EU y Guatemala crean fuerza de tareas para buscar a fugitivos
Estados Unidos y Guatemala crearon este miércoles una fuerza policial conjunta que se encargará de ubicar y detener a prófugos de la justicia guatemalteca que escaparon del país, informaron funcionarios.
El acuerdo de creación de la Fuerza de Tarea para la Búsqueda de Fugitivos (SAFE, en inglés) fue suscrito por el ministro guatemalteco del Interior, Francisco Jiménez, y Liana Castaño, del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE).
"Este esfuerzo tiene un propósito claro: coordinar, ejecutar y promover el retorno a Guatemala de personas que enfrentan órdenes de captura activas en nuestro país", dijo Jiménez.
El objetivo de la nueva unidad es lograr la "ubicación, verificación, deportación y traslado directo [de los prófugos] a la custodia de las autoridades guatemaltecas", agregó.
Ante eventuales controversias, el ministro sostuvo que el apoyo de Estados Unidos será "manteniendo siempre el respeto" a los "marcos legales" guatemaltecos "ya los derechos fundamentales".
"Esta cooperación no sustituye nuestras obligaciones institucionales, [sino que] las potencia; no reemplaza nuestra soberanía, [sino que] la refuerza y permite el intercambio de información y facultades para conseguir el éxito esperado", insistió.
Con esta fuerza ambas naciones "formalizan un acuerdo que hace que nuestros países sean más seguros de manera conjunta", dijo Castaño, director de la Oficina de Detención y Deportación del ICE.
Los partidos políticos de oposición calificaron la decisión de Petro de convocar por decreto la consulta como "un golpe de Estado" que viola la Constitución y rompe la separación de poderes en el país sudamericano.
Analistas advirtieron que la convocatoria a la consulta deberá ser examinada por la Corte Constitucional o podría ser demandada ante otro tribunal que la anularía, en una decisión que abriría un frente de batalla del presidente con el poder judicial.
De realizarse, la consulta necesita la participación de al menos el 33% del censo electoral, alrededor de 13.5 millones de personas. Cada pregunta debe superar ese umbral y tener mayoría por el "sí" para ser aprobada.
Con información de: El economista.
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