Organizaciones exigen suspensión inmediata y definitiva de la carretera San Cristóbal-Palenque
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., (apro) .- Organizaciones civiles exigieron la suspensión inmediata y definitiva del proyecto carretero San Cristóbal-Palenque; argumentan que la construcción de esta infraestructura representa una amenaza inminente e irreversible para el medio ambiente, los derechos de los pueblos indígenas y el patrimonio cultural de la región.
Las diez organizaciones, agrupadas en la Plataforma por la Paz en Chiapas Slamalil Kinal, y la vicaría de justicia y paz de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, emitieron el enérgico llamado a las autoridades federales y estatales, en el que detallaron sus principales preocupaciones:
Ecocaudio Inminente: El trazo de la carretera atraviesa ecosistemas de alto valor biológico, incluyendo selvas, cuerpos de agua y áreas de recarga hídrica cruciales. La deforestación masiva, la fragmentación de hábitats de especies en peligro de extinción y la alteración de fuentes de agua dulce son solo algunas de las consecuencias ambientales que, afirman, serían catastróficas.
“Tememos que las comunidades indígenas enfrentarán el despojo de sus territorios, la pérdida de sus modos de vida tradicionales y un aumento de la conflictividad y vulnerabilidad social, tal como ya se ha observado con otros proyectos de desarrollo”.
Denuncian la falta de una consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada con las comunidades mayas tzotziles y tzeltales cuyos territorios ancestrales serían directamente afectados. Esta omisión, señalan, contraviene el Convenio 169 de la OIT y la legislación nacional, violando los derechos colectivos de los pueblos originarios a su tierra, cultura y autodeterminación.
“Planteada bajo una visión de desarrollo capitalista y extractivista, la vía ignora los principios fundamentales del respeto a los derechos colectivos de los pueblos originarios, consagrados en la Constitución Mexicana y los tratados internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas firmados por México”.
Las organizaciones critican la opacidad en la presentación de los estudios de impacto ambiental y social, los cuales consideran insuficientes y poco accesibles. Exigen la publicación detallada de toda la información técnica, financiera y de factibilidad del proyecto para un análisis público y transparente.
Aseguran que “en lugar de fortalecer el bienestar de estas comunidades, el proyecto no toma en cuenta sus necesidades, violando su autonomía y dañando su patrimonio cultural y los bienes comunes, la casa común, la madre tierra. El desarrollo no debería de limitarse al crecimiento económico o a la construcción de infraestructuras”.
Advierten que la imposición de este megaproyecto sin el consentimiento social de las comunidades podría generar graves conflictos y tensiones en una región ya de por sí compleja.
“Nos preocupa la realización de consultas como las que fueron coordinadas por el gobierno de Chiapas, ya que no cumplen con los estándares nacionales e internacionales de consulta previa, libre e informada y culturalmente pertinentes en zonas mayoritariamente indígenas. Realizar una consulta popular excluye la participación efectiva de los pueblos y comunidades que son directamente afectadas, quienes cuentan además con su propia idea del desarrollo o bienestar”.
Las organizaciones afirman que “comunidades y organizaciones indígenas y de derechos humanos han expresado su rechazo al proyecto de forma pública y presentados amparos, tanto ante el proceso de consulta como al proyecto mismo”.
Asociadas en la Plataforma por la Paz en Chiapas Slamalil Kinal, las organizaciones, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas (DESMI) y Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), demandan la realización de consultas legítimas, previas, libres e informadas, conformes a los estándares nacionales e internacionales.
Así como la protección de los territorios, la biodiversidad y el patrimonio cultural de la región, y un verdadero modelo de desarrollo que respete y beneficie a los pueblos originarios, en lugar de violentar sus derechos.
“Realizar una consulta popular excluye la participación efectiva de los pueblos y comunidades que son directamente afectadas, quienes cuentan además con su propia idea del desarrollo o bienestar”.
Las organizaciones hacen un llamado a la sociedad civil, a las organizaciones internacionales y los pueblos de México a solidarse con esta lucha por la justicia, la dignidad y el respeto hacia nuestras comunidades indígenas y nuestro medio ambiente.
Con información de proceso.com.mx
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Que no hubo empatía ni solidaridad de la presidenta con los productores afectados
Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum, había ofrecido la presencia del secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, en la “mañanera del pueblo” de este día, la mandataria informó que, el funcionario no asistió por estar enfermo.
La inasistencia del secretario de Sader está enmarcada en el cierre de la frontera norteamericana a la exportación de becerros de entidades del Norte del país como son Chihuahua, Sonora, Coahuila, Durango y Tamaulipas.
Con este tercer cierre a la frontera al ganado mexicano, según se dice, se tendrá una gran afectación a la actividad pecuaria de estas entidades y en especial a Chihuahua, pues se cierra el mercado tradicional para los productores locales.
Todavía ayer, la presidenta presumía el logro de la reapertura de la frontera tras la operación de la cuarentenaria de Agua Prieta, al exportar más de 2 mil becerros los días lunes y martes, por eso dijo, estaría hoy en la mañanera el secretario, Julio Berdegué, para explicar las negociaciones con los Estados Unidos.
De manera sorpresiva ayer por la tarde – noche, Estados Unidos a través del Departamento de Agricultura, a cargo de Brooke Rollins, nuevamente, oficializó el cierre de la frontera norteamericana al ganado mexicano.
La inasistencia del secretario de Desarrollo Rural Julio Berdegué, se sintió según dicen, como una medida para sacarlo del escenario de crítica de los productores pecuarios del Norte del país, para ofrecer que sería el director del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), Javier Calderón, quien hablaría acerca del gusano barrenador, para tratar de disminuir el nivel de esa crisis.
Según dicen, se notó que la presidenta trató de minimizar esa situación al no abrir su rueda de prensa con ese tema, y darle un tratamiento secundario, a una situación que viene a darle un golpe gravísimo a la actividad pecuaria en varias entidades del Norte del país. No hubo la menor empatía o mensaje de solidaridad de la mandataria con el sector, mucho menos ofreció ayuda o apoyos. Solo un esperamos que se abra pronto, según dicen.
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