Migrantes detenidos en Nuevo México enfrentan nuevos cargos por ingresar a zona militar
AP.- Migrantes que fueron detenidos recientemente en el extremo sur de Nuevo México ahora enfrentan un nuevo cargo penal por violar un área de defensa nacional, después de que el Ejército de Estados Unidos asumió la supervisión de una franja de 274 kilómetros a lo largo de la frontera estadounidense con México en cooperación con las autoridades de inmigración.
Fiscales federales aplicaron el lunes el cargo adicional por incursión en la recién designada Zona de Defensa Nacional de Nuevo México a los migrantes que fueron detenidos por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus iniciales en inglés), en momentos en que el Ejército intensifica sus despliegues en una franja fronteriza que ahora considera una extensión de la Guarnición del Ejército de Estados Unidos en Fort Huachuca, Arizona.
El gobierno federal afirma que esos soldados tienen la autoridad para detener temporalmente a los intrusos, parte de sus esfuerzos por eludir una ley federal que prohíbe el uso de tropas estadounidenses en la aplicación de la ley interna en suelo estadounidense.
El Secretario de Defensa, Pete Hegseth, destacó los cambios durante su visita del viernes a los soldados desplegados en la frontera de Nuevo México.
"Todo ilegal que intente ingresar en esa zona está entrando a una base militar, un área federal protegida", afirmó junto a un muro fronterizo, en un video publicado en redes sociales. "Será interceptado por tropas estadounidenses y la Patrulla Fronteriza".
Rebecca Sheff, abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus iniciales en inglés) con sede en Nuevo México, advirtió que la franja de protección militar "representa un peligroso deterioro del principio constitucional de que el Ejército no debe vigilar a los civiles".
Expresó su preocupación de que los ciudadanos estadounidenses que viven cerca de la frontera puedan ser procesados bajo las mismas disposiciones.
Los cargos contra al menos media docena de migrantes por ingresar sin autorización en propiedad de defensa militar fueron firmados por el fiscal federal Ryan Ellison, quien asumió el cargo el 18 de abril.
Los soldados tienen prohibido realizar tareas de aplicación de la ley civil en suelo estadounidense, según lo establecido en la Ley Posse Comitatus. Una excepción, conocida como la doctrina de propósito militar, lo permite en algunos casos.
El corredor recientemente militarizado incluye la Reserva Roosevelt, una zona de protección federal de 18 metros (60 pies) de ancho que se extiende a lo largo de la frontera, excepto donde se encuentra con territorios tribales o terrenos de propiedad privada.
Un memorando presidencial transfirió a mediados de abril el control de la Reserva Roosevelt del Departamento del Interior al Departamento de Defensa. El Departamento del Interior también ha designado áreas más allá de la Reserva Roosevelt para su transferencia bajo supervisión militar.
Desde entonces, el Ejército ha anunciado varios despliegues militares para aumentar la vigilancia, expandir caminos y reforzar los muros fronterizos.
Con información de Latinus
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Una elección nada recomendable
A una semana de la elección judicial y cuando aun no se conocen la mayoría de los resultados para los diferentes cargos, lo que llevará todavía unos días más, y a pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum, la consideró como "maravillosa", por lo pronto la Organización Estados Americanos (OEA) , consideró que este modelo no puede ser llevado a otro países.
Las razones según lo explica el analista Juan Ortiz, en sus redes sociales, fue debido a la baja participación de solamente un 13% del electorado, lo que evidencia el desinterés y por ende, la alta abstención. También, al considerarse como un riesgo para la independencia judicial.
Además, el que fue una reforma apresurada en su implementación, sin debate plural, ni gradualidad y un limittado análisis técnico. También, el que los requisitos fueron insuficientes, pues los criterios utilizados para las candidaturas, no garantizan idoneidad ni evitan politización.
Uno de los señalamientos, fue la complejidad de las boletas, que derivaron en confusión entre los electores y demoras a la hora de votar.
Otro punto, es que la difusión fue insuficiente, lo que no permitió conocer información sobre cargos y candidatos. También salió a relucir, las limitaciones al presupuesto al INE, que se tradujo en la reducción del número de casillas y que afectó la organización.
Y desde luego, los “acordeones” que dieron el sello distintivo a esta elección pues hubo denuncias sobre los listados que circularon, especialmente desde la 4T, que según se ha dicho, son considerados como propaganda ilegal y coacción al voto. Así la evaluación a una semana de esas elecciones. ¿Qué otros “detalles” saldrán en los próximos días?, ya se verá, comentan.
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