Colectivo exige investigar a familiares de dueño del Crematorio Plenitud por presunta copropiedad
El colectivo “Justicia para Nuestros Deudos” exigió que la Fiscalía Zona Norte amplíe las investigaciones y proceda penalmente también contra la esposa y la madre de José Luis Arellano Cuarón, luego de que aseguran se reconociera legalmente que ambas son copropietarias del Crematorio Plenitud.
A través de un comunicado, la agrupación encabezada por la vocera Dora Elena Delgado Barraza señaló que durante el proceso de amparo, el propio Arellano Cuarón habría admitido la existencia de copropiedad del establecimiento, contradiciendo la postura pública inicial de la Fiscalía, que sostuvo que él era el único propietario.
El colectivo argumentó que dicha copropiedad implicaría responsabilidades solidarias tanto en materia penal como civil, al considerar que las propietarias tenían la obligación de supervisar el cumplimiento de normas sanitarias y legales dentro del negocio.
Asimismo, acusaron que las presuntas copropietarias también habrían obtenido beneficios económicos derivados de las operaciones del crematorio y participado en contratos y convenios con instituciones públicas.
En el documento, el colectivo sostuvo que la Fiscalía Zona Norte incurrió en una “contradicción procesal” al omitir inicialmente la existencia de otros propietarios y señalaron directamente al fiscal de la Zona Norte, Carlos Manuel Salas, por presuntamente negar a las familias el derecho de interponer denuncias.
También recordaron que existen denuncias pendientes ante la Fiscalía de Control, Análisis y Evaluación (Asuntos Internos), presentadas en agosto y diciembre de 2025, relacionadas con presuntos actos de corrupción y omisiones de servidores públicos involucrados en el caso.
El colectivo afirmó que la falta de resolución de dichas denuncias “perpetúa la impunidad y normaliza la corrupción institucional”, además de vulnerar el derecho de las familias a la verdad, la justicia y la reparación integral.
Finalmente, “Justicia para Nuestros Deudos” insistió en que las investigaciones deben extenderse a todas las personas que tengan participación reconocida en el crematorio y exigieron sanciones para funcionarios que, por acción u omisión, hayan obstaculizado el acceso a la justicia.
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