
Las comisiones de Derechos Humanos de Jalisco, Ciudad de México y Nuevo León, que serán sedes en México de la Copa Mundial de Futbol FIFA 2026, emitieron un comunicado conjunto para externar sus preocupaciones frente a lo que, consideraron, podría generar afectaciones a distintos derechos de la población si las autoridades no implementan medidas preventivas y colocan a las personas en el centro de las decisiones relacionadas con la justa deportiva.
A 10 días de que las ciudades sede reciban los partidos del torneo ya agendado, los organismos defensores de derechos humanos de las tres entidades sede alertaron sobre el cómo esta clase de "megaeventos deportivos" suelen generar impactos sociales que van más allá de la competencia en la cancha, particularmente en temas como movilidad, seguridad, uso del espacio público, desarrollo urbano y actividad económica.
En este sentido, las comisiones recordaron que experiencias registradas en otros países anfitriones han documentado problemáticas como desplazamiento de comunidades, restricciones a libertades civiles, criminalización de la pobreza, explotación laboral, trata de personas, afectaciones ambientales y exclusión de grupos históricamente vulnerables, por lo cual, instaron a las autoridades a prestar atención a ello para evitar que estas situaciones puedan llegar a repetirse de cara a la Copa Mundial de Fútbol 2026.
De acuerdo con el pronunciamiento, el Mundial tendrá efectos directos sobre la vida cotidiana de millones de personas, no solo para quienes visitan los estados sede, sino también para quienes ahí viven y habitan, debido a los cambios que implicará en las ciudades sede, desde operativos de seguridad y modificaciones a la movilidad hasta el incremento de la actividad turística y comercial.
Ante todo ello, los organismos anunciaron una agenda conjunta de observación, monitoreo e intercambio de información para identificar de manera oportuna posibles riesgos a los derechos humanos derivados de la organización del torneo.
Las comisiones señalaron que el objetivo es evitar que, bajo argumentos relacionados con la seguridad, el orden urbano o la imagen de las ciudades, se adopten medidas "que terminen afectando de manera desproporcionada a determinados sectores de la población".
También hicieron un llamado a las autoridades de los distintos niveles de gobierno, así como a las instituciones involucradas en la organización del Mundial, para que todas las acciones vinculadas con el evento se desarrollen bajo principios de legalidad, inclusión, proporcionalidad y no discriminación.
Entre las acciones planteadas, se encuentra fortalecer la coordinación con organismos defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, garantizar que las estrategias de movilidad y seguridad respeten las garantías fundamentales, promover el acceso incluyente al espacio público y establecer mecanismos de monitoreo y rendición de cuentas.
Los organismos además sostuvieron que el legado del Mundial 2026 no debe evaluarse únicamente por la derrama económica, el turismo o las obras de infraestructura que genere, sino también por la capacidad de las instituciones para garantizar derechos y construir ciudades más incluyentes.
Por último, las comisiones de Derechos Humanos de Jalisco, Ciudad de México y Nuevo León reiteraron que darán seguimiento a los impactos sociales que pueda generar la justa deportiva, y buscarán impulsar acciones coordinadas para que el torneo se desarrolle con respeto a la dignidad humana y a los derechos de la población.
"El legado del Mundial no debe medirse únicamente en términos económicos, turísticos o de infraestructura. Su trascendencia dependerá de la capacidad colectiva para construir ciudades incluyentes, políticas públicas humanas y espacios de convivencia donde el desarrollo y los derechos humanos avancen de manera conjunta", señalaron las comisiones en un comunicado.
Con información de Informador.mx