
Citando negligencia médica severa, uso violento de la fuerza y uso excesivo del confinamiento solitario contra migrantes, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Texas y otras organizaciones legales y de derechos humanos presentaron el viernes por la noche una demanda contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por las condiciones que califican como inhumanas en el Campamento East Montana.
La demanda, de 78 páginas, solicita a un tribunal federal que prohíba a ICE continuar operando la instalación mientras siga incumpliendo los estándares federales de detención. Los demandantes argumentan que la decisión del gobierno de mantener abierto el centro, pese a los hallazgos de una inspección oficial, fue ilegal y debe ser revocada.
La Oficina de Supervisión de la Detención de ICE encontró decenas de violaciones a los estándares nacionales de detención en el Campamento East Montana durante una inspección realizada en febrero por mandato del Congreso. Según el informe, las irregularidades podrían exponer a los detenidos a fuerza excesiva, enfermedades y otras condiciones inseguras.
“Ningún ser humano debería tener que pasar por esto”, declaró Gerald Akari Angye, uno de los cuatro detenidos que aparecen como demandantes. Según la demanda, fue golpeado tras insistir en hablar con un abogado antes de firmar documentos migratorios, posteriormente hospitalizado, obligado a usar silla de ruedas por sus lesiones y recluido en aislamiento al regresar al centro.
“Ya he sufrido tortura en mi país natal, Camerún, y nunca pensé que sufriría un trato tan violento por parte de los guardias aquí en Estados Unidos. Me han golpeado y aún tengo una férula en las manos y la muñeca. Estoy sufriendo y tengo miedo de estar aquí”, expresó.
ICE y el Departamento de Seguridad Nacional han defendido de manera constante las condiciones dentro del Campamento East Montana.
La instalación, valuada en 1,240 millones de dólares y ubicada en terrenos de Fort Bliss, en el extremo este de El Paso, abrió en agosto pasado como parte de la estrategia de detención y deportación impulsada por el presidente Donald Trump. Desde entonces ha enfrentado múltiples denuncias por violencia, trato inhumano y violaciones a las normas de detención. Además, tres personas han fallecido en el lugar, incluida una muerte clasificada como homicidio relacionado con personal del centro.
A principios de abril, alrededor de 2,500 personas permanecían detenidas en el complejo, según los datos más recientes disponibles. La demanda destaca que se trata de un centro civil de detención migratoria, por lo que las condiciones de reclusión no deberían tener carácter punitivo.
La querella fue presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas y es considerada la primera acción legal de gran escala contra el mayor centro de detención migratoria del país. Además de los cuatro detenidos, figuran como demandantes la ACLU de Texas, ACLU nacional, Texas Civil Rights Project, Human Rights Watch y el despacho Farella Braun + Martel LLP.
Los demandantes buscan que el caso sea certificado como una demanda colectiva.
De acuerdo con el documento judicial, los detenidos enfrentan de manera cotidiana agresiones físicas, acoso sexual por parte de guardias, condiciones de vida deficientes, escasez de alimentos y atención médica inadecuada.
“La vida cotidiana en el Campamento East Montana es desesperada”, señala la demanda, que también afirma que muchos migrantes presentan deterioro mental severo, pérdida de la sensación de dignidad humana e incluso pensamientos suicidas.
Entre las principales acusaciones destacan:
Uno de los demandantes, identificado bajo el seudónimo Navdeep, aseguró sentirse como un “peón político” separado de su familia y obligado a vivir en instalaciones no aptas para la vida humana.
“Podríamos morir aquí, y parece que a nadie le importaría”, afirmó.
Otro demandante, identificado como ZOR, denunció que le rompieron tres dientes durante una agresión perpetrada por otro detenido mientras los guardias observaban. También aseguró que un custodio arrojó su crucifijo a la basura.
La demanda sostiene además que agentes intentaron deportarlo en varias ocasiones, pese a existir una orden judicial que impide su traslado a su país de origen.
En febrero se reportó un brote de sarampión dentro de la instalación, mientras crecían las denuncias por atención médica deficiente.
En marzo, ICE rescindió el contrato con el operador principal del centro, aunque mantuvo al proveedor médico Loyal Source Government Services. Asimismo, la empresa de seguridad Akima Global Services fue reemplazada por GardaWorld Federal Services LLC, aunque la demanda sostiene que gran parte del personal permaneció sin cambios.
Savannah Kumar, abogada de la ACLU de Texas, calificó al Campamento East Montana como el “epicentro de la cruel agenda de deportación de la administración”.
“Personas de todo el país han sido trasladadas a una base militar en medio del desierto y encerradas en un campo de detención de tiendas de campaña plagado de muertes, brotes de enfermedades y palizas por parte de guardias”, señaló.
Las organizaciones demandantes, junto con Estrella del Paso y el Centro de Defensa de Inmigrantes de Las Américas, habían enviado previamente cartas al gobierno federal documentando testimonios de decenas de detenidos sobre las condiciones en el centro.
Con información de El Paso Matters.