Expertos de la ONU visitarán México, Perú, Serbia por denuncias de tortura

GINEBRA (apro).-El grupo de expertos del Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura (SPT) visitará México, Perú, Serbia del 15 al 21 de junio de 2025. Estas visitas marcan la reanudación de la importante labor sobre el terreno del SPT, tras el aplazamiento de cuatro misiones a principios de este año. El aplazamiento inicial de las visitas del SPT se debió a restricciones presupuestarias relacionadas con la situación de liquidez de las Naciones Unidas.

El primer país que visitarán los expertos será Perú en donde llevará a cabo su segunda misión, después de la que tuvo lugar en 2013. La delegación del Subcomité visitará diversos lugares de privación de libertad para evaluar el trato que reciben las personas allí recluidas, así como también las medidas adoptadas para protegerlas de la tortura y los malos tratos.

“Además de visitar centros de privación de libertad en todo el país y entrevistar tanto a las personas que se encuentran en las instalaciones como al personal que trabaja allí, prestaremos especial atención a cómo las autoridades han implementado nuestras recomendaciones hechas en 2013. Así mismo aprovecharemos esta oportunidad para interactuar y colaborar con el Mecanismo Nacional de Prevención (MNP)”, declaró Marie Brasholt, jefa de la delegación.

“Un sistema nacional integral para la prevención de la tortura requiere un MNP independiente e imparcial encargado de supervisar los lugares mediante visitas periódicas, y debe también contar con los recursos adecuados”, añadió.

Perú ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura  (OPCAT) en 2006 y su MNP, establecido por ley en 2015, se encuentra dentro de la Defensoría del Pueblo. En virtud de su mandato, el SPT puede realizar visitas a los Estados parte y, sin previo aviso, a cualquier lugar donde haya o pudiera haber personas privadas de libertad.

Para dar seguimiento a sus recomendaciones previas y evaluar los avances de las autoridades peruanas en la prevención de la tortura mediante medidas legislativas, administrativas y de otra índole, la delegación del SPT se reunirá con autoridades gubernamentales, la sociedad civil, agencias de la ONU y el MNP, con quienes también realizará una visita conjunta.
 
Tras la visita, la delegación enviará un informe al Estado parte, que se mantendrá confidencial a menos que las autoridades peruanas decidan hacerlo público, como ocurrió con el primer informe que se puede consultar en el portal de la ONU.
 
La delegación del SPT estará compuesta por los siguientes miembros: Marie Brasholt, jefa de la delegación (Dinamarca), Bárbara Bernath (Suiza), Luciano Mariz Maia (Brasil), y María Luisa Romero (Panamá), junto con dos miembros de la Secretaría.
 
Este año, además de Perú el SPT había planeado inicialmente visitar Burundi, México, Mozambique, Nueva Zelanda, Francia y Afganistán. El SPT considera que la reanudación de sus visitas es esencial para cumplir su mandato preventivo y evaluar las condiciones en los centros de privación de libertad, donde la supervisión independiente es urgentemente necesaria. Sin embargo, el grupo de expertos enfrenta limitaciones financieras para poder cumplir sus visitas.   

Fuerzas de seguridad peruanas usaron armas de fuego contra civiles

Las fuerzas de seguridad peruanas violaron derechos humanos, usaron armas de fuego y cometieron torturas durante las manifestaciones en reclamo de la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y los miembros del Congreso, indicó Naciones Unidas en un informe en 2023.

El documento de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, reveló que en casos documentados las fuerzas de seguridad usaron la fuerza fuera de las normas internacionales, “lo que equivaldría a una privación arbitraria de la vida”, incluso en manifestantes o transeúntes no suponían una amenaza aparente para los uniformados.

Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, dijo en un comunicado que “los responsables de violaciones de derechos humanos deben rendir cuentas... si queremos empezar a curar heridas y crear confianza en las instituciones del Estado”. Añadió que “las víctimas deben recibir una reparación integral”.

De acuerdo con la ONU durante las manifestaciones contra el gobierno de Boluarte hubo 50 civiles muertos, la mayoría a causa de armas de fuego y con heridas mortales en la parte superior del cuerpo. Casi la mitad —24 fallecidos— no participaban en las protestas. Mencionó el caso de un adolescente de 15 años, ocurrido el 15 de diciembre del mismo año en la ciudad de Ayacucho, que recibió un balazo en la espalda cuando volvía a casa de trabajar.

Con información de: Proceso.