La estrategia para prevenir la desaparición forzada debe construirse a través de un diálogo permanente con las colectivas de búsqueda: Aministía

• Las colectivas de búsqueda cuentan con una gran experiencia, conocimiento y especialización, adquiridos en campo a través de años de efectuar labores de búsqueda
• La petición de información que hará el CED de la ONU a México, sobre la desaparición forzada, debe ser vista como una muestra del interés y voluntad de la ONU de trabajar para atender el tema

En el marco de la XIII Marcha de la dignidad nacional Madres buscando a sus Hijos, Hijas, Verdad y Justicia, que se conmemora hoy 10 de mayo, Amnistía Internacional exhorta al Estado mexicano a construir políticas que atiendan el problema estructural de la desaparición forzada de personas que tantas vidas ha costado en el país. Este proceso se puede lograr a partir del diálogo que mantiene con las colectivas de personas buscadoras quienes, por su experiencia, nivel de conocimiento y especialización adquiridos, pueden hacer aportes fundamentales.

Amnistía Internacional se suma a las exigencias de verdad y justicia planteadas por las diversas colectivas de personas buscadoras y con ese motivo participa en la marcha que efectúan hoy para honrar la memoria de las miles de personas desaparecidas.

Otro punto que atender

Amnistía Internacional hace un llamado al Estado mexicano para que atienda la petición de información que le hará el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, encaminada a documentar y analizar si existe una práctica de desaparición forzada de forma generalizada y sistemática en el país, anunciada por éste luego de clausurar su 28º período de sesiones, el 4 de abril de 2025.

La desaparición forzada es un fenómeno constante y es uno de los problemas que forman parte de la crisis de derechos humanos que afecta a México. En el informe La situación de los derechos humanos en el mundo, Amnistía Internacional reporta que en el año 2024 se registró en México la desaparición de 13 mil 588 personas. En el periodo 1952 al 10 de mayo de 2025 la cifra ascendía a 128 mil 332. En México desaparecen a diario 30 personas ante la incapacidad del Estado de cumplir con su obligación de garantizar la vida de sus ciudadanos.

“Estamos ante un fenómeno de grandes dimensiones. Primero, por lo que implica la pérdida de una vida en sí misma y por el impacto que este hecho genera en la familia afectada, en madres, padres, esposas, hijas, hijos, hermanas, abuelas, abuelos, quienes sufren las consecuencias psicológicas y físicas de esa desaparición. El daño causado en las diferentes esferas de su vida es inmensurable”, declaró Edith Olivares Ferreto.

“Desde Amnistía Internacional saludamos el diálogo entre las autoridades del Estado mexicano y las colectivas de búsqueda. Es un proceso que por fin ocurre y que fue propuesto durante años por las colectivas de buscadoras. En ese sentido hacemos votos porque esos encuentros sean un espacio de escucha permanente y de diálogo efectivo en el que autoridades y colectivas estructuren medidas concretas, con los ajustes que ameriten a lo largo del tiempo, para prevenir y atender el fenómeno de la desaparición forzada”, agregó Edith Olivares Ferreto.

“La petición de información al gobierno mexicano, anunciada por el CED, no debe ser vista como un ataque, sino como una muestra del interés y voluntad de organizaciones como la ONU de trabajar para atender el tema. Esta colaboración es fundamental pues con el apoyo de sus expertos pueden surgir medidas fundamentales que permitan atender debidamente el problema de la desaparición forzada en el país”, concluyó Edith Olivares Ferreto.

El trabajo conjunto entre el CED y el Estado mexicano se viene dando desde hace más una década. A manera de antecedente, el Estado mexicano ratificó la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas en 2008, la misma entró en vigor en diciembre de 2010. La primera revisión que hizo el CED a México data de 2015 y la primera visita in situ a México se concretó en noviembre de 2021. En ella, sus expertos independientes sostuvieron reuniones con autoridades, personas víctimas de desaparición forzada y diversas organizaciones de la sociedad civil. El informe de esa visita fue dado a conocer el 12 de abril de 2022.

