expresó.
Finalmente, reiteró que la denuncia ante Profeco busca frenar estos abusos y sentar un precedente para que ninguna empresa pueda condicionar el acceso a servicios básicos a la entrega de datos personales.

Siguen saliendo irregularidades sobre institutos gubernamentales, en esta ocasión el medio de comunicación Animal Político, evidenció la adjudicación que hizo el Instituto Nacional de Migración a una empresa de organización de eventos, que supuestamente instaló albergues del 2021 al 2025, durante el comisionado de Francisco Garduño Yáñez.
Y es que entre estos años, el INM entregó diez contratos por al menos 2 mil 777 millones de pesos a la empresa empresa para instalar albergues y puntos de rescate migratorio, lo que por cierto ya había advertido la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la Cuenta Pública 2022, esto por 545 millones que no se comprobaron.
A pesar de esto, investigaciones señalaron que los contratos continuaron en los años siguientes mediante adjudicaciones directas, haciendo que el monto escalara a casi 2 mil 800 millones de pesos.
Por cierto, la empresa beneficiada es Grupo Caufi S.A. de C.V., que según Animal Político en base a los contratos, debían operar albergues o centros de rescate migratorio, pero no se encontró rastro de las instalaciones.

Bardas ubicadas sobre la avenida De las Torres en Ciudad Juárez presentan pintas con el mensaje “Con Bonilla sí jalo”, en referencia al alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla.
Las leyendas se observan junto a otras pintas de Cruz Pérez Cuéllar, compartiendo el mismo espacio en esta vialidad.
Hasta el momento, no hay postura oficial sobre ellas.

El diputado Cuauhtémoc Estrada ha comenzado a aparecer en bardas en Ciudad Juárez, bajo el argumento de promocionar su casa de enlace. Sin embargo, la acción ha generado señalamientos por posible promoción anticipada.
Aunque el número telefónico que se muestra sí corresponde a su casa de enlace legislativo, hay quienes consideran que el formato y la visibilidad del nombre del legislador rebasan la simple difusión institucional, reavivando el debate sobre los límites entre información oficial y propaganda política, teniendo en cuenta que las elecciones internas para definir candidatos no están muy lejos...

A pesar de los intentos de la gobernadora de Veracruz Rocío Nahle y la réplica de la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre lo “limpias” que se encuentran las playas veracruzanas tras el derrame de petróleo en el estado costero, un grupo de pescadores acompañados de Instituto Federal de Defensoría Pública preparan una demanda colectiva hacía el gobierno de la 4T.
El día de ayer, representantes de este grupo contactaron a medios nacionales y explicaron que sus abogados ya se encuentran integrando expedientes con testimonios, evidencias fotográficas y documentación que acredita la afectación directa a la pesca, así como también la salud pública de los turistas que visitan la costa veracruzana.
Cabe mencionar que durante los días Santos, la Nahle utilizó sus redes sociales para compartir videos e imagenes de como estaban las playas de Veracruz, mientras en comentarios la criticaban por el accidente petrolero, por si fuera poco, esta mañana la presidenta Sheinbaum dijo que a pesar del odio y enojo de algunas personas, las playas están limpias y seguras, sin tomar en cuenta que al menos 150 familias que viven de la pesca se han visto afectadas por el derrame.

En un espectáculo digno de un personaje del guionista mexicano "Lalo el Mimo", Gerardo Fernández Noroña mantiene un papel insignificante de sentirse “la víctima por siempre”.
La falta de atención, al que orinaba en alcantarilla y regateaba cincuenta centavos por un jugo “boing”, hoy como parte de la opulencia y realeza de la 4T, se indignó porque le cuestionaron de su mansión en Tepoztlán valuadas en 12 millones de pesos y sus viajes en clase business o primera con recursos públicos.
Dice que no fue entrevista porque le hicieron preguntas de “mala fe”, pero como buena víctima salpica otros. Dijo que Maru y Alito tienen propiedades más caras.
Pero el único que no ha explicado su casa de 12 mdp en Tepoztlán y la vida que se da es “la víctima por siempre”, que ya ni en eventos de morena lo aguantan.

