Empresarios dicen no a regular ocupación ilegal de casas
Ciudad de México, 20 jun (EFE).- Seis organizaciones empresariales manifestaron su rechazo a la propuesta del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para regularizar viviendas ocupadas de forma irregular mediante esquemas de arrendamiento con opción a compra.
El posicionamiento fue firmado por la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco Cdmx), la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce) y el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET).
En su comunicado conjunto, las organizaciones sostuvieron que esta propuesta vulnera el derecho de propiedad y se pone en riesgo el patrimonio de los trabajadores.
Los organismos expresaron que legalizar la ocupación de viviendas sin escrituración y a precios subsidiados equivaldría a normalizar las invasiones, lo cual institucionaliza la ilegalidad y desvirtúa el mandato legal del Infonavit.
Según los empresarios, el Instituto no puede transferir viviendas que no le pertenecen legalmente ni beneficiar a personas que no tienen relación jurídica con la institución.
Indicaron que el 86% de las 168,000 viviendas censadas por la Secretaría del Bienestar –de un total estimado de 843,000– están ocupadas por personas sin vínculo con los propietarios legítimos, lo que representa un riesgo para los fondos de los trabajadores.
Durante una conferencia de prensa el 18 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre este tema y afirmó que la propiedad privada está resguardada y que no se trata de quitarle una vivienda a quien le pertenece.
Aunque las organizaciones reconocieron la postura de Sheinbaum de aclarar malas interpretaciones, pero pidieron que se traduzca en acciones concretas por parte de las autoridades mexicanas.
Los firmantes alertaron también sobre la crisis financiera que enfrenta el Instituto desde 2015, pues el índice de morosidad pasó del 7.8% en 2018 a más del 18% en 2024.
Añadieron que, si se consideran los créditos segregados, el deterioro de la cartera asciende al 32%, lo que significa que uno de cada tres créditos presenta algún incumplimiento.
“La administración anterior ya había instruido que no se procediera con desalojos a acreditados con pagos vencidos. Ahora, se pretende extender ese criterio a invasores, incluso cuando las viviendas no son propiedad del Infonavit”, afirmaron.
Además, sostuvieron que esto representa una vulneración directa al derecho de propiedad y mina la certeza jurídica en nuestro país.
También destacaron que el Instituto carece de atribuciones legales para entregar créditos, rentas o escrituras a personas no afiliadas, y que dicha función corresponde a otras instancias como la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) o la Comisión Nacional de vivienda (Conavi).
Por ello, solicitaron a la Asamblea del Infonavit frenar cualquier intento de legalizar ocupaciones ilegales, así como a todos los impulsores de estos cambios. “México necesita instituciones fuertes, que operen con responsabilidad, legalidad y transparencia. En el sector empresarial, seguiremos alzando la voz para garantizar que el patrimonio de los trabajadores se respete y que el Estado actúe siempre dentro del marco de la ley”, concluyeron.
Con información de: Massinformación
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Una elección nada recomendable
A una semana de la elección judicial y cuando aun no se conocen la mayoría de los resultados para los diferentes cargos, lo que llevará todavía unos días más, y a pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum, la consideró como "maravillosa", por lo pronto la Organización Estados Americanos (OEA) , consideró que este modelo no puede ser llevado a otro países.
Las razones según lo explica el analista Juan Ortiz, en sus redes sociales, fue debido a la baja participación de solamente un 13% del electorado, lo que evidencia el desinterés y por ende, la alta abstención. También, al considerarse como un riesgo para la independencia judicial.
Además, el que fue una reforma apresurada en su implementación, sin debate plural, ni gradualidad y un limittado análisis técnico. También, el que los requisitos fueron insuficientes, pues los criterios utilizados para las candidaturas, no garantizan idoneidad ni evitan politización.
Uno de los señalamientos, fue la complejidad de las boletas, que derivaron en confusión entre los electores y demoras a la hora de votar.
Otro punto, es que la difusión fue insuficiente, lo que no permitió conocer información sobre cargos y candidatos. También salió a relucir, las limitaciones al presupuesto al INE, que se tradujo en la reducción del número de casillas y que afectó la organización.
Y desde luego, los “acordeones” que dieron el sello distintivo a esta elección pues hubo denuncias sobre los listados que circularon, especialmente desde la 4T, que según se ha dicho, son considerados como propaganda ilegal y coacción al voto. Así la evaluación a una semana de esas elecciones. ¿Qué otros “detalles” saldrán en los próximos días?, ya se verá, comentan.
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