Venezolanos, el eslabón más débil de la implacable política migratoria de Trump

BOGOTÁ (Proceso).- Los miles de migrantes venezolanos que han sido deportados este año de manera arbitraria por la administración del mandatario estadunidense Donald Trump están en el peor de los mundos posibles: el gobierno que debería defenderlos, el de Nicolás Maduro, carece de legitimidad para hacerlo, y el presidente de Venezuela reconocido por la Casa Blanca, Edmundo González, ha optado por una tibia postura frente a Washington.

Además, cientos de esos migrantes que huyeron de un país que vive un colapso económico y social desde hace una década, están confinados en terceras naciones —principalmente en El Salvador— y en la base militar de Guantánamo, en calidad de criminales de extrema peligrosidad. Esto, a pesar de que el 98% de ellos no tiene antecedentes penales

La directora para las América de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, dice a Proceso que la política de deportaciones de Trump es “supremamente violatoria a los derechos humanos en todas las distintas etapas del proceso”, especialmente con los migrantes venezolanos, cuyos casos “son dramáticos”.

Señala que el gobierno del mandatario republicano “no ha tenido ningún tipo de consideración” con esos migrantes y que las deportaciones se han realizado “incluso en contra de los propios estándares estadunidenses del debido proceso”.

En la medida en que Trump caracterizó la migración “como una invasión”, lo que su gobierno ha tratado de hacer “es quitarle todo tipo de garantías a los migrantes, que están sujetos a deportaciones ilegales”, asegura Goebertus.

Según cifras oficiales, desde el 20 de enero pasado, día en que Trump asumió por segunda vez la presidencia, y el mes de mayo, el gobierno estadunidense ha deportado a 4 mil 121 indocumentados venezolanos a su país, y 238 más fueron expulsados y enviados a cárceles de El Salvador, eufemísticamente llamadas “Centros de Confinamiento del Terrorismo (Cecot)” por el mandatario salvadoreño Nayib Bukele.

Además, decenas de venezolanos detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) fueron enviados a la base militar estadunidense de Guantánamo, donde permanecen recluidos decenas de presuntos terroristas islámicos, y a países como México, Panamá y Costa Rica.

El gobierno de Trump sostiene que los venezolanos enviados a cárceles salvadoreñas y a Guantánamo pertenecen al Tren de Aragua, un grupo criminal de Venezuela que fue declarado por Washington como organización terrorista y que opera en varios países de América Latina y en Estados Unidos.

La aseveración de que la mayoría de deportados venezolanos pertenecen al Tren de Aragua fue desmentida por varias ONG que verificaron, con el nombre de los migrantes, que sólo el 2% tenía antecedentes penales.

Estigmatización gratuita

El presidente del Observatorio de la Diáspora Venezolana (ODV), Tomás Páez Bravo, dice que la administración Trump ha mostrado una “saña particular” contra los migrantes venezolanos, a quien ha “estigmatizado” con un discurso que los vincula al Tren de Aragua y los ubica como “enemigos” de Estados Unidos.

“Éstos son los mismos argumentos que se utilizaron el siglo pasado en Estados Unidos para estigmatizar a migrantes italianos, irlandeses, chinos o polacos”, asegura el sociólogo de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y doctor en planificación en el University College de Londres.

Dice que al asociar a los venezolanos al Tren de Aragua —una red criminal que opera en América Latina y Estados Unidos— la administración Trump ha creado “una narrativa en la que pareciera que la diáspora venezolana hace ver como niñitos pecho a Al Capone, Pablo Escobar y el Cártel de Sinaloa”.

De acuerdo con Páez, la especial animadversión de Trump contra los venezolanos en Estados Unidos se debe, también, a que se trata de una migración más joven y reciente que no tiene las organizaciones de defensa de otros segmentos latinos en ese país, como el mexicano, el salvadoreño, el dominicano y el cubano.

“Los venezolanos en Estados Unidos no tienen la historia organizativa de otras diásporas, y entonces la están tomándola contra esta migración que es la que tiene menor fortaleza y menos mecanismos de defensa”, asegura.

Otro factor de vulnerabilidad de los migrantes venezolanos es el descrédito del régimen chavista. Según actas electorales avaladas por el Centro Carter, Nicolás Maduro perdió los comicios presidenciales de julio pasado ante el opositor Edmundo González Urrutia, a pesar de lo cual juramentó para un nuevo periodo de gobierno en enero anterior.

Sin legitimidad, y como responsable de la represión desatada tras esos comicios contra dirigentes opositores, activistas humanitarios y periodistas independientes, Maduro no es la voz más autorizada para exigir garantías procesales para sus migrantes. Él mismo tiene 900 presos políticos en las mazmorras del régimen, según la ONG Foro Penal.