Las redes sociales volvieron a encenderse luego de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, compartiera imágenes sobre la afluencia de pasajeros en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
En las fotografías se observa una aparente alta concurrencia en las instalaciones aeroportuarias, lo que fue destacado como muestra del funcionamiento y crecimiento del aeropuerto. Sin embargo, usuarios en distintas plataformas comenzaron a cuestionar la autenticidad de algunas imágenes.
Diversos comentarios señalan que ciertos elementos visuales como rostros repetidos, proporciones inconsistentes y detalles poco naturales podrían indicar el uso de inteligencia artificial en su creación o edición.
La polémica no tardó en dividir opiniones: mientras algunos defienden la publicación y consideran que las imágenes reflejan la realidad operativa del AIFA, otros exigen mayor transparencia sobre el origen del material difundido.
Hasta el momento, no se ha emitido una postura oficial que confirme o desmienta si las imágenes fueron generadas o alteradas con herramientas de IA.

La Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) ha emitido una solicitud de pago por un monto de 1Millón 479 mil pesos a favor de la empresa DRAGON CHARGE, S.A de C.V.
La solicitud, dirigida al Maestro José Ernesto Maldonado Pérez, Subdirector de Operación de Programas Sociales y Encargado del despacho de la Dirección de Atención a Programas Sociales, se enmarca en el proyecto "Segunda Fase de 'Sembrando Vida" en Cuba.

Las calles lucen solas esta mañana de Viernes Santo en la avenida 16 de Septiembre, en pleno corazón del Centro de la ciudad. A diferencia del habitual movimiento, el silencio y la calma marcan el paso de las primeras horas del día, en una postal distinta que deja ver otra cara del tradicional flujo urbano.

En redes sociales comenzó a difundirse una publicación en la que se señala a la senadora por Chihuahua, Andrea Chávez, de haber protagonizado un momento incómodo en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez, luego de presuntamente perder un vuelo con destino a Cancún.
De acuerdo con el testimonio compartido por un usuario, algunos pasajeros habrían presenciado una actitud “prepotente y altanera” por parte de la legisladora hacia personal del aeropuerto y la tripulación. Sin embargo, hasta el momento no existe una versión oficial ni confirmación por parte de la propia senadora o autoridades aeroportuarias.
La publicación ha generado reacciones divididas entre usuarios, quienes cuestionan la veracidad de los hechos. Otros, en cambio, han retomado el tema para criticar la imagen pública de la funcionaria.

En una reciente declaración el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña afirmó que pertenecer a la 4T no implica un compromiso de vida austera para sus integrantes.
Señaló que la austeridad debe ser una norma para el gasto gubernamental y el ejercicio del poder, mas no una restricción para la vida privada.
Esto en defensa sobre los cuestionamientos sobre el patrimonio y los negocios de los hijos del exmandatario López Obrador.

Una publicación en redes sociales comenzó a circular este fin de semana, generando cuestionamientos entre usuarios del transporte público en Ciudad Juárez, particularmente en torno al origen y uso de algunas unidades.
El mensaje, acompañado de una fotografía, señala: “Ayer viernes 27 de marzo me tocó tomar un Riveras y que me encuentro con la unidad T-001 que antes servía de ‘ruta alimentadora’ de la Gómez Morín. La duda es ¿Estos camiones no pertenecían a gobierno del estado? Aquí se da uno cuenta de las tracalas que tiene el gobierno con los concesionarios”.
La imagen muestra una unidad siendo utilizada como transporte público de concesionarios, lo que ha despertado dudas sobre si se trata de un vehículo que anteriormente formaba parte del sistema de transporte operado por el Gobierno del Estado, particularmente en el esquema de rutas alimentadoras vinculadas al corredor Gómez Morín.
El tema ha generado reacciones entre usuarios, quienes por un lado cuestionan la posible falta de transparencia en el manejo de unidades públicas, mientras que otros señalan la necesidad de mejorar la cobertura del servicio.
