Venezolanos, el eslabón más débil de la implacable política migratoria de Trump
BOGOTÁ (Proceso).- Los miles de migrantes venezolanos que han sido deportados este año de manera arbitraria por la administración del mandatario estadunidense Donald Trump están en el peor de los mundos posibles: el gobierno que debería defenderlos, el de Nicolás Maduro, carece de legitimidad para hacerlo, y el presidente de Venezuela reconocido por la Casa Blanca, Edmundo González, ha optado por una tibia postura frente a Washington.
Además, cientos de esos migrantes que huyeron de un país que vive un colapso económico y social desde hace una década, están confinados en terceras naciones —principalmente en El Salvador— y en la base militar de Guantánamo, en calidad de criminales de extrema peligrosidad. Esto, a pesar de que el 98% de ellos no tiene antecedentes penales
La directora para las América de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, dice a Proceso que la política de deportaciones de Trump es “supremamente violatoria a los derechos humanos en todas las distintas etapas del proceso”, especialmente con los migrantes venezolanos, cuyos casos “son dramáticos”.
Señala que el gobierno del mandatario republicano “no ha tenido ningún tipo de consideración” con esos migrantes y que las deportaciones se han realizado “incluso en contra de los propios estándares estadunidenses del debido proceso”.
En la medida en que Trump caracterizó la migración “como una invasión”, lo que su gobierno ha tratado de hacer “es quitarle todo tipo de garantías a los migrantes, que están sujetos a deportaciones ilegales”, asegura Goebertus.
Según cifras oficiales, desde el 20 de enero pasado, día en que Trump asumió por segunda vez la presidencia, y el mes de mayo, el gobierno estadunidense ha deportado a 4 mil 121 indocumentados venezolanos a su país, y 238 más fueron expulsados y enviados a cárceles de El Salvador, eufemísticamente llamadas “Centros de Confinamiento del Terrorismo (Cecot)” por el mandatario salvadoreño Nayib Bukele.
Además, decenas de venezolanos detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) fueron enviados a la base militar estadunidense de Guantánamo, donde permanecen recluidos decenas de presuntos terroristas islámicos, y a países como México, Panamá y Costa Rica.
El gobierno de Trump sostiene que los venezolanos enviados a cárceles salvadoreñas y a Guantánamo pertenecen al Tren de Aragua, un grupo criminal de Venezuela que fue declarado por Washington como organización terrorista y que opera en varios países de América Latina y en Estados Unidos.
La aseveración de que la mayoría de deportados venezolanos pertenecen al Tren de Aragua fue desmentida por varias ONG que verificaron, con el nombre de los migrantes, que sólo el 2% tenía antecedentes penales.
Estigmatización gratuita
El presidente del Observatorio de la Diáspora Venezolana (ODV), Tomás Páez Bravo, dice que la administración Trump ha mostrado una “saña particular” contra los migrantes venezolanos, a quien ha “estigmatizado” con un discurso que los vincula al Tren de Aragua y los ubica como “enemigos” de Estados Unidos.
“Éstos son los mismos argumentos que se utilizaron el siglo pasado en Estados Unidos para estigmatizar a migrantes italianos, irlandeses, chinos o polacos”, asegura el sociólogo de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y doctor en planificación en el University College de Londres.
Dice que al asociar a los venezolanos al Tren de Aragua —una red criminal que opera en América Latina y Estados Unidos— la administración Trump ha creado “una narrativa en la que pareciera que la diáspora venezolana hace ver como niñitos pecho a Al Capone, Pablo Escobar y el Cártel de Sinaloa”.
De acuerdo con Páez, la especial animadversión de Trump contra los venezolanos en Estados Unidos se debe, también, a que se trata de una migración más joven y reciente que no tiene las organizaciones de defensa de otros segmentos latinos en ese país, como el mexicano, el salvadoreño, el dominicano y el cubano.
“Los venezolanos en Estados Unidos no tienen la historia organizativa de otras diásporas, y entonces la están tomándola contra esta migración que es la que tiene menor fortaleza y menos mecanismos de defensa”, asegura.
Otro factor de vulnerabilidad de los migrantes venezolanos es el descrédito del régimen chavista. Según actas electorales avaladas por el Centro Carter, Nicolás Maduro perdió los comicios presidenciales de julio pasado ante el opositor Edmundo González Urrutia, a pesar de lo cual juramentó para un nuevo periodo de gobierno en enero anterior.