La desaparición forzada en México

El fenómeno de la desaparición forzada es peculiar en México. A diferencia de lo que ocurre en otros países del mundo y de la zona de las Américas, donde las personas exigen a los Estados que busquen a las personas desaparecidas, en México son las familias quienes realizan esa labor, debido a la inacción u omisión de las autoridades.

Otra peculiaridad de ese problema en México, es que si bien un alto porcentaje de personas desaparecidas son hombres, quienes lideran su búsqueda son mayoritariamente mujeres, agrupadas en diversas colectivas que a la fecha son más de 200. Esto no es una casualidad, es un hecho derivado de la imposición de los roles que la sociedad asigna a las mujeres, como lo ha advertido Amnistía Internacional en su informe Buscar sin miedo: Estándares internacionales aplicables a la protección de mujeres buscadoras en las Américas.

La búsqueda la realizan con sus propios recursos. Ellas costean la compra de diversos materiales como picos, palas, guantes, cubrebocas; su alimentación y eventualmente alquiler de maquinaria. En ese proceso, las mujeres sufren amenazas y ataques que conllevan, en algunos casos, al desplazamiento forzado.

En ese sentido, a la fecha han sido asesinadas 29 personas buscadoras, tres de ellas en el marco del diálogo que mantiene la Secretaría de Gobernación con las diversas colectivas: Marco Antonio Suástegui Muñoz (el 18 de abril de 2025) y María del Carmen Morales y su hijo Jaime Ramírez –quien también se había incorporado a labores de búsqueda– (24 de abril de 2025).

Otras aristas a considerar

Esos problemas se entrecruzan además con sus historias de vida, identidades, discapacidad, la edad y entornos socioeconómicos y culturales. Incluso son estigmatizadas por su labor, así como sus familiares desaparecidos, además de que son criminalizadas y obstaculizadas para realizar su labor.

A todo ello se debe agregar el deterioro de su salud física y mental, así como los impactos socioeconómicos derivados de la desaparición forzada de sus familiares y seres queridos.

Las mujeres buscadoras son víctimas de la desaparición forzada de sus familiares y al mismo tiempo la labor que realizan las ha convertido en defensoras de derechos humanos.

El fenómeno es complejo. Por ello, además de atender el problema de la desaparición forzada en sí, el Estado mexicano debe considerar las diversas aristas referidas para dar una atención diferenciada y con perspectiva de género a las personas buscadoras.

Amnistía Internacional, advierte que la actividad de búsqueda que realizan las colectivas está protegida por el Derecho Internacional de los derechos humanos y que éste le asigna a los Estados obligaciones de respeto, garantía y protección para quienes la realizan.

Amnistía Internacional reitera las recomendaciones incluidas en su informe Buscar sin miedo, entre ellas:

Que los Estados reconozcan el derecho de las colectivas a participar en búsquedas con las autoridades y por cuenta propia; admitan la importante labor realizan las mujeres buscadoras como defensoras de derechos humanos, incluyendo mujeres negras y afrodescendientes, Indígenas, con discapacidad y con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, así como garantizar sus derechos, incluyéndolas en los mecanismos de protección correspondientes de conformidad con sus deseos.

Abstenerse de estigmatizar tanto a las personas desaparecidas forzadamente como a quienes las buscan; prevenir todo tipo de ataques tanto de las autoridades como de terceras personas y promover la salvaguarda de los derechos de mujeres buscadoras; prevenir actos de violencia basada en género y otros crímenes de odio, así como iniciar acciones penales, llevar a infractores a juicio e imponer sanciones penales pertinentes.

Tomar medidas concretas contra la impunidad por hechos de desaparición forzada y por la violencia contra las mujeres, y demás amenazas y ataques que enfrentan las mujeres buscadoras en el desarrollo de su labor; adoptar medidas para garantizar la continuidad en el acceso a recursos para el mantenimiento de condiciones de vida digna de las mujeres buscadoras e implementar mecanismos de protección y asistencia social que incluyan apoyo económico para garantizar el derecho a la búsqueda.