Colectivos de familiares de personas desaparecidas manifestaron a jueces de Jalisco su preocupación e indignación ante la “politización” del proceso penal del alcalde de Teuchitlán, José Asunción Murguía Santiago, quien fue detenido por su presunta relación en el caso del Rancho Izaguirre, por lo que solicitaron intervenir como interesados a las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).
En una carta dirigida a jueces señalaron que resulta “inaceptable” que existan manifestaciones públicas de apoyo en favor del imputado a pesar de la existencia de pruebas que presuntamente lo vinculan.
“Que se reconozca la presente petición como un instrumento válido para intervenir como terceros interesados, o en su caso, que se considere como Amicus Curiae, dada nuestra calidad de víctimas y nuestra colaboración con la Fiscalía General de la República en la integración del caso e impulso de los procesos de acceso a la verdad y la justicia”, señalaron.
Indicaron que dicho mecanismo ha sido reconocido en el derecho internacional como en la jurisprudencia, ya que es una herramienta válida para enriquecer el análisis desde perspectivas ciudadanas, expertas y de personas directamente afectadas
“Que se asegure que este proceso judicial se realice en todo momento bajo los principios de independencia e imparcialidad, libre de injerencias indebidas, presiones externas o intereses particulares de cualquier índole. Esta exigencia se fundamenta en los principios rectores del sistema de justicia penal, particularmente en el respeto al principio de legalidad, al debido proceso y a la protección integral de los derechos de las víctimas”.
Recordaron que la Primera Sala de la Corte dispuso también que la presentación del Amicus Curiae está protegida por la interdependencia entre la libertad de expresión y el derecho a defender los derechos humanos”, explicaron los colectivos.
Añadieron que las víctimas directas e indirectas han sufrido daños profundos como consecuencia de “las atrocidades cometidas” no solamente por el presunto culpable, sino también por otras personas involucradas en los hechos.
“Esperamos que dichas personas pronto sean debidamente investigadas y procesadas, conforme a la ley, pues su actuación nos ha marcado, ha quebrantado familias enteras, ha dejado una huella de dolor imborrable, y ha destrozado nuestras vidas para siempre”, indicaron.
Precisaron que llegar a esta instancia jurisdiccional representa “un hecho histórico”, pues “ha costado años de trabajo, tiempo, esfuerzo e impactos profundos en todos los ámbitos de nuestras vidas”
“Nos ha significado enfrentar una serie de calumnias, infamias, ataques y amenazas, con las que se ha pretendido desacreditar y deslegitimar nuestra lucha. Como víctimas tenemos el derecho imprescriptible a conocer la verdad y a recibir información específica sobre las violaciones de derechos o los delitos que nos han afectado”, señalaron.
La captura del edil se realizó el sábado 3 de mayo. El pasado 11 de marzo, en entrevista con Animal Político, Murguía Santiago se dijo tranquilo ante las declaraciones de ese entonces de Gertz Manero en las que advertía que se investigaría a autoridades locales.
“Yo creo que tiene que ser la investigación desde arriba (…) estos sucesos le tocan al estado y a la federación, lo que es la fiscalía, Guardia Nacional, Sedena. Yo creo que, si realmente traen intenciones de investigar, que empiecen desde arriba”, mencionó el edil emanado de Movimiento Ciudadano.
El domingo fue su primera audiencia y en la cual se le imputaron los delitos de delincuencia organizada en agravio de la colectividad, desaparición forzada, reclutamiento, trata y explotación de personas y abuso de autoridad.
De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía General de la República (FGR), el reclutamiento de personas, que eran llevadas a distintos ranchos en Jalisco entre ellos el Izaguirre, era operado por José Gregorio Hermida, alias “El Lastra” y que ya se encuentra detenido, y por Gonzalo Mendoza Gaitán, alias “El Sapo” o “El 90”, ambos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Por su parte, manifestantes de Teuchitlán se manifestaron en la delegación estatal de la Fiscalía General de la República para defender al alcalde.
Con pancartas y gritos de “Chon es libre” y “no está solo”, los manifestantes estuvieron para exigir la libertad del presidente municipal.
El Rancho Izaguirre fue descubierto por la Guardia Nacional el 18 de septiembre de 2024 en un operativo en el que se detuvieron a 10 personas, se rescataron a dos hombres y se localizaron los restos de uno más.
Posteriormente, a inicios de marzo, el Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ingresaron a la finca y reportaron el hallazgo de restos óseos, ropa, zapatos, maletas y otros objetos personales, así como puntos que habrían servido como hornos clandestinos para la cremación de cuerpos.
De acuerdo con el fiscal Gertz Manero, no hay pruebas de que el rancho “fuera utilizado como un lugar de cremación”, lo cual fue refutado por las personas buscadoras, quienes aseguraron contar con pruebas “contundentes” que se encuentra en posesión del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
Con información de: Animal político.