Sin legitimidad, y como responsable de la represión desatada tras esos comicios contra dirigentes opositores, activistas humanitarios y periodistas independientes, Maduro no es la voz más autorizada para exigir garantías procesales para sus migrantes. Él mismo tiene 900 presos políticos en las mazmorras del régimen, según la ONG Foro Penal.
“Estados Unidos está deportando a migrantes venezolanos a países donde las personas se enfrentan a torturas y abusos, como Venezuela y El Salvador”, señala la directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus.
Además, Venezuela vive un quiebre económico y social que le impide incorporar a la actividad productiva a los miles de migrantes deportados por Trump.
Desde que Maduro llegó al poder, en 2013, y 2024, el país perdió cerca el 69% del Producto Interno Bruto (PIB), y este año perderá cuatro puntos porcentuales más y la inflación será del 180%, según proyecta el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Un estudio del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) señala que la pobreza en el país llegó a 86% en 2024, mientras que el salario mínimo permanece congelado en 130 bolívares al mes desde 2022, los cuales hoy equivalen a un dólar.
Para el presidente de Observatorio de la Diáspora Venezolana (ODV), Tomás Páez Bravo, la situación económica y social del país es tan deplorable que será muy difícil que medidas como las políticas migratorias draconianas de Trump desincentiven la salida de los ciudadanos a otros países en busca de mejores oportunidades de vida.
Un estudio del ODV de abril pasado indica que 9.1 millones de venezolanos han salido de su país desde 2015 y que la mayoría están en países de la región, especialmente Colombia, Perú, Ecuador, Chile y Brasil.
Páez Bravo sostiene que la persecución del gobierno de Trump contra los indocumentados a desincentivado el flujo de venezolanos hacia Estados Unidos, pero se mantiene hacia Colombia, Brasil y, en los últimos meses, hacia Europa.
“Hay una reestructuración de los flujos migratorios, pero no una disminución”, señala.
Moneda de cambio
Hasta ahora, ni el régimen chavista ni la oposición —liderada por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, ambos reconocidos por el gobierno de Trump— han podido hacer una defensa efectiva de los migrantes deportados por el ICE en condiciones violatorias de derechos humanos básicos.
González Urrutia y Machado divulgaron un comunicado conjunto en el que culpan de todo a Maduro y aplauden las “medidas que, en el marco de la ley y del debido proceso, desarrollan los gobiernos democráticos de Estados Unidos y Chile” contra el Tren de Aragua.
También se pronuncian, sin mencionar a la administración Trump, contra la “injusta criminalización” de los migrantes venezolanos, pero omiten hablar de los abusos que han sufrido decenas de indocumentados deportados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros promulgada en 1798 para permitir la expulsión de Estados Unidos de extranjeros en tiempos de guerra o invasión.
Tampoco se refirieron a los 238 expulsados y enviados por Trump a cárceles de El Salvador.
La directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus, señala que su organización ha documentado que los migrantes enviados por Trump a cáceles salvadoreñas de Nayib Bukele, quien cobra a Estados Unidos 20 mil dólares anuales por cada interno, “pueden sufrir abusos”.
Dice que HRW ha denunciado “en detalle las gravísimas violaciones a derechos humanos cometidas bajo el régimen de excepción de Bukele, con más de 85 mil personas, incluyendo tres mil 300 menores de edad, han sido detenidos con suspensión del debido proceso”.
En esas cárceles, agrega, también “hemos podido documentar torturas, malos tratos, falta de medicamentos y de alimentos, hacinamiento y más de 350 casos de muertes”, incluyendo la del exasesor de seguridad nacional de Bukele, Alejandro Muyshondt, ocurrida el año anterior tras denunciar corrupción dentro del gobierno.
El gobierno de Maduro pidió a Bukele liberar a los 238 indocumentados venezolanos que tiene en sus cárceles y éste le respondió que está abierto a canjearlos por 238 de los presos políticos que tiene el chavista.
El dirigente opositor y expreso político de Maduro, Daniel Ceballos, considera que ninguno de los dos gobiernos, ni el de Maduro, ni el de Bukele, tiene autoridad moral para dar lecciones de derechos humanos, pues ambos tienen un triste historial en esa materia.
