Elección de juzgadores: Resultados y expectativas

El 30 de junio del presente escribí: A) “La elección de jueces ya se realizó, solo falta la elección”. B) “Las reglas, limitación de recursos, complejidad para votar, falta de transparencia en los conteos de voto, limitan las posibilidades de contendientes no vinculados a gobiernos y/o partidos”. El proceso y proliferación de “acordeones” así lo acreditaron.

Más allá de las especulaciones de acuerdos obscuros y traiciones entre grupos políticos y de interés, la sorpresiva aparición de candidatos que “triunfaron” y otros que consideraban que serían electos, que “perdieron” o llegaron de “panzazo”, permite formular la hipótesis de la participación de otras fuerzas que lograron subir o disminuir posibilidades e incluso eliminar candidatos incomodos: ¿empresas o empresarios con poder político?, ¿grupos o líderes de la delincuencia organizada?, tal vez más adelante, con sus sentencias los jueces nos den indicios de que intereses representan, además de los de los gobiernos y partidos que los impulsaron.

Lamentablemente las escuelas que enseñan leyes, las organizaciones que agrupan a estos profesionistas y quienes trabajaban aun en los tribunales fueron incapaces de informar a la población de la trascendencia de las decisiones de un juzgador, lo que permitió que avanzara una reforma judicial que puede traer efectos perniciosos a la sociedad y la actividad económica; escuche a una candidata a juez federal expresar: “las decisiones de un juez, no tienen que ver solo con papeles, van mucho más allá… Impactan la vida de las personas, su libertad, su patrimonio, su entorno y el sano desarrollo de los niños”.

La tarea de los jueces es resolver conflictos jurídicos que surgen en la sociedad, que pueden ser a) entre personas privadas, tales como la custodia de un menor, el incumplimiento de un contrato; b) entre personas privadas y las autoridades, es decir la persecución penal, cobro de impuestos, indemnización por expropiaciones, revocación de permisos o concesiones, violación a los derechos de salud, al agua, a la libertad de expresión, clausura de un establecimiento comercial o industrial; c) entre las propias autoridades como son; conflictos territoriales entre dos estados, conflictos entre un congreso local y el federal con respecto a competencias para legislar sobre un tema.

Cuando los juzgadores son ineficaces en resolver los conflictos, que es el riesgo que se está corriendo con la “elección” de juzgadores sin perfil, capacitación y experiencia adecuados, el problema que enfrentará la población es que a) se agraven situaciones de justicia por propia mano, b) se agrave la impunidad e incertidumbre legal, c) provocar desorden social, d) incremento de la inseguridad, e) aumento de los diversos tipos de violencias, f) deterioro de la actividad económica por baja o ausencia de inversión por incertidumbre jurídica y; g) descontento creciente en contra del gobierno y sus autoridades.

Mejorar el sistema de justicia y que los jueces sean eficaces en la solución de conflictos jurídicos, requieren de competencias técnicas, esto es, conocer el derecho y saber cómo aplicarlo a casos concretos, que no necesariamente tiene un abogado litigante, por excelente que sea, como dice el refrán “no es lo mismo ser borracho, que cantinero”, además, debe contar con recursos suficientes a su disposición (humanos y materiales), para resolver conflictos conforme a derecho y no bajo amenazas del poder político, el crimen organizado, intereses económicos contrarios a la sociedad o por actos de corrupción.

La reforma judicial y el procedimiento para elegir juzgadores es altamente probable que deteriore la eficacia de los jueces por dos factores fundamentales 1) los perfiles de los jueces electos y la intervención de los grupos que los impulsaron harán que los jueces sean menos independientes del poder político, económico y de la delincuencia organizada; 2) Los juzgadores tendrán a ser menos competentes desde la perspectiva técnico-jurídica.

Como conclusión se puede afirmar con escazo margen de error que la reforma judicial no atendió los problemas existentes en la impartición de justicia, por el contrario, los agravará y creará nuevos. Las escuelas de Leyes, los profesionistas que ejercen la profesión de abogados, barras, colegios y asociaciones de abogados, deben de asumir su responsabilidad social y convertirse en vigilantes y garantes externos de la pronta, expedita y efectiva impartición de justicia por parte del “nuevo poder judicial”. No hacerlo los convertirá en cómplices de la absoluta pérdida del estado de derecho en México.

Así las cosas.

Lic. Ricardo Rodríguez Lugo. M.A.

ricardo.rguezlugo@gmail.com