Durante el primer trimestre de 2025 fueron asesinados en el país al menos 50 políticos, la mayoría de ellos de nivel municipal, revela el más reciente reporte trimestral Violencia Política en México, elaborado por la consultora Integralia.
El documento, dado a conocer el 11 de mayo, señala que en el periodo de enero a marzo de este año se identificaron 104 ilícitos de violencia política en México, aunque el homicidio doloso es el de mayor incidencia.
Destacan los asesinatos de Manuel Gamboa, director de Gobernación en el municipio de Ixtaczoquitla, Veracruz; Carlos Ramsés Neri, aspirante a alcalde en el estado de Veracruz, y Jaime Maciel Ramírez, director de Seguridad Pública, en Coyuca de Benítez, Guerrero.
El segundo delito con mayor incidencia es el de amenazas, con 24 casos, seguido de atentados con arma de fuego, con 15 casos; secuestro, con 11, desaparición de personas, con dos, y otros delitos, con dos casos.
“El 81.7 por ciento de las víctimas se desempeñaban, habían ocupado o aspiraban a ocupar cargos en gobiernos municipales”, señala el documento de la consultora.
Según el informe, las cifras ponen en evidencia la fragilidad institucional a nivel municipal de gobierno, particularmente frente a los esfuerzos de infiltración por parte del crimen organizado.
¿Qué estados son ‘foco rojo’ para los políticos?
Integralia identifica 78 municipios con casos de violencia política, pero resalta los casos de Cuernavaca y Huitzilac, Morelos, que registraron hasta cinco incidentes de violencia política cada uno. En todo el estado de Morelos suman 17, la cifra más alta del país.
Otras entidades con alta incidencia de violencia política son Veracruz, con 13 casos; Oaxaca, con 12; Puebla, con 11, y Guerrero, con nueve. “Revelando una concentración geográfica en estados con altos niveles de incidencia delictiva y presencia criminal“.
Asimismo, muestra que Morena es el partido al que pertenecen el mayor número de víctimas de violencia política, con 30 casos; seguido por el PRI, con 10, y Movimiento Ciudadano, con nueve.
“En parte ello se explica por la concentración de puestos de elección popular que ocupa Morena”, puntualiza.
Sobre las motivaciones, el informe de Integralia considera que los datos revelan esfuerzos del crimen organizado por cooptar instituciones públicas locales.
“Las amenazas y atentados contra aspirantes buscan condicionar los resultados electorales, mientras que los secuestros y amenazas contra funcionarios opera como mecanismos de control territorial y financiero”, precisa.
Candidatos a elección judicial ‘se salvan’ de narcoviolencia
El informe revela que la violencia política durante el primer trimestre de 2025 no ha impactado directamente en la elección judicial del 1 de junio próximo. Y es que, al 31 de marzo no se había identificado ningún incidente de violencia política contra candidatas o candidatos en dicho proceso.
Considera que ello podría explicarse por qué el proceso y los cargos en disputas son poco conocidos y las organizaciones criminales podrían haber optado por métodos de captación alternativos.
Finalmente, señala que el número de incidentes registrados durante el primer trimestre de 2025 (104 casos) representa un decremento de 59.2 por ciento con respecto a los incidentes registrados en el mismo periodo de 2024, cuando se registraron 255 episodios de violencia política.
En el reporte se explica que esta reducción se dio a que en el primer trimestre de 2024 hubo un mayor número y relevancia de cargos públicos que estuvieron en disputa durante el proceso electoral 2023-2024.
Con información de El Financiero