Sostiene que los migrantes han quedado en medio de un juego político entre Trump y Maduro y entre Maduro y Bukele en el cual todos buscan utilizarlos como “moneda de cambio” mientras son violados sus derechos humanos.
Hasta ahora, la justicia estadunidense ha sido el más efectivo mecanismo de defensa de los migrantes perseguidos por administración Trump. En el último mes, tres jueces federales han bloqueado el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar indocumentados,
El pasado viernes 16 de mayo la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos avaló la decisión de esos jueces e impidió a Trump deportar a un grupo de inmigrantes venezolanos detenidos en Texas.
Pero el lunes 19, la misma corte autorizó al presidente revocar el estatus de protección temporal (conocido como TPS) para ciudadanos de Venezuela y unos 350 mil migrantes de ese país quedarán en calidad de indocumentados y sujetos a deportación.
Con información de proceso.com.mx
Tips al momento
EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
Mientras Maru Campos anda en Italia, otra gobernadora habla por los chihuahuenses con Sheinbaum
La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, habló a nombre de los chihuahuenses ante la ausencia de Maru Campos al Consejo Nacional de Seguridad Pública que convocó la presidenta Claudia Sheibaum en Palacio Nacional.
Mientras la gobernadora Maru Campos anda en Italia, los demás mandatarios del país respondieron al llamado de Sheinbaum en materia de seguridad.
Pero la ausencia de Maru Campos fue más evidente, porque su homóloga de Aguascalientes habló a nombre de los chihuahuenses.
“De parte del gobierno de Chihuahua: se piden más recursos para la Policía, tanto estatales, como municipales”, eso fue lo que según Tere Jiménez piden los chihuahuenses.
Jueza dicta prisión preventiva a Duarte por acusaciones de lavado de dinero
Durante la audiencia celebrada el día de ayer, en contra del ex gobernador César Duarte, se determinó que el parralense se mantendrá en prisión preventiva por acusaciones de lavado de dinero.
Medios nacionales expusieron que la audiencia se extendió por 15 horas en el Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, y la Jueza María Jazmín Ambriz López, determinó que Duarte se mantendrá privado de su libertad mientras avanza la investigación.
Por cierto, trascendió que la defensa de Duarte solicitó duplicidad del término constitucional, por lo que será en los próximos días cuando se decida si será vinculado a proceso.
Y la FGR, ¿para cuándo los casos de la 4T con el mismo ímpetu?
Señalan en redes que, en medio de la detención de César Duarte por parte de la FGR, el ex gobernador Javier Corral se presenta como una figura clave nacional adjudicando a su quinquenio la investigación que replica la federación, y de la que personalmente la fiscal General de la República, Ernestina Godoy, confirma haber obtenido la autorización del gobierno de Estados Unidos.
Javier Corral, luego de la detención del ex gobernador Duarte, emprendió una serie de entrevistas en medios nacionales asegurando que la misma captura obedecería a la investigación en 2019 y que dio seguimiento la FGR durante la gestión de Gertz Manero.
Esto ocurre en el momento en el que Ernestina Godoy se autopresenta a nivel nacional como la primera Fiscal General de la República y con esta primera acción tratar de mandar un mensaje de cero impunidad y autonomía.
Ante este escenario en las redes sociales, se les cuestiona a Javier Corral por la pasarela mediática, y cuándo comparecerá ante la justicia de Chihuahua por el presunto delito de peculado de 98.6 millones de pesos, así como de su llegada a Morena para protegerse con el fuero.
Mientras que a Ernestina Godoy, se le señala si así con el mismo ímpetu con el que celebra la detención de César Duarte, lo mismo ocurrirá en contra de Adán Augusto López Hernández por el tema de "LaBarredora", las caravanas médicas donadas a Andrea Chávez, las denuncias contras los hijos de López Obrador, lo relacionado al Huachicol Fiscal, así como la corrupción en Segalmex y Pemex.
No coinciden agendas de Daniela y Lilia para el debate
El debate que se han cantado, la diputada federal del PT y la presidenta del PAN en Chihuahua, parece que no tendrá fecha de coincidir.