“Estados Unidos está deportando a migrantes venezolanos a países donde las personas se enfrentan a torturas y abusos, como Venezuela y El Salvador”, señala la directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus.

Además, Venezuela vive un quiebre económico y social que le impide incorporar a la actividad productiva a los miles de migrantes deportados por Trump.

Desde que Maduro llegó al poder, en 2013, y 2024, el país perdió cerca el 69% del Producto Interno Bruto (PIB), y este año perderá cuatro puntos porcentuales más y la inflación será del 180%, según proyecta el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Un estudio del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) señala que la pobreza en el país llegó a 86% en 2024, mientras que el salario mínimo permanece congelado en 130 bolívares al mes desde 2022, los cuales hoy equivalen a un dólar.

Para el presidente de Observatorio de la Diáspora Venezolana (ODV), Tomás Páez Bravo, la situación económica y social del país es tan deplorable que será muy difícil que medidas como las políticas migratorias draconianas de Trump desincentiven la salida de los ciudadanos a otros países en busca de mejores oportunidades de vida.

Un estudio del ODV de abril pasado indica que 9.1 millones de venezolanos han salido de su país desde 2015 y que la mayoría están en países de la región, especialmente Colombia, Perú, Ecuador, Chile y Brasil.

Páez Bravo sostiene que la persecución del gobierno de Trump contra los indocumentados a desincentivado el flujo de venezolanos hacia Estados Unidos, pero se mantiene hacia Colombia, Brasil y, en los últimos meses, hacia Europa.

“Hay una reestructuración de los flujos migratorios, pero no una disminución”, señala.

Moneda de cambio

Hasta ahora, ni el régimen chavista ni la oposición —liderada por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, ambos reconocidos por el gobierno de Trump— han podido hacer una defensa efectiva de los migrantes deportados por el ICE en condiciones violatorias de derechos humanos básicos.

González Urrutia y Machado divulgaron un comunicado conjunto en el que culpan de todo a Maduro y aplauden las “medidas que, en el marco de la ley y del debido proceso, desarrollan los gobiernos democráticos de Estados Unidos y Chile” contra el Tren de Aragua.

También se pronuncian, sin mencionar a la administración Trump, contra la “injusta criminalización” de los migrantes venezolanos, pero omiten hablar de los abusos que han sufrido decenas de indocumentados deportados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros promulgada en 1798 para permitir la expulsión de Estados Unidos de extranjeros en tiempos de guerra o invasión.

Tampoco se refirieron a los 238 expulsados y enviados por Trump a cárceles de El Salvador.

La directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus, señala que su organización ha documentado que los migrantes enviados por Trump a cáceles salvadoreñas de Nayib Bukele, quien cobra a Estados Unidos 20 mil dólares anuales por cada interno, “pueden sufrir abusos”.

Dice que HRW ha denunciado “en detalle las gravísimas violaciones a derechos humanos cometidas bajo el régimen de excepción de Bukele, con más de 85 mil personas, incluyendo tres mil 300 menores de edad, han sido detenidos con suspensión del debido proceso”.

En esas cárceles, agrega, también “hemos podido documentar torturas, malos tratos, falta de medicamentos y de alimentos, hacinamiento y más de 350 casos de muertes”, incluyendo la del exasesor de seguridad nacional de Bukele, Alejandro Muyshondt, ocurrida el año anterior tras denunciar corrupción dentro del gobierno.

El gobierno de Maduro pidió a Bukele liberar a los 238 indocumentados venezolanos que tiene en sus cárceles y éste le respondió que está abierto a canjearlos por 238 de los presos políticos que tiene el chavista.

El dirigente opositor y expreso político de Maduro, Daniel Ceballos, considera que ninguno de los dos gobiernos, ni el de Maduro, ni el de Bukele, tiene autoridad moral para dar lecciones de derechos humanos, pues ambos tienen un triste historial en esa materia.

Sostiene que los migrantes han quedado en medio de un juego político entre Trump y Maduro y entre Maduro y Bukele en el cual todos buscan utilizarlos como “moneda de cambio” mientras son violados sus derechos humanos.

Hasta ahora, la justicia estadunidense ha sido el más efectivo mecanismo de defensa de los migrantes perseguidos por administración Trump. En el último mes, tres jueces federales han bloqueado el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar indocumentados,

El pasado viernes 16 de mayo la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos avaló la decisión de esos jueces e impidió a Trump deportar a un grupo de inmigrantes venezolanos detenidos en Texas.

Pero el lunes 19, la misma corte autorizó al presidente revocar el estatus de protección temporal (conocido como TPS) para ciudadanos de Venezuela y unos 350 mil migrantes de ese país quedarán en calidad de indocumentados y sujetos a deportación.

Con información de proceso.com.mx