Primero fue Lilia Aguilar quien propuso debatir con Daniela en el DEGA el pasado viernes, sin embargo, no estuvo en Chihuahua Daniela Álvarez por agenda en otra ciudad.
Luego Daniela Álvarez durante el fin de semana convocó al debate para este lunes en el Congreso del Estado en punto de las 12pm.
Lilia Aguilar dio a conocer que no estará presente porque este lunes tienen trabajo en Comisión de Puntos Constitucionales, donde es Secretaria de la Comisión. "Quiero aclarar que el Congreso del Estado no es la oficina particular de nadie", dijo.
Rosa Icela Rodríguez encabeza la mañanera de este viernes
Debido a la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a los Estados Unidos, la secretaria de gobernación Icela Rodríguez encabezó esta mañana la "mañanera del pueblo".
Rodríguez expuso que la presidenta salió a Estados Unidos la tarde del jueves 04 de diciembre en un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional, según la secretaria, por los tiempos de ida y vuelta, además expuso que se informó al Senado de la República sobre su ausencia y el motivo.
Sheinbaum estará esta mañana en el sorteo para determinar el grupo de países que jugarán en el Mundial de Futbol 2026, en compañía del presidente Donald Trump y el ministro de Canadá Mark Carney. Por otro lado, se espera que la mandataria nacional se reúna con los anteriormente mencionados para llevar a cabo platicas del T-MEC.
Conclave de "morenistas" con titular de Conagua, acusan mercado negro del agua
Este martes se reunieron en privado los senadores de Morena, con el titular de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales, previo a la votación de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales que se someterá a votación este miércoles.
El senador Juan Carlos Loera confirmó que esta reunión es “para analizar la Ley de Aguas Nacionales, con la cual se busca frenar el mercado negro y la sobreexplotación de este recurso".
Aseguran que se legislará sin afectar derechos, pero poniendo límites a los abusos, a la corrupción y al acaparamiento del agua.
Se le olvida a Claudia Sheinbaum que el que calla otorga…
Bien dicen que el que calla otorga, y en esta ocasión quien evitó dar declaraciones sobre la causa de la salida de Alejandro Gertz Manero de la FGR que se calificó como “grave”, fue la presidenta Claudia Sheinbaum.
Pues al ser cuestionada por una reportera durante la rueda de prensa matutina, la mandataria nacional evadió la pregunta y dijo que se reconoce el trabajo del ex fiscal, “lo importante es el reconocimiento a su trabajo y que él acepta irse a una embajada, ahora está Ernestina Godoy de interina y el proceso que se va a llevar a cabo en el senado… creo yo que es importante, manteniendo la la autonomía de la fiscalía que es fundamental, fortalecer la coordinación”, se limitó a decir.
Pese a esta nula respuesta, la periodista reformuló la pregunta en vano y mencionó la carta enviada por parte del Senado, a lo que Sheinbaum respondió que se trata de “otra cosa”, la razón de la salida de Gertz, “eso es otra cosa, lo importante es que hoy estamos en esta circunstancia y vamos a seguir hacía adelante”, sentenció.
Loera y Mata se retan a debatir en medio de disputa por reforma a la Ley de Aguas Nacionales
La tensión política en torno a la reforma a la Ley de Aguas Nacionales escaló luego de un intercambio directo entre el senador de Morena, Juan Carlos Loera, y el director general de la Junta Central de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Mario Mata.
El desencuentro surgió en un chat donde Loera señaló a Mata como parte de un “grupo violento” y lo acusó de recurrir a agresiones físicas ante la falta de argumentos. Mata respondió de inmediato, rechazando categóricamente las acusaciones y negando haber agredido o mandado agredir a alguien.
“No sé a qué te refieres, estimado Juan Carlos. Nunca he agredido a nadie ni mandado agredir. Acepto tu reto y pon el lugar y la fecha”, escribió Mata, quien además exigió aclaraciones frente a lo que calificó como señalamientos infundados.
El intercambio terminó convirtiéndose en un reto público a debatir, aunque ninguno de los dos ha anunciado hasta ahora la fecha, el formato o el lugar donde podría realizarse el encuentro.
La discusión se da en medio del creciente debate nacional sobre la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, un tema que ha encendido fricciones entre distintos actores políticos y sectores productivos, especialmente en Chihuahua, entidad históricamente marcada por disputas sobre uso y control del agua.
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